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La “batalla cultural” de Milei llega a la niñez con decreto que restituye el “Día del Niño” y recorte incluido

El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto que restituye oficialmente la denominación «Día del Niño» para el tercer domingo de agosto, derogando la denominación inclusiva impulsada en 2020. La medida, co-firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, instruye a todos los organismos del Estado a utilizar exclusivamente ese nombre en comunicaciones oficiales y eventos conmemorativos, y representa un nuevo capítulo en la denominada «batalla cultural» del gobierno libertario.

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Decreto presidencial para borrar "Día de las Infancias": Milei peleó por el nombre mientras recortaba 61% en programas para chicos.

Javier Milei firmó el Decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial el 7 de agosto de 2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional restituyó de forma oficial la denominación «Día del Niño» para la celebración del tercer domingo de agosto de cada año. La norma, rubricada también por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, dejó sin efecto el criterio adoptado en 2020 por la entonces Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) e instruyó a todos los organismos del Estado nacional a utilizar de manera exclusiva esa denominación en cualquier tipo de comunicación, campaña publicitaria, documento oficial o evento conmemorativo.

La medida no altera la fecha de la celebración, que se mantiene el tercer domingo de agosto, una ubicación fija desde 2013 para evitar superposiciones con jornadas electorales. Lo que cambia es la carga simbólica y política de su nombre: el decreto revierte, con fuerza normativa, una iniciativa que buscó ampliar el reconocimiento estatal hacia las diversas experiencias de la niñez argentina.

El antecedente que el decreto borra

En agosto de 2020, el entonces secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, impulsó desde la gestión de Alberto Fernández el reemplazo de la fórmula tradicional. La iniciativa contó con la adhesión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que invitó a los organismos públicos nacionales a adoptar la nueva denominación, y recibió adhesiones de distintas provincias. Lerner lo explicó con claridad: «Proponemos dejar de decir ‘Día del Niño’, porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez. Decir niño no alcanza para representar las experiencias heterogéneas y múltiples de la niñez.»

La secretaria de Articulación de Política Social de aquel momento, Erika Roffler, completó el argumento al señalar que «las palabras que usamos para nombrarnos es la forma en que entendemos el mundo» y que el lenguaje «muchas veces cristaliza y reproduce desigualdades». Esa perspectiva, que colocaba al Estado como agente activo de transformación simbólica, es precisamente la que el gobierno de Milei decidió desmantelar mediante decreto.

La «batalla cultural» y la provocación como política de Estado

El Decreto 562/2025 no es un acto administrativo aislado. Se inscribe en una cadena de decisiones del gobierno libertario orientadas a revertir sistemáticamente las políticas de género, diversidad e inclusión lingüística adoptadas durante las gestiones anteriores. La prohibición del lenguaje inclusivo en la comunicación oficial, la desfinanciación de programas de género en el presupuesto y el desmantelamiento de áreas específicas del Estado conforman el mismo hilo conductor que este decreto prolonga ahora al campo de la niñez.

El argumento del Ejecutivo para avalar la restitución se apoya en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Ley N° 23.849 con jerarquía constitucional, que en su artículo 1° define como «niño» a todo ser humano menor de dieciocho años. Lo que el decreto omite es que esa misma Convención obliga a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos reconocidos en ella, algo que una disputa terminológica no resuelve y que el recorte en programas de infancia del actual gobierno contradice en los hechos.

Un cambio de nombre en medio del ajuste a la infancia

La ironía política del decreto es difícil de soslayar. Mientras el gobierno restituye el nombre «Día del Niño» con firma presidencial, los datos oficiales del INDEC registran que la Canasta Básica Alimentaria acumula una variación interanual del 32,8% al primer trimestre de 2026, con niveles de pobreza e indigencia en la niñez que organismos de derechos humanos califican como críticos. Los programas sociales sufrieron recortes reales del 61% desde el inicio de la gestión; las transferencias a provincias, que financian parte de los sistemas de protección de infancia, cayeron un 66%.

Nombrar no es lo mismo que proteger. El Estado puede llamar «Día del Niño» a la celebración y, al mismo tiempo, desfinanciar la red de programas que sostiene la vida concreta de millones de chicos y chicas. Esa tensión, entre el gesto simbólico y la política pública real, es el núcleo político que el decreto pone sobre la mesa, quizás sin intención, cada tercer domingo de agosto.

Puntos clave

  • El Decreto 562/2025, firmado por Milei y el ministro Mahiques, fue publicado en el Boletín Oficial el 7 de agosto de 2025 y restituye la denominación «Día del Niño» para el tercer domingo de agosto.
  • La norma instruye a todos los organismos del Estado a utilizar ese nombre de forma exclusiva en comunicaciones, campañas y eventos oficiales.
  • Deroga el criterio adoptado en 2020 bajo la gestión de Gabriel Lerner en la SENAF, que impulsó la denominación «Día de las Infancias» para visibilizar la diversidad de la niñez.
  • La medida se enmarca en la estrategia cultural del gobierno libertario de revertir las políticas de lenguaje inclusivo y diversidad adoptadas por gestiones anteriores.
  • El cambio simbólico contrasta con recortes del 61% en programas sociales y del 66% en transferencias a provincias desde el inicio de la gestión Milei.

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Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

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Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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