★ El Ministerio de Economía publicó este martes 18 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial la Resolución 345/2026, que suspende por seis meses los derechos antidumping que regían desde 2015 sobre la importación de aisladores de porcelana, componentes críticos para la infraestructura de la red eléctrica y los transformadores. El motivo es tan simple como brutal: la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino S.A. (FAPA), que representaba el 100% de la producción nacional de estos insumos y el 70% del consumo aparente del mercado interno, cerró definitivamente sus operaciones y procedió al remate de toda su maquinaria.

Fue la propia empresa la que solicitó al Gobierno la eliminación de los aranceles que durante una década la protegieron de la competencia externa. No había ya nada que proteger. La Cámara de la Industria Electrónica, Electromecánica y Luminotécnica (CADIEEL) certificó que ninguno de sus socios fabrica ya este producto en el país. La Argentina quedó sin producción nacional de aisladores eléctricos y el Gobierno respondió con la única política que tiene disponible: abrir la importación.

El guión que se repite

La secuencia es conocida. Una empresa industrial cierra. El Gobierno no lamenta el cierre, no anuncia ninguna medida de asistencia a los trabajadores afectados y no convoca a ninguna audiencia de urgencia. Lo que sí hace, con notable celeridad, es eliminar los aranceles que protegían al sector para que el mercado pueda abastecerse desde el exterior. Es exactamente el mismo guión que siguió con los neumáticos, con el foil de aluminio y con otros sectores del entramado productivo que fueron cayendo uno por uno en los últimos meses.

En el caso del neumático, el proceso fue inverso en el tiempo pero idéntico en la lógica: primero llegó la apertura importadora, luego el derrumbe de la producción nacional y finalmente el cierre de Fate el 18 de febrero de 2026, con 920 trabajadores despedidos. En el caso de FAPA, el cierre ya se consumó y la apertura arancelaria llega como consecuencia directa e inmediata. En ambos casos, el Gobierno no pronunció ninguna palabra sobre los empleos perdidos ni sobre las familias afectadas.

El antecedente más directo y verificado en esta misma cobertura es la Resolución 172/2026, firmada por el ministro Luis Caputo el 23 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial, que eliminó el derecho antidumping del 28% sobre el foil de aluminio chino, afectando directamente a Aluar, el mismo día en que se realizaba la audiencia por el conflicto de Fate en la Secretaría de Trabajo. La lógica es la misma: producción nacional que desaparece, importación que la reemplaza, sin política industrial de transición.

Lo que dice la resolución y lo que no dice

La Resolución 345/2026 es técnicamente prolija. Cita a la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que advirtió que mantener los impuestos a la importación «podría transformarse en un obstáculo para la estabilidad del servicio público eléctrico, afectando en forma notoria e injustificada el funcionamiento de una infraestructura crítica como lo es la red eléctrica», según el texto del documento oficial. La suspensión abarca aisladores de porcelana de montaje rígido, de suspensión y pasantes para transformadores, para las posiciones arancelarias vinculadas a tensiones de hasta 60 kV, y rige para productos originarios de China, Brasil y Colombia.

Lo que la resolución no dice es cuántos trabajadores perdieron su empleo con el cierre de FAPA. No dice cuándo cerró la empresa ni por qué. No menciona si existió algún proceso de conciliación, algún plan de reconversión o alguna instancia de diálogo con el sindicato. No dice si los trabajadores cobrarán sus indemnizaciones. Y no dice nada sobre la paradoja central que expone: el Estado argentino mantuvo durante diez años derechos antidumping para proteger una industria nacional que hoy ya no existe, porque en los últimos dos años no articuló ninguna política para sostenerla.

La norma tampoco menciona que los usuarios argentinos sufren cortes de energía eléctrica con cada cambio brusco de temperatura o temporal que afecte la red, circunstancia que el propio material de base señala como omisión deliberada del texto oficial.

Una desindustrialización que se mide en resoluciones

El cierre de FAPA y la consecuente apertura arancelaria se producen en un contexto que este medio documentó con precisión en las últimas semanas. La Unión Industrial Argentina (UIA) alertó en su comunicado del 18 de febrero de 2026 sobre la pérdida de 65.000 empleos industriales en dos años, con corte a noviembre de 2025, sin incluir los cierres posteriores. El gobernador bonaerense Axel Kicillof denunció el 2 de marzo en la Asamblea Legislativa provincial que «las empresas caen como moscas en todos los rincones del país» y que desde que asumió Milei «cerraron 30 empresas por día«. El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió el 11 de marzo que «sin industria nacional, sin pymes y sin producción, es imposible pensar en un desarrollo sostenido para la Argentina.»

El informe QMonitor de la consultora QSocial, publicado este mismo martes 17 de marzo, señaló que el cierre de empresas industriales emblemáticas «es percibido por la sociedad como una consecuencia de la apertura de importaciones y la caída de la demanda interna», y advirtió sobre un riesgo creciente en el «límite de la paz social» si el ajuste continúa erosionando el empleo y el poder adquisitivo.

La Resolución 345/2026 sobre los aisladores de porcelana es un dato más en esa serie. Pero tiene una particularidad que la distingue de los casos anteriores: aquí no hubo siquiera el simulacro de una audiencia de conciliación, no hubo corte de autopista, no hubo sindicato que saliera a denunciar el cierre como ilegal. Simplemente, una fábrica cerró, remató su maquinaria y el Gobierno publicó una resolución para que China, Brasil y Colombia puedan abastecer lo que la Argentina dejó de producir. Sin una palabra sobre los trabajadores. Sin un funcionario que lamentara lo ocurrido. Sin ninguna política que sugiera que esto no va a volver a pasar.

Puntos clave

• La Resolución 345/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 18 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial, suspendió por seis meses los derechos antidumping vigentes desde 2015 sobre aisladores de porcelana originarios de China, Brasil y Colombia.
• La empresa FAPA representaba el 100% de la producción nacional de aisladores eléctricos y el 70% del consumo aparente; cerró definitivamente y procedió al remate de toda su maquinaria, según la propia resolución oficial.
• La CADIEEL certificó que ninguno de sus socios fabrica ya aisladores de porcelana en el país, según datos de la Resolución 345/2026.
• La CNCE advirtió que mantener los aranceles «podría transformarse en un obstáculo para la estabilidad del servicio público eléctrico», según el texto del documento oficial; no mencionó los empleos perdidos ni las consecuencias laborales del cierre.
• La misma lógica se aplicó con la Resolución 172/2026 del 23 de febrero de 2026, que eliminó el antidumping del 28% sobre el foil de aluminio chino, según el Boletín Oficial citado en coberturas previas de este medio.