DDHH
Trabajo esclavo en las cárceles: detalles sobre el nuevo plan de Bullrich
Nada nuevo, presos que realizan trabajo forzado en cárceles: ¿Se trata de un programa de rehabilitación o de simple explotación? ¿Quién se beneficia realmente con esta iniciativa del gobierno de Milei?
El Gobierno de Javier Milei impulsa un polémico proyecto para que las personas privadas de su libertad trabajen en las cárceles del país. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la iniciativa que ya se encuentra en marcha a modo de prueba piloto en el Complejo 4 de mujeres de Ezeiza.
Según Bullrich, el objetivo es promover la «rehabilitación y reinserción social» de los presos mediante la adquisición de habilidades laborales. Sin embargo, el trasfondo del plan y las condiciones laborales de los internos abren una serie de interrogantes que ponen en jaque las justificaciones oficiales.
El argumento del Gobierno
Patricia Bullrich defendió el proyecto como una medida amparada en «una doctrina de nuestra Constitución y del Código Penal». Según sus declaraciones radiales, el esquema busca que los presos resarzan a las víctimas, a la vez que dona el 30% de lo que ganen en las cárceles. “Queremos que haya vagancia cero”, aseguró la ministra, insistiendo en que es injusto que los presos tengan un salario mínimo.
El programa inicial en Ezeiza incluye tareas de mantenimiento, como la pintura de las instalaciones, una actividad que se replicará en otros complejos penitenciarios del país. Además, se prevé la implementación de sistemas biométricos para controlar los horarios de los internos, y la clasificación de los presos permitirá asignarles diferentes tareas en función de su perfil.
Trabajo esclavo encubierto
Si bien el Gobierno insiste en que esta medida busca mejorar las oportunidades de reinserción, el proyecto presenta elementos preocupantes. La imposición de un régimen laboral para personas privadas de su libertad puede derivar en un sistema de explotación encubierta. Bullrich reconoció que se retendría el 30% de lo ganado por los presos, lo que se suma a su afirmación de que el salario mínimo en estas condiciones es «injusto».
Aquí surge una cuestión ética central: ¿quién se beneficia realmente de este trabajo? Si los internos son obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud, con un salario inferior al mínimo y sin derechos laborales claros, es evidente que la principal ventaja recae en el sistema penitenciario y, por ende, en el Estado o posibles empresas involucradas en estas labores.
Además, no hay detalles suficientes sobre los convenios que podrían existir con el sector privado, lo que podría abrir la puerta a la explotación masiva de una mano de obra barata y sin protección.
¿Una medida que favorece al sistema?
La iniciativa de Bullrich, en lugar de centrarse en la rehabilitación genuina, parece consolidar un esquema en el que las cárceles se convierten en fábricas de trabajo forzado. Al ser presentados como una forma de «donación» hacia las víctimas, los trabajos que realizan los presos pierden su carácter voluntario y refuerzan una estructura de opresión sobre un sector extremadamente vulnerable de la sociedad.
La intención de «erradicar la vagancia» detrás de este proyecto no solo invisibiliza las causas profundas de la marginalización de los presos, sino que también desvía la atención del análisis sobre cómo este modelo podría profundizar la desigualdad. Las cárceles, lejos de ser centros de reinserción social, se convierten en espacios donde los derechos humanos se diluyen a favor de un sistema económico que se beneficia de su situación de encierro.
Buenos Aires
A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta
El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.
Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».
El testigo que incomodaba al poder
La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.
Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.
La desaparición en democracia
El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.
Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.
Veinte años, cero respuestas
La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.
Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.
Lo que tenés que saber
- El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
- Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
- Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
- La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
- A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
-
Denuncia3 díasEl Gobierno le pagó a funcionario una indemnización de $110 millones y al otro día lo volvió a contratar
-
Islas Malvinas6 días“Desastre potencial”: la dura advertencia de Trump por un eventual conflicto entre Argentina y Reino Unido por Malvinas
-
Goles! ⚽6 díasArgentina inaugura los Juegos Suramericanos ODESUR 2026: sedes, deportes y las figuras de la gran cita
-
Economía 💲4 díasDuro editorial de The Economist contra Milei: “Tus aliados enfrentan acusaciones de corrupción propias”
-
Política 📢7 díasKicillof supera a Milei y le saca 8,7 puntos en un balotaje: qué dice la nueva encuesta rumbo a 2027
-
Espectáculos 🎭4 díasCarlos Torres aterrizó en Ezeiza para dos shows de “La Reina del Flow”
-
Islas Malvinas7 díasQuirno y Presti en Ushuaia: la Base Naval Integrada y la apuesta por Malvinas con foco en las elecciones
-
Economía 💲7 díasEl salario privado volvió a caer y ya acumula tres meses de pérdida: qué sectores fueron los más golpeados
