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Impuestos

Desde el ENRE afirman que saldrán a buscar a no inscriptos que podrían necesitar el subsidio

«Hay 14 millones de usuarios, incluyendo a los grandes clientes. En el caso de los residenciales, según el último corte, 7,5 millones y medio pidieron el subsidio, y 4,5 millones no se han inscripto», detalló Martello.

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El flamante interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, aseguró hoy que sobre un total de 11,5 millones de hogares, 7,5 millones se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), y subrayó que la tarea del organismo será ahora «salir a buscar» a aquellas personas que necesitan el subsidio pero que, por diversos motivos, no completaron el formulario.

«Hay 14 millones de usuarios, incluyendo a los grandes clientes. En el caso de los residenciales, según el último corte, 7,5 millones y medio pidieron el subsidio, y 4,5 millones no se han inscripto», detalló Martello esta mañana en diálogo con la radio FM Urbana Play.

En el marco de esa segmentación, la Secretaría de Energía publicó hoy en el Boletín Oficial los nuevos precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el nivel 1, integrado por los usuarios de mayores ingresos, como paso previo a la difusión del nuevo cuadro tarifario para el bimestre septiembre-octubre.

La medida se instrumentó a través del Decreto 629/2022 y deberá ser complementada en breve por otra norma que disponga los nuevos valores para la distribución, si se tiene en cuenta que su plazo de vigencia comenzará el jueves 1º de septiembre.

El decreto, fechado el 26 de agosto, establece en su anexo los nuevos Precios de Referencia de la Potencia (Potref) y Estabilizado de la Energía (PEE) del MEM «a aplicar según la segmentación referida en el Decreto N° 332 de fecha 16 de junio de 2022».

La norma es la primera que discrimina los precios según los niveles establecidos en la segmentación, y de los valores publicados en el anexo se desprenden aumentos para el nivel 1 del 65,87% al 74,79%, según se trate de la hora pico, resto o valle.

De todos modos, esos porcentajes no implican un ajuste de la misma magnitud en la tarifa de distribución, ya que en ella se consideran cuatro componentes: generación, transmisión, distribución y carga tributaria (nacional, provincial y municipal).

Martello reconoció que el porcentaje de no inscriptos es «alto», e indicó que, por ese motivo, el organismo pretende «bucear dentro de esos 4,5 millones para ver si realmente no se han inscripto porque no lo necesitan y no entran dentro de los requisitos para los subsidios».

«Estamos viendo que quizás algunas de las medidas no han llegado a la totalidad de la población, con lo cual ahí el ENRE tiene una misión territorial, de salir a buscar a aquellas personas que realmente necesitan los subsidios y, por distintas razones, no han podido formalizar el trámite», sostuvo.

Asimismo, el funcionario estimó que más hogares se inscribirán «al momento de la llegada de las facturas» porque –señaló- «recién ahí mucha gente se va a dar cuenta (de su omisión) en la comparación con lo que estaba pagando».

El Registro –que permite identificar a los usuarios que han solicitado mantener los subsidios de acuerdo con su ingreso familiar y situaciones particulares- continúa abierto a través de la página http://www.argentina.gob.ar/subsidios.

La inscripción es un paso necesario para que los usuarios puedan mantener los beneficios.

Por otro lado, Martello confirmó que alrededor de 18.000 usuarios hicieron uso de la opción –habilitada la semana pasada- de bajarse de los subsidios tras haberlos solicitado, luego de que el director del Banco Central, Agustín D´Attellis, confirmara la semana pasada que la entidad monetaria se encuentra estudiando la posibilidad de impedir el acceso al cupo de US$ 200 mensuales de dólar ahorro a quienes reciban los subsidios.

Asimismo, subrayó que la misión del ENRE, durante su gestión, será «proteger los derechos de los usuarios» con «la mirada puesta de los usuarios, independientemente de los intereses de las empresas».

En cuanto a los nuevos valores para el MEM, el Potref fue fijado en $ 80.000 por Mw/mes para los tres niveles residenciales, la demanda general no residencial, los organismos públicos y los sectores de Salud y Educación, en tanto para los Grandes Usuarios de Distribuidor (GUDI) será de $ 463.310 por Mw/mes.

En el caso del PEE, el precio por MWh en la hora pico quedó en $ 3.129 para los niveles 2 (beneficiarios de tarifa social) y 3 (intermedio entre el 1 y el 2), en $ 5.190 para el nivel 1, $ 6.165 para el no residencial, $ 6.337 para organismos públicos, salud y educación y $ 13.434 para los GUDI.

