Géneros 🟣
El artista «niño de cobre» recibió probation por amenazar a su ex pareja con mostrar sus fotos íntimas
La suspensión del juicio a prueba se dió en la causa caratulada como «extorsión por chantaje en grado de tentativa» en perjuicio de su ex pareja, Estefanía Baraggia, con lo cual deberá resarcirla económicamente, acatar una orden de alejamiento y realizar un curso sobre violencia de género.
El artista callejero santafesino «Cobre» o «Niño de Cobre», de 33 años, firmó en sede judicial un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, más conocido como probation, en una causa caratulada como «extorsión por chantaje en grado de tentativa» en perjuicio de su ex pareja, con lo cual deberá resarcirla económicamente, acatar una orden de alejamiento y realizar un curso sobre violencia de género.
Andrés Iglesias había sido imputado en agosto por intentar chantajear a la joven con publicar fotos y videos íntimos si la víctima no le entregaba una cantidad de dinero. La trabajadora social María de los Ángeles Pais confirmó que la víctima se llama Estefanía Baraggia y que hablaron muchísimo sobre el hecho de revelar su nombre: «Lo trabajamos especialmente, puesto que fue un pedido y necesidad especial de la víctima, para poder limpiar su imagen´’ de algún modo, ya que en un posteo anterior que hizo él la agravió directamente con comentarios ofensivos utilizando una imagen de ella».
Pais, parte del equipo interdisciplinario que acompañó a Baraggia, razonó que «Santa Fe es una ciudad chica y el posteo que realizó Iglesias en su momento círculo por las redes multiplicándose de manera exponencial. Por eso ella necesitaba este pedido de disculpas y rectificación por parte de Iglesias».
«La perspectiva de género resulta ser más reparadora que la pena prevista en el Código Penal», concluyó la abogada bussi.
El acuerdo, que impulsó el fiscal José Ignacio Suasnábar, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y homologó el juez Leandro Lazzarini, le atribuyó el delito de extorsión por chantaje en grado de tentativa» por hechos cometidos el 2 de abril de 2020″ cuando «en horas de la madrugada, le envió mensajes de WhatsApp a su exnovia para exigirle la entrega de una suma de dinero, supuestamente la devolución de la misma».
Según el documento, Iglesias le habría manifestado a la víctima «que subiría a las redes sociales material fotográfico y fílmico que se encontraba en su poder y que fueran obtenidos en un contexto de la intimidad de ambos, afectando con su accionar el honor de la misma».
Luego, el texto señala que no logró «su cometido, ya que por el temor infundido a la víctima, ésta concurrió a sede policial a realizar la denuncia sin efectuar el pago exigido».
El acuerdo contiene normas de conducta como fijar residencia en una vivienda de Santa Fe, abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y de consumir estupefacientes, prohibición de mantener contacto personal por cualquier medio y de acercarse a una distancia menos a los 200 metros de la víctima.
Iglesias también se comprometió a «realizar un curso sobre ‘violencias del patriarcado’ con su debida acreditación» y un desagravio que se llevará a cabo a través de la red social Instagram desde su cuenta, como posteo público, ‘arrobando’ a la víctima, sin que se permitan comentarios» y que «deberá estar posteado por un plazo de 30 días».

La abogada Jaquelina Bussi, del estudio jurídico social Lazos, valoró que «las pautas de conducta (que firmó Iglesias) fueron consensuadas y construidas con la denunciante como pena alternativa» y remarcó que habrá un «pedido de disculpas por la red social donde la injurió y descalificó».
Bussi destacó que «teniendo en cuenta la pena que prevé el código para este tipo de delitos fue que la denunciante optó por la suspensión de un juicio a prueba con pautas de conducta de las cuales ella tuvo injerencia».
Iglesias, por su parte sostuvo que no lo imputaron «por ningún tema de violencia de género ni por maltrato ni por nada por el estilo, que es lo que se estuvo diciendo en medios de Santa Fe». Luego se refirió al acuerdo, que incluye una reparación económica y «hacer un posteo en Instagram, que básicamente tiene que decir lo mismo, pero al revés del posteo que yo había hecho».
«Cuando pasó todo esto hice un posteo que decía lo angustiado que estaba y lo traicionado que me sentía, y entonces básicamente decía que me habían robado. Parte del acuerdo implica que yo tengo que reparar eso, tengo que decir que ella no me robó el dinero, además de otras ciertas pautas que tengo que seguir», concluyó Iglesias.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144 o mandá un mensaje al 11-5050-0147 para recibir ayuda de profesionales.
Análisis
La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo
Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».
Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia
Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.
Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.
Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.
Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.
El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina
La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.
Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.
La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.
Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)
La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.
Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.
Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.
El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas
El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.
Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.
El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.
Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala
La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.
El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.
En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.
Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.
Machismo de guardapolvo blanco
Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.
La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.
Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.
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