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Una mujer que sufrió violencia de género pasará a ocupar el trabajo de su expareja

Valeria Juárez ocupará el puesto de su victimario su ex pareja, Héctor Fabián Mendoza, de 41 años, en el Municipio de Santa Rosa, en La Pampa, luego de que quedara firme la sentencia en su contra.

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Valeria Juárez ocupará el puesto de su victimario su ex pareja, Héctor Fabián Mendoza, de 41 años, en el Municipio de Santa Rosa, en La Pampa, luego de que quedara firme la sentencia en su contra.

Por Rita Soublé

El municipio de Santa Rosa, la capital de La Pampa, se convirtió en el primero del país en implementar políticas de reparación con perspectiva de género, con una ordenanza que permitió incorporar a una mujer en situación de violencia a la planta municipal para ocupar el lugar de trabajo de su victimario, cuando este fue condenado por agredirla y terminó siendo exonerado.

Se trata de Valeria Juárez, que se convirtió en la primera mujer en el país en ocupar el puesto de trabajo de su victimario, en la municipalidad de Santa Rosa, luego de que quedara firme la sentencia por violencia de género de su expareja, Héctor Fabián Mendoza de 41 años, y que por ello fuera exonerado.

La decisión se enmarca en la Ordenanza 6305, sancionada el 27 de enero de este año por el Concejo Deliberante de Santa Rosa «y responde a una decisión política asumida por el intendente, Luciano di Nápoli, quien nos propuso una gestión con políticas de género transversales a todo el municipio», declaró a Télam la directora de Políticas de Género y Diversidad, Gabriela Bonavitta.

«Estábamos ante una situación, la de las mujeres víctimas de violencia de género, que demandaba resolución y, en ese contexto, se avanzó disponiendo que el agente municipal que reciba una sentencia firme por violencia de género será exonerado y la mujer víctima de violencia que así lo requiera, podrá hacer uso de la vacante en el municipio», explicó.

Al respecto, Bonavitta opinó que «es una política con perspectiva de reparación, sobre todo por la posibilidad concreta de acceder a un empleo estable, partiendo de que estadísticamente las mujeres y disidencias sexuales somos las más perjudicadas en el campo laboral, no accedemos de la misma manera que los varones heteros y hay una desigualdad salarial por igual tarea».

«Muchas veces la dependencia económica suele ser un impedimento para cortar el vínculo con el agresor, porque de ahí se desprenden la necesidad de contar con una vivienda y resolver lo cotidiano; en ese sentido un Municipio que escuche a quienes pueden denunciar las situaciones de violencia y tome este tipo de determinaciones, no solo constituye un hecho histórico y esperanzador sino que también es un mensaje concreto para los agresores: la tolerancia con la violencia de género es cero», sentenció.

La funcionaria municipal también consideró que esta medida, que hoy comenzó a implementarse en el municipio capitalino, «es un paso más de muchos otros que estamos dando para avanzar en eliminar la violencia por motivos de géneros de mujeres y diversidades sexo genéricas, como por ejemplo el avance en la implementación del cupo laboral travesti trans y el incremento del equipo de profesionales, la capacitación permanente y el trabajo articulado con otras áreas del estado».

«Hoy me siento feliz, consciente que valió la pena luchar acompañada por mis compañeros y compañeras de militancia y con la ayuda psicológica de las áreas de género», confiesa a Télam Valeria, santarroseña de 34 años y madre de tres hijos: Ludmila de 14, Lucas de 11 y Emilia de 7, los dos primeros de su primera pareja y la más pequeña de la última.

En su lugar de trabajo, una oficina de la municipalidad de Santa Rosa donde ingresó en reemplazo de su victimario hace pocas horas, señala que «aún me cuesta creer lo que estoy viviendo. Tener trabajo y que él esté preso es un contexto inimaginable para mí, después del calvario que me hizo vivir y del que pensé que nunca iba a salir».

La mujer recordó que con el padre de sus hijos mayores también sufrió violencia, en ese caso fue psicológica: «Todo el tiempo me hacía sentir la peor, me acusaba de prostituirme con todos los hombres que conocía y no había manera de hacerle entender que estaba equivocado», comenta.

La relación con el agresor

Ya separada, cuenta que comenzó a tener una relación con su vecino, Mendoza, de 41 años. Vivía al lado de su casa con un hijo. Meses después, quedó embarazada y ambos decidieron seguir adelante.

«Un día, me llevó en el auto a un supermercado. Yo iba con mis dos hijos atrás y estaba embarazada de cinco meses. Me bajé hacer unas compras y tardé mas de una hora. Cuando salí lo vi furioso, no paraba de gritarme y golpeaba el auto con los puños.

«Me aterró y cuando subí, arrancó a toda velocidad y yo le decía que parara pero no lo hizo, ese día me día cuenta que era otra persona», confesó. «Luego de otros muchos episodios como ese, realmente tenía terror y fue ahí cuando salí a pedir ayuda porque sentía que me iba a matar», contó.

A las situaciones de violencia le siguieron más denuncias, restricciones domiciliarias que no cumplía; la tobillera electrónica, fue demorado varias veces pero solo durante algunas horas y luego volvía a su casa y continuaban las amenazas. A eso se sumó un juicio porque él sostenía que la pequeña no era hija suya como sí lo determinó el ADN y, finalmente, un proceso reclamando la tenencia de la menor.

En ese contexto pidió ayuda: primero, psicológica, con el equipo interdisciplinario de género de la municipalidad; y luego, comenzó a relacionarse con integrantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC) de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), que ciertamente fueron para ella «los y las pilares que la ayudaron a salir adelante».

«Sinceramente es indescriptible lo que una vive, –confiesa con la voz quebrada– te sentís nada, con la autoestima por el piso, por eso es importante este tipo de ordenanzas, que da herramientas para seguir, que otorgan derechos, que nos empoderan, porque ellos siempre se manejan con total impunidad y gran parte de la policía o jueces no nos visibilizan, hasta que terminamos muertas».

«A las mujeres que sufren violencia y muchas me escriben, les aconsejo no aislarse, es lo que ellos quieren; les digo que pidan ayuda psicológica pero también que busquen amigas, compañeras que las contengan, que busquen las herramientas para reconstruirse, porque es la única manera de salir de un calvario y de sobrevivir», concluye Valeria.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

Análisis

La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo

Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».

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Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia

Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.

Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.

Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.

Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.

El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina

La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.

Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.

La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.

Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)

La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.

Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.

Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.

El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas

El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.

Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.

El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.

Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala

La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.

El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.

En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.

Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.

Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.

Machismo de guardapolvo blanco

Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.

La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.

Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.

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