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Subieron los taxis y en enero aumentan los peajes

El Gobierno porteño aplicó una suba del 30% a la bajada de bandera, tercer aumento en lo que va del año. Además, prevé un alza del 45% en peajes y un 51% para la Verificación Técnica Vehicular. Comenzaron las audiencias públicas para fijar el incremento.

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El-Argentino- Tarifa del Taxi y peajes

El Gobierno porteño aplica a partir de este miércoles un aumento en la tarifa de taxis del 30%, en tanto que prevé subir 45% el valor de los peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, 50% estacionamiento medido y 51% la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en enero próximo, para lo cual convocó a audiencias públicas, el paso previo a cualquier tipo incremento de servicios.

El aumento de la tarifa de taxis del 30% es el tercero en lo que va del año y comienza a regir a partir de este miércoles, por lo que la bajada de bandera aumenta de $85 a $111 y la ficha de $8,50 a $11,10.

En el caso de las autopistas, la audiencia pública se hará el 22 de diciembre y la suba comenzará a regir a partir del 7 de enero en las trazas de la autopista Illia, 25 de Mayo, Perito Moreno, Alberti y el Paseo del Bajo, esta última exclusiva para el tránsito pesado y micros de larga distancia.

Asociaciones de usuarios y consumidores manifestaron su oposición a los aumentos al considerar que representarán un “perjuicio muy grande”.

Según lo previsto por el Gobierno porteño, el peaje aumentará un 45% promedio, con un valor para el tránsito liviano en horario pico que pasará de $61 a $88,50 en la autopista Illia, de $148,22 a $215 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y de $41,85 a $61 en el peaje Alberti; al tiempo que el costo del Paseo del Bajo irá de $135,63 a $199,66.

“A los consumidores, estos aumentos los ponen en una situación muy incómoda ya que no cuentan con ingresos para enfrentarlos. Es un perjuicio muy grande”
Pedro Bussetti

El horario pico rige de lunes a viernes, en ambos sentidos de circulación, de 7 a 11 y de 16 a 20; y los sábados, domingos y feriados de 11 a 15 mano a provincia de Buenos Aires y de 17 a 21 en la traza hacia el centro porteño.

Para el estacionamiento medido, en tanto, la audiencia se hará el 23 de diciembre y se implementará el 24 de enero del 2022 con un incremento del 50% ya que el valor se trasladará de $30 a $45.

Por último, la realización de la VTV prevé un suba de 51% para los propietarios de los automóviles que deberán pagar $4.023,33 en vez de los $2.665 actuales, mientras que para las motos la tarifa será de $1.513,22 contra los $1.002 vigentes en la actualidad.

En este último caso la audiencia pública será el 22 de diciembre y el aumento será ejecutado a partir del 24 de enero próximo.

“A los consumidores, estos aumentos los ponen en una situación muy incómoda ya que no cuentan con ingresos para enfrentarlos”.

Las subas responden a «adecuaciones que son necesarias para el funcionamiento de los servicios, asegurar su operación y mantenimiento y sostener el salario de los trabajadores del sistema», dijeron desde la administración porteña tras conocerse los llamados para las audiencias, que fueron publicados en el Boletín Oficial.

Frente a esto, asociaciones de usuarios y consumidores manifestaron su oposición a los aumentos al considerar que representarán un “perjuicio muy grande” y destacaron la “contradicción” por parte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que antes de las elecciones se pronunciaron incluso a favor de una baja de impuestos.

Pedro Bussetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), calificó como “una contradicción muy fuerte que quienes enunciaron en su plataforma política y discurso pre electoral que pretenden una baja de los impuestos, en sus jurisdicciones aumenten las tasas municipales y de los peajes, que tienen que ver con los usuarios de la Ciudad”.

“Es lamentable que esto suceda”, dijo Bussetti a Télam, y consideró que el incremento de tarifas en territorio porteño “es una actitud permanente de este Gobierno que lleva años castigando con subas de impuestos a los trabajadores y jubilados, mientras que favorece a los desarrolladores inmobiliarios”.

En tanto, Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), arremetió contra la decisión de la gestión porteña al afirmar que la medida “es de baja calidad moral” por parte del Gobierno de la Ciudad “que cree que se vive en un lugar donde no existen situaciones de pobreza ni de bajos ingresos”.

“A los consumidores, estos aumentos los ponen en una situación muy incómoda ya que no cuentan con ingresos para enfrentarlos. Es un perjuicio muy grande”, remarcó.

Por su parte, Héctor Polino, de Consumidores Libres, dijo que si bien “hay que analizar y estudiar el tema, en principio, siempre estamos en contra de todo aumento porque defendemos el bolsillo de la gente”.

“Vamos a ir a las audiencias públicas para hacer oír la voz de los sectores perjudicados por estos fuertes aumentos que, sin duda, van a incentivar el proceso inflacionario de Argentina”, finalizó Polino.

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Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo

La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.

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Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.

En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.

Criminalizar la infancia, una respuesta ligera

Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?

  • Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
  • Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
  • Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.

El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.

El fantasma de las redes y la coartada perfecta

La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.

En la Ciudad, docentes vienen denunciando:

  • Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
  • Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
  • Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.

Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.

Protocolos sin comunidad

El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.

Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.

Lo que no se dice

Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:

  • ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
  • ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
  • ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?

La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.

Entre el control y el abandono

El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.

En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.

La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?

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