A los porteños que deben cuotas de tarjeta o préstamos bancarios les quedan pocos días para cambiar una deuda impagable por un crédito a tasa fija de hasta el 35% anual y a no menos de 24 meses.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad advirtió que el trámite está habilitado solo hasta el 17 de octubre, y salió a ofrecer acompañamiento gratuito a quienes no saben cómo gestionarlo o tienen dudas sobre su situación en el Banco Central.

Se trata del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, creado por la Ley 6.959 que sancionó la Legislatura porteña en junio con 42 votos afirmativos y 8 abstenciones, a partir de un proyecto del legislador Leandro Santoro (Fuerza por Buenos Aires).

El Gobierno de Jorge Macri lo reglamentó mediante el Decreto 248/2026 y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) había fijado originalmente el 13 de octubre como fecha límite para presentar las solicitudes; la Defensoría informó ahora que la ventana sigue abierta hasta el viernes 17.

Qué ofrece y quiénes pueden pedirlo

No es una condonación ni una quita: es un crédito nuevo con un único destino, cancelar o refinanciar saldos impagos de tarjetas de crédito y préstamos personales otorgados por entidades financieras. La ley fija condiciones mínimas (tasa nominal anual fija con techo del 35% y plazo mínimo de devolución de 24 meses) y habilita a cada banco a mejorarlas. Además, el nuevo préstamo puede usarse para saldar deudas con la misma entidad o con otros bancos regulados por el BCRA.

Para acceder hay que estar calificado en situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central (atrasos de entre 60 y 180 días) con fecha de corte al 1° de junio de 2026, tener ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos, demostrar que las cuotas de deuda se llevan más del 30% de los ingresos del hogar y acreditar domicilio en la Ciudad con al menos dos años de antigüedad.

Las exclusiones apuntan a recortar el beneficio a quienes atraviesan una vulnerabilidad financiera real: quedan afuera los propietarios de más de un inmueble, los titulares de autos con menos de cinco años de antigüedad (salvo uso laboral acreditado), de embarcaciones, aeronaves u otros bienes suntuarios, quienes tengan activos financieros que superen la deuda reclamada y quienes hayan comprado dólares durante el período en que se generó la deuda.

Diez bancos, ninguna billetera

El trámite no se hace en la AGIP sino directamente en las entidades adheridas, que son las que verifican los requisitos y piden la documentación: Banco Ciudad, Galicia, Santander, BBVA, Macro, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi y Piano. La adhesión no fue espontánea. Al vencer el primer plazo, a mediados de agosto, solo cuatro bancos se habían sumado, y la lista recién creció después; la Ciudad había ofrecido como incentivo una rebaja del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses que cobren los bancos por estas refinanciaciones.

El punto más débil del programa está en lo que deja afuera. La Defensoría lo remarcó en su comunicación: no aplica a deudas con billeteras virtuales. Tampoco cubre a las financieras no bancarias, que son precisamente los segmentos donde la morosidad crece con mayor intensidad. Es decir, el alivio llega a quienes todavía tenían acceso al crédito bancario y no alcanza a quienes fueron empujados a las fintech para pagar el supermercado o los servicios.

Para quienes no tienen cuenta en un banco adherido, la Defensoría aclaró que se puede abrir una cuenta gratuita en el Banco Ciudad para gestionar el crédito.

Un parche local para una crisis nacional

La ley porteña nació como respuesta al creciente endeudamiento de los hogares en un contexto de caída del poder adquisitivo, con familias que recurren a la tarjeta y a los préstamos para cubrir alimentos, transporte y servicios. Es la consecuencia directa de un modelo económico que licuó salarios mientras disparaba tarifas, y que convirtió el crédito al consumo en la última herramienta de supervivencia de la clase media.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados el debate sobre la crisis de los morosos expone dos miradas opuestas. El dictamen que impulsan La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, articulado por la diputada libertaria Silvana Giudici y el titular de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli, pone el foco en la «prevención del sobreendeudamiento» y la educación financiera. Los bloques opositores, en cambio, reclaman declarar la emergencia, poner topes a las tasas, comisiones y gastos de tarjetas y plataformas financieras, y abrir los algoritmos con los que las billeteras asignan tasas según el scoring de cada cliente.

La paradoja es evidente: una ley de autoría peronista, ejecutada por un gobierno macrista, termina ofreciendo a los porteños una salida que el Gobierno nacional se niega a discutir para el resto del país. Y aun así, con una ventana de apenas dos meses y medio, requisitos estrictos y la exclusión de las billeteras, su alcance real queda limitado frente a la magnitud del problema.

Dónde pedir ayuda

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad ofrece asesoramiento libre y gratuito para quienes tengan dudas o problemas con el trámite: por WhatsApp al 11-7128-8301, por el teléfono gratuito 0-800-999-3722 o de manera presencial en Avenida Belgrano 673.

Lo que tenés que saber:

• El Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal (Ley 6.959) recibe solicitudes hasta el 17 de octubre, según informó la Defensoría del Pueblo porteña.
• Ofrece créditos a tasa fija de hasta el 35% anual y con un plazo mínimo de 24 meses para cancelar deudas de tarjetas y préstamos bancarios.
• Pueden acceder porteños con atrasos de entre 60 y 180 días al 1° de junio, ingresos menores a diez salarios mínimos y cuotas que superen el 30% del ingreso del hogar.
• El trámite se hace en diez bancos adheridos, entre ellos Ciudad, Galicia, Santander, BBVA y Macro; no incluye deudas con billeteras virtuales.
• La Defensoría asesora gratis por WhatsApp (11-7128-8301), al 0-800-999-3722 y en Av. Belgrano 673.