Femicidio
Juicio por femicidio de una joven, hija de otra víctima de violencia de género
En los Tribunales de Azul se inicia el debate ante un Jurado Popular por el crimen de Valentina Gallina, cuya madre Valeria Cazola, también fue víctima de un femicido. Una familia signada por la violencia machista y que impulsó una asociación para asistir a mujeres en estado de vulnerabilidad en la ciudad de Olavarría, donde residen
Un Jurado Popular comenzará a juzgar a un hombre, acusado del crimen de Valentina Gallina, la chica de 19 años que era su novia y a la que asesinó en enero de 2020 en la ciudad de Olavarría, donde 12 años antes su madre Valeria Cazola también había sido víctima de un femicidio a manos de su pareja.
El imputado es Diego Ezequiel Pais, de 31 años, quien se encuentra detenido, procesado con prisión preventiva y afronta el cargo de «homicidio triplemente agravado por el vínculo, ensañamiento y mediando violencia de género».
Tras la selección de los miembros del Jurado Popular, las audiencias se desarrollarán ante Tribunal Oral Criminal Nro. 1 de Azul, en la que desfilarán 45 testigos.
Se deberá determinar si es culpable de haber matado a golpes y puñaladas a Valentina Gallina e inventar un ataque por parte de vecinos del barrio para desviar la investigación. En la causa, la fiscal María Paula Serrano dio por probado que el crimen ocurrió el 4 de enero de 2020, en una vivienda del barrio Isaura de Olavarría, donde la víctima vivía con su novio.
Valentina vivía con el acusado.
Diego País argumentó que la joven había sido, presuntamente, atacada a tiros por un grupo de personas que vivía en otro barrio, pero la autopsia demostró que su fallecimiento respondió a un traumatismo de cráneo, entre otras lesiones, además del relato inverosímil que terminó implicando al femicida.
«No cabe duda que la agresión de Pais a Valentina estuvo enmarcado en un contexto asimétrico y de cosificación a la mujer por su condición de tal, que se venía acentuando en el tiempo de manera continua y persistente, tanto hacia ella como a sus exparejas», determinó la fiscal Serrano en su requerimiento de elevación a juicio.
Valentina Gallina fue asesinada pocos meses antes de que se cumplieran 12 años del femicidio de su madre, ocurrido en junio de 2008, también en Olavarría.
La joven era la mayor de los tres hijos que tuvo Valeria Soledad Cazola, asesinada de cinco puñaladas en el abdomen por su novio, Jorge Villanueva.
Tras admitir su autoría en el crimen, accedió a un juicio abreviado, en el que solo fue condenado a 10 años de prisión, ya que para esa época, en 2009, se aplicó el delito de «homicidio simple», ya que en la ley de ese entonces no estaba contemplada la figura de «femicidio» como agravante.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
Por el crimen de la mujer, que tenía 24 años, la familia había inaugurado el hogar para mujeres en estados vulnerables llamado «La Casa Popular de Valeria», situado en el barrio Sarmiento Norte de Olavarría.
Femicidio
Cuatro femicidios en un día: el horror que no paró mientras Argentina miraba la final
Mientras millones de argentinos seguían la final del Mundial 2026, cuatro mujeres fueron asesinadas en Córdoba, Rosario, Catamarca y Misiones. Sus nombres son Rocío Gómez, Lara Caraballo, Norma Tula y Sandra Beatriz Bilau. El observatorio «Ahora que sí nos ven» encendió la alarma: en la mayoría de los casos, los asesinos eran parejas o exparejas con antecedentes de violencia.
El domingo pasado quedará marcado en la historia argentina por dos razones irreconciliables: la final del Mundial de fútbol y cuatro femicidios consumados en menos de 24 horas. La organización feminista «Ahora que sí nos ven» fue la que puso en palabras lo que los grandes titulares omitieron: mientras el país festejaba o lloraba en las calles, cuatro mujeres eran asesinadas por hombres que les eran cercanos, en sus hogares, sin que el Estado hubiera podido o querido detenerlo a tiempo.
No se trata de confrontar una tragedia colectiva con otra. Se trata de entender que la violencia de género no hace tregua, no reconoce fines de semana ni grandes eventos, no espera a que el país tenga la cabeza libre. Ocurre en el hogar, a manos de conocidos, con antecedentes previos que el sistema judicial y las fuerzas de seguridad muchas veces ignoraron o minimizaron. Ese es el patrón que se repitió, una vez más, en cada uno de estos cuatro crímenes.
