Este viernes, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de una ceremonia de memoria y reparación: los restos de Nélida Noemí Moreno de Goyochea, José Luis Goyochea Escudero, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspeire, cuatro personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar argentina, recibirán por fin una despedida digna. Los cuatro fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entre los restos hallados en la zona conocida como Loma del Torito, aledaña al ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba.

Casi 50 años después, el EAAF les devuelve un nombre

Las identificaciones fueron parte de un proceso mayor iniciado por la justicia federal cordobesa. En mayo de 2026, el juez federal Hugo Vaca Narvaja anunció públicamente los nombres de 16 de las 17 personas identificadas por el EAAF en la Loma del Torito, en el marco de excavaciones realizadas entre septiembre y noviembre de 2025 en la Guarnición Militar de La Calera. De esos trabajos se recuperaron unos 1.200 restos pequeños y fragmentados, que el EAAF sometió a análisis antropológicos y genéticos para lograr las identificaciones. Estas se sumaron a las 12 ya anunciadas en marzo de 2026, lo que elevó a 29 el total de víctimas identificadas en ese predio.

Entre los identificados en mayo, tres matrimonios aparecieron en la misma área, lo que para los investigadores sugiere que fueron trasladados juntos desde el centro clandestino. Así lo indicó el propio juez Vaca Narvaja, quien señaló que las personas fueron secuestradas en sus hogares, en presencia de sus hijos, y que es probable que hayan corrido la misma suerte, aunque aclaró que esa hipótesis todavía se investiga.

Quiénes eran Nélida, José Luis, Rosa y Carlos

Nélida Noemí Moreno nació en Córdoba en mayo de 1945. Era psicopedagoga y trabajaba como administrativa en la Policía de la Provincia. Tenía 32 años cuando fue secuestrada en agosto de 1977 junto a su esposo y en presencia de sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. José Luis Goyochea Escudero había nacido en La Rioja y se mudó a Córdoba para estudiar Ciencias Económicas y Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba. Era administrativo del Colegio de Médicos y de la Subsecretaría de Planeamiento provincial.

Rosa Cristina Godoy nació el 5 de octubre de 1953 en Villa Mercedes, San Luis. Trabajaba como ama de casa, integraba un grupo scout vinculado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y desarrollaba trabajo social desde su parroquia. Tenía 23 años cuando fue secuestrada junto a su marido en el barrio de Bella Vista. Su hija pequeña fue entregada a sus abuelos. Carlos Cayetano Cruspeire trabajaba en una compañía de seguros y funeraria, y fue secuestrado en su lugar de trabajo en septiembre de 1977, a los 22 años, para luego ser llevado a su domicilio donde también detuvieron a Rosa.

La restitución de los restos es un acto privado, a pedido de las familias. Sin embargo, las mismas familias organizaron dos instancias públicas para este viernes en CABA. A las 17.30, el cortejo fúnebre partirá desde la esquina de Perú y Avenida de Mayo. Las familias caminarán con las urnas por la Avenida de Mayo, pasando por la Plaza de Mayo y la Catedral, hasta llegar a la Basílica Nuestra Señora de la Merced, en Reconquista 209, CABA. A las 18.00 comenzará allí la misa de cuerpo presente.

Águeda Goyochea, hija de José Luis y Nélida, es una de las impulsoras de estas ceremonias públicas. Como lo indica el sentido de su decisión de abrirlas a la comunidad, se trata de devolver a sus padres un ritual de despedida que la dictadura les negó hace casi medio siglo.

La Perla: el ex centro clandestino que sigue entregando verdad

La Perla fue uno de los centros clandestinos de detención y exterminio más grandes del país durante el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Por allí pasaron miles de personas secuestradas, torturadas y asesinadas bajo las órdenes del entonces comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Las excavaciones en los predios aledaños, ordenadas por la justicia en el marco del expediente iniciado hace 40 años, continúan aportando pruebas materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos allí. Con cada nombre restituido, se consolida la verdad que el Estado argentino les debe a las víctimas y sus familias.

El trabajo del EAAF en este caso confirma además que los perpetradores intentaron destruir los restos para volverlos inhallables. Sin embargo, casi cinco décadas después, la ciencia y la justicia lograron lo que la impunidad quiso evitar: devolverles la identidad y, ahora, también la despedida.