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Opinión

¿Por qué hay que limitar el alquiler turístico?

El capitalismo digital en el siglo XXI diseñó, a través de lo que alguna vez  llamó “economía colaborativa”, un modelo de acumulación que avanzó en todo el mundo, sin regulaciones ni intervenciones de los estados.

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Por Mariana Collante

El capitalismo digital en el siglo XXI diseñó, a través de lo que alguna vez  llamó “economía colaborativa”, un modelo de acumulación que avanzó en todo el mundo, sin regulaciones ni intervenciones de los estados. Nick Srnicek, en su libro “Capitalismo de plataformas”, señala que Airbnb está dentro de la categoría: ‘plataforma austera’, una matriz de negocios que se puede resumir en la siguiente frase: “El mayor proveedor de alojamiento del mundo, no es titular de ninguna propiedad”. Es un intermediario.

La app aparenta no tener activos, pero sus activos son los datos, y el control del sistema. El resto está hipertercerizado, y funciona con un régimen de puntaje, que hace que el ofertante/propietario se esmere en satisfacer al consumidor, y corran por su cuenta los costos de inversión y mantenimiento. Este mecanismo de comercialización transforma la idea de vivienda-hogar-hábitat en un “servicio”. Este “servicio”, al limitar la oferta de vivienda para los residentes locales,  genera la suba de los precios de los alquileres.

El domingo pasado, 12 de marzo, los habitantes de la ciudad suiza de Lucerna votaron por la regulación de los alquileres de corta duración en las plataformas de tipo Airbnb y Booking. La reglamentación establece que los inmuebles sólo pueden rentarse bajo esta modalidad, 90 días al año.

Portugal también anunció medidas para intentar frenar la crisis habitacional. El 20 de febrero, el primer ministro Antonio Costa informó que no seguirán las “golden visas”, un programa que ofrecía pasaportes de la Unión Europea a ciudadanos extracomunitarios a cambio de inversiones, incluidas las inmobiliarias. Además, anticipó que el gobierno no otorgará más licencias para ofertar inmuebles en las plataformas de alquiler turístico.

Alemania desde 2016 tiene regulaciones muy severas para la renta en periodos cortos, y desde 2017 Francia le impuso un límite de 120 días por año a los propietarios que desean participar del negocio.

En nuestra región, a fines de febrero el gobierno uruguayo envió un proyecto de ley al Congreso para regular las viviendas de uso turístico,  y hace unos días, la senadora santacruceña por el Frente de Todos,  Ana María Ianni presentó un proyecto de ley para crear un registro nacional de alquiler temporario. La iniciativa plantea que todos los rentistas que pretendan comercializar viviendas para alquileres turísticos deberán registrarse y ser autorizados en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional, apoya el proyecto porque considera que “reglamentar el turismo es parte de un sistema integral de regulación de acceso a la vivienda”. A la vez, señala que se trata del inicio de un debate sobre el tema: “No están muy claras las sanciones que recibirán los propietarios y plataformas si no se cumple con la legislación, y tampoco habla de límites en el uso de la vivienda para el alquiler de corto plazo”. 

Vemos que varios países, calificados por muchos “países serios”, van por el camino de la regulación para que sus ciudadanos no vean limitado el acceso a la vivienda de alquiler. En Buenos Aires, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta va en dirección contraria.  Este martes 14 de marzo participó de un reportaje en Radio con vos, y allí planteó su propuesta presidencial en materia de vivienda: Seguir soñando con la casa propia. Negó cualquier intervención en el mercado inmobiliario, y en el de alquiler turístico. De sus declaraciones se desprende que su propuesta no contempla ninguna política estatal para mejorar o resolver los problemas que tienen –hoy- las y los trabajadores para acceder a una vivienda.

Elecciones

¿Qué significa ser leales?: el pueblo vuelve a salir a buscar su propia historia

A 81 años de la jornada que parió al peronismo, el Día de la Lealtad llega con Cristina presa, un Gobierno que desprecia al Congreso y a la Justicia, y un feminismo que eligió la Ciudad de Buenos Aires para su Encuentro de 2027. La lealtad hoy tiene un nombre: organizarse para que Milei pierda.

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El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores y trabajadoras cruzaron el Riachuelo, se lavaron los pies en las fuentes de la Plaza de Mayo y torcieron el rumbo de un país que hasta entonces decidía sin ellos.

No esperaron que nadie les concediera nada. Ese día el pueblo dejó de esperar y salió a buscar su propia historia. Ochenta y un años después, la fecha vuelve a interpelarnos con una pregunta urgente: qué significa ser leales cuando la democracia, los derechos y la propia identidad popular están bajo ataque.

Este Día de la Lealtad no es uno más. Llega con Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Nación, cumpliendo prisión domiciliaria tras una condena que representa el fruto más acabado del lawfare de Comodoro Py; con un Gobierno nacional que gobierna por decreto y desprecia la división de poderes; y a menos de un año de unas elecciones presidenciales que definirán si la Argentina sigue por el camino del ajuste, el odio y la crueldad, o si recupera un horizonte de justicia social.

Una lealtad que se conjuga en presente

Este sábado, en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, en La Matanza, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó el acto central del PJ provincial junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Fernando Espinoza. “Acá estamos, querían callarnos y acá estamos, recordando a Evita y Perón en La Matanza, que es la capital del peronismo”, dijo ante la multitud.