Para la hora resto, los precios quedaron establecidos en $ 2.981 para los niveles 2 y 3, $ 5.070 para el nivel 1, $ 6.005 para los no residenciales, $ 6.179 para organismos públicos, salud y educación y $ 13.427 para los GUDI.

Por último, los precios para la hora valle para el bimestre septiembre-octubre serán de $ 2.832 para los niveles 2 y 3, $ 4.950 para el nivel 1, $ 5.844 para los no residenciales, $ 6.019 para organismos públicos, salud y educación y $ 13.421 para los GUDI.

Combustibles ⛽

Milei congela el impuesto a los combustibles para maquillar la inflación

El gobierno volvió a diferir la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida, que ya tiene antecedentes desde mediados de 2024, apunta a evitar que el ajuste impositivo se traslade a los surtidores y presione sobre el Índice de Precios al Consumidor.

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★ El gobierno de Javier Milei recurrió una vez más a una de sus herramientas predilectas para amortiguar el dato de inflación: postergar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La medida, formalizada a través del decreto 217/2026 publicado en el Boletín Oficial, desplazó hasta mayo el incremento que estaba previsto para el corriente mes de abril.

La decisión no es nueva ni aislada. La administración libertaria recurre a esta maniobra de manera sistemática desde mediados de 2024, cuando comenzó a desdoblar y diferir los ajustes sobre los impuestos fijados a los combustibles para evitar que se trasladen a los precios finales al consumidor. Lo que cambia esta vez es el escenario internacional: la guerra que protagonizan Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene bajo presión al precio del petróleo y agrega incertidumbre sobre la evolución futura de los valores en los surtidores.

El decreto y sus fundamentos oficiales

El texto del decreto 217/2026 establece que el Ejecutivo definió «volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono», derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Los productos alcanzados por la postergación son la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

El documento oficial justifica la medida con el argumento de que fue tomada «con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible» y agrega que consideró «necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones».

La retórica oficial choca con la realidad fiscal: según la estimación de la consultora Economía y Energía, las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas a lo largo de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de 2.326 millones de dólares. Una cifra que desmiente la narrativa del «sendero fiscal sostenible» y revela el costo concreto de sostener artificialmente el índice de precios.

Combustibles e inflación: una relación estructural

El precio de los combustibles no es un dato menor dentro del esquema de medición de precios del INDEC. Su impacto se extiende a lo largo de toda la cadena productiva a través del transporte, lo que lo convierte en un factor con capacidad de arrastre sobre prácticamente todos los sectores de la economía. No actualizar el impuesto es, en los hechos, una forma de atenuar artificialmente la medición de inflación sin atacar sus causas estructurales.

Desde septiembre del año pasado, el gobierno estableció que las actualizaciones del ICL se calculen en base a la variación de la inflación y se apliquen de forma trimestral. Al mismo tiempo, fijó un monto diferencial para el gasoil destinado a las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.

Una estrategia de cosmética fiscal

La postergación del impuesto a los combustibles se inscribe en un patrón más amplio del gobierno de Milei: la administración del dato de inflación como objetivo político antes que como resultado de una política económica consistente. La aceleración inflacionaria registrada en los últimos meses hace más urgente la necesidad oficial de evitar cualquier componente adicional que presione los precios, aunque eso implique resignar ingresos fiscales por miles de millones de dólares.

La situación en Oriente Medio suma una variable de incertidumbre que el gobierno no puede controlar desde Buenos Aires. El conflicto bélico que involucra a potencias con peso determinante en el mercado energético global mantiene los precios del crudo en un estado de volatilidad que el Ejecutivo prefiere esperar que se estabilice antes de aplicar los incrementos pendientes.

Lo que queda claro, sin embargo, es que cada postergación profundiza el rezago acumulado del impuesto; un rezago que más temprano que tarde deberá actualizarse, con el consiguiente impacto sobre los precios que el gobierno intenta hoy evitar a cualquier costo.

Puntos clave:

  • El gobierno oficializó la postergación del aumento del ICL mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial.
  • Los productos alcanzados son nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.
  • La medida se aplaza para mayo; el ajuste corresponde a actualizaciones pendientes de 2024 y 2025.
  • Las postergaciones de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por 2.326 millones de dólares, según la consultora Economía y Energía.
  • El conflicto bélico en Oriente Medio y su efecto sobre el precio del petróleo opera como factor adicional en la decisión oficial.
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