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El programa acompañar no será burocrático e incluirá a mujeres y población LGBTIQ+ en situación de violencia por motivos de género

Claudia Perugino, coordinadora del programa del Ministerio de las Mujeres resaltó la importancia de no solicitar denuncia judicial a quienes accedan a Acompañar porque son «conscientes de la complejidad de la denuncia» y que «no siempre las situaciones son judiciables».

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El programa Acompañar, oficializado el pasado viernes por el presidente Alberto Fernandez, que brindará ayuda económica y acompañamiento a mujeres y población LGBTIQ+ en situación grave de violencia de género, no requerirá de denuncia judicial, no será burocrático, será compatible con otras asistencias estatales y seguirá el proceso de autonomía de las víctimas, destacó este sábado la coordinadora de la iniciativa.

«Se cierra una larga lucha y se inicia un nuevo capítulo en el reconocimiento de un derecho para las mujeres y personas de las diversidades sexuales que atraviesan situaciones graves de violencia de género», dijo la abogada feminista Claudia Perugino, coordinadora de Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD).

Acompañar «tiene dos eslabones: el económico y el de acompañamiento», señaló perugino.

La profesional es además docente de amplia trayectoria en la militancia política, de derechos humanos, acompañando a familiares de víctimas de femicidios y a niñas y niños abusados.

Perugino viene trabajando en distintas áreas nacionales vinculadas a la violencia de género como el programa Las Víctimas contra las Violencias, coordinado por Eva Giberti y es abogada del programa institucional contra la violencia de género de la Universidad Nacional de Quilmes, donde es docente en el diplomado de abordaje a las violencias.

Acompañar «tiene dos eslabones: el económico y el de acompañamiento, porque si solo fuera económico y lo demás no lo potenciamos, quedaría trunco», definió la funcionaria.

El programa otorgará una ayuda económica equivalente a un salario mínimo, es decir que será de 16.875 pesos, durante un plazo de seis meses para «gastos esenciales» de personas en situación de violencia extrema y de riesgo.

Para definir el riesgo, la cartera de MMGyD «ya elaboró un programa informático que permite integrar datos de todo el país y posibilita definir si el riesgo es bajo, medio, alto, altísimo», explicó la abogada.

Serán las unidades ejecutoras que funcionarán en provincias y municipios las que cargarán los datos de las personas que soliciten ingresar al programa.

«Revisamos cada situación con el equipo, cruzamos información con Anses para ver incompatibilidades, y luego avisamos a la unidad respectiva que se aprobó el ingreso y se le comunica a la persona. Queremos evitar la burocracia, sabemos que quien está en situación extrema de violencia no puede pensar en papeles y trámites», destacó.

Es destacable «EL cambio de paradigma» que significa que no se solicite denuncia judicial a quienes accedan a Acompañar.

No podrán acceder al programa las personas que trabajan en relación de dependencia, que son monotributistas o autónomas, jubiladas, pensionadas, que cobren prestación por desempleo o reciban otra asistencia estatal por situación de violencia.

El apoyo económico será compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con la asignación familiar por embarazo para protección social (AUE), con la destinada a personas con hijas e hijos con discapacidad, a quienes tienen monotributo social, son trabajadoras de casas particulares y cobran el Ingreso Familiar de Emergencia.

La funcionaria resaltó «el cambio de paradigma» que significa que no se solicite denuncia judicial a quienes accedan a Acompañar porque «somos conscientes de la complejidad de la denuncia y no siempre las situaciones son judiciables».

Una vez que la persona ingresa al programa, la unidad ejecutora local «debe realizar un seguimiento y acompañamiento, y finalizado los seis meses brindar una evaluación, para saber si esa persona pasa a otro programa o si puedo acceder a un trabajo registrado».

Acompañar «no requiere de una contraprestación, porque se trata de estar al lado de las personas que atraviesan situaciones de violencia, que tienen que ver con la violencia física, pero también con el control de su autonomía y de la propia vida, y estos procesos en soledad son imposibles», aseguró Perugino.

El programa comenzará en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe y Chaco. En el presupuesto presentado esta semana por el Ejecutivo Nacional al Congreso, contempla fondos por $6.205 millones para el Ministerio de MGyD, y del total asignado cobra especial relevancia el programa Acompañar, al contar con la partida de $4.500 millones.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144 o mandá un mensaje al 11-5050-0147 para recibir ayuda de profesionales.

Investigación 🔎

“Perdoname por meterme con esa loca”: la frase de Cerimedo que lo hundió antes de cruzar los muros de Chonchocoro

El consultor político fue trasladado este martes desde Palmasola a la prisión de alta seguridad en el altiplano boliviano, a 35 kilómetros de La Paz, donde cumplirá 180 días de detención preventiva por enriquecimiento ilícito. Antes de ingresar, le pidió disculpas al presidente Rodrigo Paz por no haberle «hecho caso» respecto de su relación con la abogada Nadia Beller, víctima del atentado a balazos que lo tiene como principal sospechoso.

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El Argentino Diario-Fernando Cerimedo.
El perdón que lo delata: Cerimedo le pidió disculpas a Paz antes de entrar a la cárcel de máxima seguridad.

