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Trabajo esclavo en las cárceles: detalles sobre el nuevo plan de Bullrich

Nada nuevo, presos que realizan trabajo forzado en cárceles: ¿Se trata de un programa de rehabilitación o de simple explotación? ¿Quién se beneficia realmente con esta iniciativa del gobierno de Milei?

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El Argentino Diario-Patricia Bullrich-Trabajo en cárceles.

El Gobierno de Javier Milei impulsa un polémico proyecto para que las personas privadas de su libertad trabajen en las cárceles del país. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la iniciativa que ya se encuentra en marcha a modo de prueba piloto en el Complejo 4 de mujeres de Ezeiza.

Según Bullrich, el objetivo es promover la «rehabilitación y reinserción social» de los presos mediante la adquisición de habilidades laborales. Sin embargo, el trasfondo del plan y las condiciones laborales de los internos abren una serie de interrogantes que ponen en jaque las justificaciones oficiales.

El argumento del Gobierno

Patricia Bullrich defendió el proyecto como una medida amparada en «una doctrina de nuestra Constitución y del Código Penal». Según sus declaraciones radiales, el esquema busca que los presos resarzan a las víctimas, a la vez que dona el 30% de lo que ganen en las cárceles. “Queremos que haya vagancia cero”, aseguró la ministra, insistiendo en que es injusto que los presos tengan un salario mínimo.

El programa inicial en Ezeiza incluye tareas de mantenimiento, como la pintura de las instalaciones, una actividad que se replicará en otros complejos penitenciarios del país. Además, se prevé la implementación de sistemas biométricos para controlar los horarios de los internos, y la clasificación de los presos permitirá asignarles diferentes tareas en función de su perfil.

Trabajo esclavo encubierto

Si bien el Gobierno insiste en que esta medida busca mejorar las oportunidades de reinserción, el proyecto presenta elementos preocupantes. La imposición de un régimen laboral para personas privadas de su libertad puede derivar en un sistema de explotación encubierta. Bullrich reconoció que se retendría el 30% de lo ganado por los presos, lo que se suma a su afirmación de que el salario mínimo en estas condiciones es «injusto».

Aquí surge una cuestión ética central: ¿quién se beneficia realmente de este trabajo? Si los internos son obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud, con un salario inferior al mínimo y sin derechos laborales claros, es evidente que la principal ventaja recae en el sistema penitenciario y, por ende, en el Estado o posibles empresas involucradas en estas labores.

Además, no hay detalles suficientes sobre los convenios que podrían existir con el sector privado, lo que podría abrir la puerta a la explotación masiva de una mano de obra barata y sin protección.

¿Una medida que favorece al sistema?

La iniciativa de Bullrich, en lugar de centrarse en la rehabilitación genuina, parece consolidar un esquema en el que las cárceles se convierten en fábricas de trabajo forzado. Al ser presentados como una forma de «donación» hacia las víctimas, los trabajos que realizan los presos pierden su carácter voluntario y refuerzan una estructura de opresión sobre un sector extremadamente vulnerable de la sociedad.

La intención de «erradicar la vagancia» detrás de este proyecto no solo invisibiliza las causas profundas de la marginalización de los presos, sino que también desvía la atención del análisis sobre cómo este modelo podría profundizar la desigualdad. Las cárceles, lejos de ser centros de reinserción social, se convierten en espacios donde los derechos humanos se diluyen a favor de un sistema económico que se beneficia de su situación de encierro.

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“Muy pronto volveremos a encontrarnos”: la carta abierta de Cristina que desafía la proscripción

En una carta abierta publicada este miércoles en su sitio oficial, Cristina Fernández de Kirchner denunció que la condena de la Corte Suprema y su inhabilitación de por vida no persiguen la verdad jurídica sino eliminarla de la vida política. Señaló que lo que padece constituye graves violaciones a los derechos humanos con raíces en el machismo estructural del poder judicial y convocó al pueblo a no bajar los brazos.

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CFK denuncia machismo judicial y uso político de la justicia: la proscripción perpetua es "la pena principal" de la condena.

