La Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdE) expresó hoy su «profunda preocupación frente a los cortes reiterados» en el suministro de energía «que atentan contra la vida» de las personas que necesitan estar conectadas a dispositivos electrónicos para sobrevivir, al tiempo que denunciaron «falta de previsibilidad», «negligencia» e «insensibilidad» ante las necesidades de esta población cuyos derechos fueron consagrados por ley.

«Si bien entendemos que, a partir de la nueva ola de calor con temperaturas que superan ampliamente los 30°, afrontamos una demanda histórica de energía eléctrica, a su vez, la ola de calor pone en evidencia la falta de previsibilidad en relación a la problemática de las personas electrodependientes, negligencia, inacción, insensibilidad», dijeron a través de un comunicado.

El reclamo sintetizado en el lema «Basta de jugar con la vida» sobreviene cuando falta poco más de un mes para que se cumplan seis años de la sanción de la ley 27.351 que estableció la creación de un Registro Nacional de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), la gratuidad del servicio para los hogares con algún integrante en esta condición y la obligación de suministrar una fuente alternativa de energía (FAE) por parte de las empresas eléctricas.

A pesar del tiempo transcurrido, la organización señaló que «de los 15 mil usuarios que gozan del tratamiento tarifario gratuito, solo un 10% tiene FAE, volviéndonos rehenes de la burocracia en la administración pública y la desidia de las empresas».

«A lo largo de estos años hemos logrado la sanción de una ley nacional, realizamos marcha en las puertas del ENRE, de Edesur, y de Edenor. Fuimos a la Justicia, organizamos radios abiertas; y a su vez, presentamos propuestas porque entendemos que es fácil ‘tirar piedras’ y quejarse, pero que tenemos la responsabilidad de aportar a una posible solución, a partir de nuestra experiencia», dijeron en el comunicado.

«Pero ya no alcanza con que nos reciban, nos escuchen, y nos muestren empatía: necesitamos que todo eso se traduzca en mejoras con una mirada interdisciplinaria, porque entendemos que la electrodependencia es transversal a distintas áreas como salud, energía, defensa civil, discapacidad», agregaron.

En ese sentido, la asociación aseguró estar «a disposición de las autoridades, de las empresas, y de los entes reguladores, para trazar un plan de acción que nos permita de una vez, garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas»

A su vez, solicitaron una vez más a las prestadoras «prioridad para restablecer el servicio a las personas electrodependientes, y entrega de grupos electrógenos».

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación le solicitó al titular del Ente Regulador del Servicio Eléctrico (ENRE), Walter Martello, la «urgente intervención ante la situación que se encuentran padeciendo miles de usuarias y usuarios de CABA y el AMBA por la falta de suministro eléctrico».

Y solicitó que «de manera urgente se arbitren todas las medidas necesarias para que se restablezca -en el menor tiempo posible- el suministro eléctrico a los afectados y en caso que persistan los cortes, se gestione con las distribuidoras del servicio o con la empresa AYSA, la provisión de agua potable en los casos en que la misma falte como consecuencia de los cortes de electricidad».

También se requirió que se tenga a bien «informar si les fue debidamente garantizado la provisión alternativa del suministro» a las personas electrodependientes.

La defensoría recordó que «se vienen registrando desde hace aproximadamente más de quince días, importantes cortes de energía eléctrica que afectan usuarias/os de diversos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.

Agregó que «en algunas zonas son diarios, (sea de larga o corta duración), mientras que, en otros, las/os usuarias/os llevan varias semanas sin el elemental servicio».

La Defensoría nacional consideró que cualquiera sea la razón o los motivos por los cuales el suministro se suspendió (caso fortuito o fuerza mayor o alguna causa técnica que lo justifique) «provoca en los/as usuarios/as una afectación en sus derechos humanos fundamentales».

«Ninguna de estas explicaciones será suficiente a los fines de excluir la responsabilidad de las empresas distribuidoras ante los usuarios, toda vez que no se visualiza posibilidad alguna de configuración de caso fortuito o fuerza mayor», acotó.

«El acceso y goce de los servicios públicos esenciales están ligados directamente con los derechos humanos fundamentales, es por ello que se impone sobre el Estado y las concesionarias del servicio público de electricidad la obligación de garantizar a los habitantes el goce de un estándar mínimo de servicios para llevar una vida digna», concluyeron desde la Defensoría del Pueblo.