Luego de haber transcurrido uno de los años mas violentos para las mujeres, plagado de luchas y de femicidios, que arrasaron con las vidas de casi 300 víctimas durante el «año de la pandemia», y mientras los crímenes crecen este 2021 con un total de 35 femicidios, entre ellos seis vinculados, y 46 intentos, lo que equivale a una mujer asesinada cada 29 horas, de acuerdo a un informe de la organización MuMalá-Mujeres de la Matria Latinoamericana.

En este contexto, diputados de Juntos por el Cambio impulsaron una ley para prevenir la violencia contra varones, lo cual resulta cuando menos una provocación, una burla y una falta de respeto para con las victimas de este «genocidio de mujeres» que se vive mundialmente y puntualmente en nuestro país.

Una vez más, los representantes de Juntos por el Cambio, entre ellos el diputado marplatense Juan Aicega, apoyaron la sanción de la «Ley Alejo», por el crimen de Alejo Oroño, un joven de 22 años que fue asesinado de una puñalada en el pecho por su pareja, ambos padres de un bebé de 18 meses.

El autor de la flamante iniciativa y principal firmante es el diputado por San Juan, Eduardo Cáceres, que curiosamente, fue denunciado por violencia de género por su ex pareja, la dirigente del PRO Gimena Martinazzo, quien además, es quien lo seguía en la lista para acceder a la banca.

La denunciante aportó fotos en redes sociales con lesiones en el cuerpo y el rostro, pero Cáceres rechazó la denuncia con la excusa de que la mujer se había realizado un tratamiento estético en el rostro, con lo cual pretendió justificar las lesiones. Por supuesto Martinazzo insistió en lo descabellado de la defensa y exigió que su caso no quede impune, finalmente el diputado fue procesado por «lesiones leves agravadas por el vinculo» en diciembre de 2020.

EL PROYECTO DE LEY

El proyecto de Juntos por el Cambio, parece venir de una realidad paralela, como muchas acciones que los caracterizan, en este caso apunta a la supuesta «indefensión» de los varones ante casos de mujeres violentas. Cita parcialmente y sacado de contexto, sin considerar las cifras reales actuales y de público conocimiento, un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) según el cual “los hombres tienen mayores problemas a la hora de pedir ayuda por el estigma que relaciona al varón con el sexo fuerte».

El documento destaca que “hoy muchos varones padecen de violencia social y mediática” y cita el caso de Agustín Muñoz, el chico de 18 años de Bariloche que a fines de 2018 se suicidó tras haber sido falsamente denunciado por abuso sexual. Lamentable hecho, ciertamente, pero que en términos reales parece ser una burda estrategia patriarcal para generalizar un caso que es excepcional, afortunadamente.

En el texto de la presentación, se sostiene que es un «tema que claramente es un tabú social y un fenómeno distinto al de violencia de género y debe legislarse como tal, debido a que su naturaleza, causas y consecuencias serían distintas, así como los espacios y formas en que se manifiesta”.

Juntos por el Cambio sostiene que la “ley Alejo” busca ampliar los alcances de la “Ley Micaela”, para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia “desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres”.

las aplastantes cifras de la realidad

Sin embargo, resulta público y notorio lo descabellado del proyecto, de las comparaciones con la «Ley Micaela» y de la pretendida igualdad entre la situación de los hombres con la vulnerable situación que viven las mujeres en estos tiempos, la Corte Suprema publicó datos concretos en casos de violencia doméstica: en el primer trimestre de 2017 hubo 3.461 personas afectadas en denuncias de violencia doméstica. El 60% de las víctimas fueron mujeres adultas, 9% hombres adultos (el resto fueron niños o niñas).

Los delitos contra la integridad sexual también son denunciados mayormente por mujeres, por ejemplo en la Ciudad de Córdoba, según la Policía Judicial, de 1.400 casos, 1.000 eran mujeres, 114 niños y solo 40 resultaron ser víctimas hombres.

Los femicidios anualmente rondan los 200 casos, perpetrados por parejas o ex parejas de las víctimas. Respecto de hombres no se han podido estimar que cantidad han sido asesinados por sus parejas mujeres. Según la propia Corte Suprema, aunque estos casos existieran, conforme las denuncias de violencia de mujeres hacia hombres, también pueden estimarse en cifras exponencialmente menores.

Por su parte, la UFEM del Ministerio Público Fiscal informó que 8 de cada 10 femicidios fueron cometidos por una persona conocida por la víctima. Un 47% fueron cometidos por la pareja o ex pareja de la víctima, mientras que 19% fueron perpetrados por un conocido o vecino y un 15% por un familiar.

Teniendo en cuenta estas cifras, y frente a una política nacional de géneros diametralmente opuesta a este proyecto PRO, como la vigencia de una Ley de Emergencia de violencia de Género en la Provincia de Jujuy, (tras la muerte de Iara Rueda) la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y demás iniciativas nacionales y federales, sumadas a la realidad que denuncia el Movimiento de Mujeres Ni Una Menos «Nos están matando», no se comprende ni puede justificar esta nueva actitud temeraria de los funcionarios de Cambiemos que niegan la situación concreta de las mujeres, pretendiendo invisibilizarlas y sosteniendo la violencia institucional.

Finalmente, cabe preguntarse, cuántos de estos funcionarios públicos cumplimentaron la capacitación obligatoria de la «Ley Micaela» y tienen la autoridad moral y ética para hablar de diversidad e igualdad, o para presentar un proyecto de tamaña incoherencia e irrealidad.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.