Con la serenidad de quien da una pelea de largo aliento, Cristina Fernández de Kirchner eligió las palabras con precisión quirúrgica. En la carta difundida este miércoles desde su sitio cfkargentina.com, la dos veces presidenta argentina afirmó que el ataque del que es víctima «no tiene como destinataria únicamente a una persona», sino a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino.

El documento, que circuló de inmediato en redes sociales y medios afines al kirchnerismo, representa el texto político más contundente que CFK firmó desde que se conoció su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La carta no es solo un descargo personal: es una declaración de principios sobre el uso de la justicia como instrumento de persecución política, un fenómeno que, advierte, no es exclusivo de la Argentina.

La proscripción como objetivo central

El núcleo político del documento es una distinción que CFK planteó con claridad: «La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es solo la accesoria». La frase condensa la lectura que el kirchnerismo hace del proceso judicial: no se trata de sancionar hechos de corrupción sino de cerrar el camino electoral a la principal figura de la oposición.

Kirchner fue la única mujer electa y reelecta presidenta de la República Argentina. Esa singularidad histórica la usó para plantear una pregunta que, en su formulación, lleva implícita la respuesta: «¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?» La pregunta no es retórica. Es la columna vertebral del argumento jurídico que, según anunció días atrás, ya fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Machismo estructural en la toga

Uno de los pasajes más resonantes de la carta es el que vincula su persecución judicial con el machismo estructural que, sostiene, persiste en sectores del sistema judicial argentino. «Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos», escribió.

La expresidenta fue más lejos al referir el atentado del 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre le apuntó con un arma en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. Para CFK, el nivel de estigmatización y arbitrariedad al que fue sometida funcionó como un incentivo para que atentaran contra su vida, lo que encuadra la persecución judicial dentro de una violación más amplia de los derechos humanos fundamentales.

Una ofensiva jurídica internacional con nombres propios

La carta también es un mapa de la estrategia jurídica que Kirchner despliega en el plano internacional. Convocó a dos abogados de reconocida trayectoria: el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el brasileño Rafael Valim, académico y jurista de referencia en el proceso de defensa del expresidente Lula Da Silva. Ambos integrarán el equipo que presentó la comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

CFK también recordó que en 2022, tras el atentado, un grupo de juristas internacionales de primer nivel ya había formulado una primera denuncia. Entre ellos, el exjuez de la Corte Suprema argentina y referente del derecho penal regional Raúl Zaffaroni, el ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire, el español Baltazar Garzón Real, el brasileño Juárez Tavares y juristas italianos de peso como Francesco Schiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere. «Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», afirmó la expresidenta.

Un fenómeno global, una respuesta democrática

La carta incorpora una lectura geopolítica del fenómeno. Kirchner advirtió que la utilización del sistema de justicia para neutralizar a dirigentes con respaldo popular no es una patología argentina. «En todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular», escribió, y añadió que ese fenómeno «representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales».

Frente a esa realidad, la expresidenta descartó responder «con odio» o «con violencia» y eligió la vía institucional: más derecho, más democracia y más verdad. El cierre de la carta fue un llamado directo a sus seguidores: «No bajen los brazos. No permitan que les roben la esperanza.» Y remató con una promesa: «Muy pronto volveremos a encontrarnos.»

Puntos clave

  • CFK publicó una carta abierta este miércoles en cfkargentina.com en la que afirmó que la proscripción perpetua es «la pena principal» y la prisión «solo la accesoria».
  • Denunció que su persecución judicial tiene raíces en el machismo estructural del poder judicial y que el nivel de estigmatización funcionó como un incentivo para el atentado del 1 de septiembre de 2022.
  • Convocó a los abogados internacionales Javier Borrego (España) y Rafael Valim (Brasil) para integrar su defensa ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
  • Señaló que el uso de la justicia como herramienta de persecución política es un fenómeno global que amenaza a las democracias constitucionales.
  • Cerró la carta con un llamado al pueblo a no bajar los brazos y una promesa de regreso a la vida pública.
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