Esposado, con chaleco antibalas y casco de protección, así descendió Fernando Cerimedo del vuelo comercial de Boliviana de Aviación (BOA) que lo llevó desde Santa Cruz de la Sierra hasta el aeropuerto de El Alto, en La Paz. Una hora después, a las 7:15 hora local, una caravana de vehículos policiales y de la Fiscalía lo trasladó al penal de Chonchocoro, situado en el altiplano, en el municipio de Viacha. Allí deberá cumplir seis meses de prisión preventiva en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, que se tramita en paralelo al proceso principal que lo acusa de ser el autor intelectual del ataque a balazos contra su expareja, la abogada y activista política Nadia Beller.

Cerimedo, asesor político argentino que prestó servicios al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz y que fue identificado como colaborador de la campaña electoral que llevó a Paz al poder en octubre de 2025, acumula tres causas penales en Bolivia: la principal, por tentativa de feminicidio por el ataque con sicarios del 17 de agosto contra Beller; una segunda por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, objeto de la nueva detención en Chonchocoro; y una tercera por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra la misma víctima.

El mensaje antes de cruzar los muros

Momentos antes de ingresar al penal, Cerimedo habló brevemente con el diario boliviano El Deber y dirigió un mensaje al mandatario: «Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca.» La declaración, cargada de una violencia simbólica que no pasó inadvertida, alude al presunto consejo que Paz habría dado al consultor respecto de su relación con Beller, y al mismo tiempo revela que el vínculo entre ambos excedía con creces lo que el Gobierno boliviano intentó minimizar desde el estallido del caso.

Esa minimización tuvo varios capítulos. El 26 de agosto, Paz declaró en su cuenta oficial de Facebook que Cerimedo «jamás nos representó» y que su participación se limitó a la campaña electoral, sin contrato ni relación laboral directa. Días después, en una rueda de prensa, el propio Paz reconoció que Cerimedo colaboró para «poner a Bolivia en el mundo», describiendo su trabajo como parte de una estrategia de proyección internacional. El relato oficial fue cambiando a medida que la causa judicial avanzó y los chats difundidos por Beller vincularon al consultor con decisiones concretas del Gobierno.

La defensa que no pudo frenar el traslado

El equipo jurídico de Cerimedo hizo todo lo posible para impedir el traslado. Un tribunal de Garantías de Santa Cruz rechazó el viernes pasado el recurso que buscaba frenar la orden, dictada el 29 de agosto por un juzgado de La Paz en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. El miércoles previo, una sala penal paceña había rechazado otra acción de libertad y confirmado la medida cautelar. El abogado defensor Ernesto Giraldes argumentó que Cerimedo podía ejercer su derecho a la defensa desde Palmasola, donde ya cumplía la primera prisión preventiva, y advirtió que el traslado podía implicar un riesgo para su vida, afirmando que el propio Cerimedo habría declarado ante el tribunal haber recibido advertencias de personas que pretenden silenciarlo.

Giraldes confirmó el traslado aproximadamente a las 6:30 hora local y anticipó que solicitará en una próxima audiencia que su cliente pueda «defenderse en libertad» en ambos procesos. Por su parte, el vicepresidente boliviano Edmand Lara, declarado opositor al gobierno de Paz, cuestionó públicamente los protocolos de seguridad utilizados durante el operativo, pidiendo que se explicaran las condiciones del traslado.

El caso que se expande más allá de Bolivia

El expediente contra Cerimedo tiene ahora ramificaciones que cruzan fronteras. La semana pasada, la Cámara de Diputados de Chile aprobó, con 69 votos a favor, la creación de una comisión especial investigadora para indagar la posible manipulación algorítmica y campañas de desinformación con granjas de bots en los procesos electorales chilenos desde 2020. La iniciativa, impulsada por el diputado del Partido Por la Democracia (PPD) José Montalva, tomó impulso a partir de la documentación que surgió en la causa boliviana, donde se identificaron cuentas coordinadas de la red social X que habrían operado para atacar a figuras públicas, incluida la ex candidata presidencial Evelyn Matthei.

En Argentina, la Justicia ya actuó. Se inhibieron los bienes de Cerimedo y se reclamó el cobro de una deuda de 90.000 dólares. El Gobierno argentino, por su parte, reconoció que el consultor ingresó al menos 13 veces a la Casa Rosada durante la primera mitad de 2024, en el período en que Javier Milei ejercía la presidencia.

Puntos clave

  • Cerimedo fue trasladado este martes al penal de Chonchocoro para cumplir 180 días de detención preventiva por enriquecimiento ilícito.
  • Antes de ingresar, pidió perdón al presidente Paz por no haber seguido su consejo respecto de su relación con Nadia Beller.
  • La defensa fracasó en dos recursos sucesivos para impedir el traslado desde Palmasola.
  • El caso derivó en una comisión investigadora en la Cámara de Diputados de Chile por el uso de granjas de bots en procesos electorales.
  • El Gobierno argentino confirmó que Cerimedo ingresó al menos 13 veces a la Casa Rosada en 2024.
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