El gobernador recordó que aquella gesta “le dio voz a los que no tenían voz, les dio derechos y participación política a los que estaban marginados y excluidos”, sostuvo que Cristina “está injustamente presa por defender nuestras banderas” y planteó el desafío que atraviesa a todo el campo popular: “La lealtad con el pueblo es construir una alternativa que el año que viene termine con esta pesadilla que nos gobierna”. También dejó una definición que debería ordenar el debate de los próximos meses: “Sin justicia social no hay libertad verdadera: hay privilegios, hay explotación y desigualdad. Eso no es libertad”.

Un Gobierno que no respeta la democracia

Desde el primer día, Javier Milei eligió gobernar contra las instituciones. Inauguró su gestión con el DNU 70/2023, un megadecreto que pretendió derogar y modificar centenares de normas sin pasar por el Congreso.

Intentó designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, salteando el acuerdo del Senado, que finalmente rechazó ambos pliegos en abril de 2025.

Vetó la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, y obligó al Poder Legislativo a insistir con dos tercios para defender lo que la sociedad ya había defendido en las calles.

Llamó al Congreso “nido de ratas” y llegó a decir que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

No se trata de exabruptos aislados, sino de un método: degradar a los otros poderes para concentrar el poder en uno solo. Cuando un presidente trata al Parlamento como un estorbo, a la Justicia como una herramienta y a la prensa crítica como un enemigo, lo que está en juego no es una gestión de gobierno, sino la propia arquitectura republicana que tanto dicen defender quienes lo votaron por odio al peronismo.

El odio como herramienta, el antiperonismo como tradición

El antiperonismo no nació con Milei. Tiene una genealogía sangrienta: el bombardeo a la Plaza de Mayo en junio de 1955, el golpe de septiembre de ese año, el decreto 4161 de 1956 que prohibió siquiera pronunciar el nombre de Perón y dieciocho años de proscripción del movimiento mayoritario del país. Cada vez que las élites no pudieron derrotar al peronismo en las urnas, intentaron borrarlo por la fuerza, por decreto o por los tribunales.

Lo nuevo es la escala y el tono. El discurso libertario convirtió el odio en política de Estado: contra los “kukas”, contra los “zurdos”, contra las feministas, contra la diversidad, contra los trabajadores estatales y los jubilados que reclaman. Ese clima no es inocuo. En septiembre de 2022, Cristina sobrevivió a un intento de asesinato frente a su casa, porque el arma no se disparó. Las palabras que deshumanizan preparan el terreno para la violencia que mata, y una democracia que naturaliza el odio termina pagando ese precio.

Las mujeres y disidencias van al centro del poder

Hace apenas cinco días, el 12 de octubre, terminó en Córdoba el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, con más de 150.000 participantes y un centenar de talleres. En el acto de cierre, por decisión unánime, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue elegida como sede del 40° Encuentro en 2027. No es un dato menor: el primer Encuentro Nacional de Mujeres se realizó en esa misma ciudad en 1986. Cuatro décadas después, el feminismo vuelve al lugar donde nació, en pleno año electoral, para hacerse oír frente a la Casa Rosada.

La ministra de Mujeres bonaerense, Estela Díaz, lo resumió así: “Es una demostración de que se puede convivir en un espacio con sectores con los que se tienen muchísimas diferencias, construyendo una fuerza para confrontar electoralmente en el 2027”. Esa es exactamente la lección que el campo popular necesita aprender: la unidad en la diversidad no es una consigna, es una condición para ganar.

Las razones para movilizarse sobran. Este Gobierno desmanteló el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, su ministro de Justicia anunció la intención de eliminar la figura de femicidio del Código Penal y el propio Presidente utilizó el escenario de Davos para atacar al feminismo y a la diversidad, lo que provocó la masiva Marcha Federal Antifascista y Antirracista de febrero de 2025. Para nosotras, el ajuste no es una abstracción macroeconómica: es menos asistencia a víctimas de violencia, menos políticas de cuidado y más trabajo no remunerado sobre las mismas espaldas.

Evita lo entendió antes que nadie. Fue ella quien impulsó el voto femenino en 1947 y organizó a las mujeres como sujeto político con voz propia. El feminismo popular argentino, del Ni Una Menos a la Marea Verde, es heredero de esa tradición. No hay 17 de Octubre sin las mujeres en la Plaza.

2027: la lealtad es organizarse

Decirlo con claridad no es una provocación, es una responsabilidad democrática: Milei tiene que perder en 2027. No por revancha, sino porque un proyecto que desprecia la división de poderes, persigue a opositores, insulta a periodistas, ajusta sobre jubilados, universidades y personas con discapacidad, y convierte el odio en programa de gobierno es incompatible con la Argentina que soñaron quienes se movilizaron aquel 17 de octubre.

Pero la derrota del proyecto libertario no vendrá sola. Exige un peronismo que deje atrás sus internas, que escuche a los movimientos sociales, a los sindicatos, a las juventudes y al feminismo, y que vuelva a ofrecer un horizonte de futuro y no solo una defensa del pasado. La lealtad no es nostalgia: es la decisión colectiva de no volver a esperar que otros escriban nuestra historia. Como en 1945, el pueblo tendrá que salir a buscarla.

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