Rocío Gómez: la condena previa que no alcanzó
Rocío Belén Gómez tenía 27 años y era madre de tres hijas. Vivía en Santa María de Punilla, Córdoba. El domingo a la noche se reunió con su expareja, Maximiliano Braudaco, de 40 años, para ver juntos la final del Mundial. Lo que comenzó como un encuentro terminó en un ataque con arma blanca. Braudaco la apuñaló repetidas veces mientras familiares intentaban intervenir para detenerlo. Fue detenido pocas cuadras del lugar, alcoholizado, y admitió el crimen ante los vecinos.
El dato que más indignó a quienes reclaman justicia es que Braudaco había sido condenado en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional, por los delitos de coacción y daño calificado contra la misma víctima.
La sentencia incluía medidas de restricción que el agresor incumplió sistemáticamente; familiares de Rocío declararon que continuaba acercándose a su domicilio pese a las disposiciones judiciales. La causa quedó bajo la responsabilidad de la fiscal Silvana Pen, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.
Lara Caraballo: un disparo en la casa del novio
Lara Valentina Caraballo tenía 20 años. Murió en la madrugada del domingo en una vivienda del barrio Ludueña Norte, Rosario, de un disparo en el rostro que le provocó la muerte instantánea. Su novio, Axel A., de la misma edad, abandonó el lugar en bicicleta llevándose el arma, que no estaba registrada a su nombre. Se entregó horas después en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) acompañado por su abogado, y alegó que el disparo «se le escapó».
La causa quedó a cargo de la Brigada de Femicidios de la PDI y de la fiscal Noelia Navone, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL). Se evalúa imputarlo por femicidio y portación ilegal de arma de fuego. La Justicia avanza en la reconstrucción del vínculo de pareja para determinar si existían antecedentes de violencia.
Norma Tula: más de 60 puñaladas en Catamarca
Norma Varela Tula tenía 61 años. Fue hallada muerta en su domicilio del barrio La Chacarita, en la ciudad de Catamarca, cuando su sobrina llegó a visitarla y encontró el cuerpo. La autopsia confirmó que presentaba más de 60 puñaladas; la causa de muerte fue un shock hipovolémico. Su hijo, de 22 años, fue detenido tras ser visto saliendo corriendo de la casa momentos antes. El hombre, que tiene antecedentes de violencia familiar, está detenido. La investigación está a cargo de la fiscal Yésica Miranda.
Sandra Beatriz Bilau: su hija de 17 años encontró el cuerpo
Sandra Beatriz Bilau tenía 40 años. Fue asesinada a escopetazos en su vivienda del paraje 20 de Junio, en Piñalito Norte, Misiones. Cerca de las 20 del domingo, su hija Leila, de 17 años, regresó al hogar y encontró a su madre tendida sobre una cama, sin signos vitales y con heridas sangrantes. Dio aviso a la Policía de inmediato. Al inspeccionar el predio, los efectivos hallaron en un galpón el cuerpo de Edgardo Luis Schott, de 45 años, pareja de Sandra y padre de la joven, colgado de una soga. Las pericias secuestraron una escopeta y dos vainas servidas. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú. Con este crimen, ya son cinco los femicidios registrados en Misiones en lo que va de 2026.
El patrón que no cambia: la violencia ocurre en el hogar
Los cuatro casos tienen un denominador común que los datos confirman desde hace años: la violencia de género es, en su enorme mayoría, doméstica e intrafamiliar. Según datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, entre el 65% y el 70% de los femicidios son perpetrados por parejas o exparejas, y en la mayoría de los casos ocurren dentro de la vivienda de la víctima. El 17% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa; en el caso de Rocío Gómez, esa denuncia incluso llegó a una condena que el agresor ignoró con total impunidad.
La organización «Ahora que sí nos ven» fue la encargada de visibilizar estos cuatro crímenes mientras la agenda mediática estaba monopolizada por el resultado futbolístico. Su mensaje fue claro: nombrarlas no es «mezclar» una noticia con otra, sino reconocer que hay realidades que no se detienen cuando el mundo mira hacia otro lado. Rocío Gómez. Lara Caraballo. Norma Tula. Sandra Beatriz Bilau. Sus nombres merecen ser recordados.
Una crisis de respuestas, no de denuncias
El caso de Rocío Gómez ilustra con brutalidad la falla sistémica: había condena, había restricciones, había una familia que alertaba sobre el incumplimiento. Y sin embargo el femicida tuvo acceso a su víctima. La pregunta que el Estado argentino no logra responder es cómo se garantiza la protección efectiva cuando el agresor ya fue identificado y juzgado. La respuesta, por ahora, es que no se garantiza.
Mientras el Gobierno de Javier Milei avanza en el desmantelamiento de programas de asistencia a víctimas de violencia de género y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich celebra estadísticas que los observatorios independientes cuestionan, cuatro mujeres más quedaron fuera de cualquier estadística de recuperación posible. Para ellas, el Estado llegó demasiado tarde, o no llegó.
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