Tasas de interés que superan el 1300% anual, pagadas por millones de argentinos que recurrieron a la plataforma para financiar gastos cotidianos. Eso es lo que denuncia la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA) en una demanda colectiva contra Mercado Pago que ya tiene expediente abierto en la justicia porteña y que podría derivar en la mayor restitución de fondos en la historia del sistema fintech local.

La acción judicial fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, y tramita ante el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. La entidad midió las tasas aplicadas por la empresa en sus productos de financiamiento y concluyó que los porcentajes cobrados exceden ampliamente cualquier parámetro razonable, alcanzando niveles que la organización califica como desproporcionados y contrarios a los derechos del consumidor.

Del préstamo individual a la acción colectiva

Aunque el expediente se originó a partir de dos presentaciones individuales, la estrategia jurídica de ACFRA apunta a convertir la causa en un proceso de alcance colectivo. La pretensión central es que el tribunal analice los montos cobrados durante los últimos tres años y ordene la devolución de las sumas que hubieran sido percibidas de forma indebida. Si la justicia hace lugar al planteo, la resolución podría beneficiar a aproximadamente siete millones de usuarios que se encuentran en idéntica situación.

Espasandín explicó en el streaming Contra Ataque que muchos de esos clientes recurrieron al financiamiento de la plataforma para resolver urgencias económicas concretas, necesidades puntuales para llegar a fin de mes, y terminaron atrapados en una espiral de costos financieros que los alejó aún más de cualquier posibilidad de recuperación. El modelo de negocio que se cuestiona no es una anomalía técnica, sino una práctica sistemática dirigida precisamente a los sectores con menor capacidad de negociación y mayor vulnerabilidad económica.

El contexto: desregulación y fintech sin techo

La denuncia no surge en el vacío. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el gobierno nacional avanzó en la desregulación del sistema financiero bajo el argumento de la «libertad de mercado», eliminando o flexibilizando topes a las tasas de interés que operaban como límite para los prestadores no bancarios. En ese marco, las plataformas fintech expandieron su oferta de crédito hacia sectores de la población que no acceden al sistema bancario tradicional, muchas veces cobrando tasas que ningún banco habilitado podría aplicar sin enfrentar una sanción del Banco Central.

La paradoja es elocuente: la desregulación que se presentó como una herramienta de inclusión financiera terminó generando las condiciones para que los sectores más excluidos paguen los intereses más altos. Lo que en la Argentina de la economía popular se llama «préstamo de agiotista» ahora tiene aplicación, billetera virtual y cuotas automáticas.

El peso de la prueba y lo que viene

La demanda de ACFRA plantea un desafío técnico y político de envergadura. Por un lado, deberá demostrar ante el juzgado que las tasas cobradas configuran una práctica abusiva en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil y Comercial, que prohíben las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones y las que implican una ventaja desproporcionada para una de las partes. Por otro, cualquier fallo favorable implicará que el tribunal determine la forma en que se liquidará la deuda hacia millones de usuarios, un proceso de enorme complejidad operativa y financiera para la empresa.

Hasta el momento, Mercado Pago no realizó declaraciones públicas sobre el expediente. La causa continúa en etapa de sustanciación.

Puntos clave

• La demanda colectiva contra Mercado Pago tramita en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.
• ACFRA denuncia tasas de interés que superan el 1300% anual en productos de financiamiento de la plataforma.
• La acción apunta a la revisión de los cobros de los últimos tres años y la devolución de sumas percibidas de forma indebida.
• Un fallo favorable podría beneficiar a unos siete millones de usuarios en todo el país.
• La causa se enmarca en el proceso de desregulación financiera impulsado por el gobierno de Milei desde diciembre de 2023.