Política 📢
Adorni, su esposa y el avión presidencial: las excusas de “la casta”
El jefe de Gabinete justificó el viaje de su esposa en el ARG-01 argumentando que su trabajo ‘es muy sacrificado’. La polémica se agudiza porque fue su propia cartera la que, días antes, restringió el tamaño de las comitivas oficiales al exterior.
★ El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a bordo del avión presidencial ARG-01 junto a la delegación oficial que participó del «Argentina Week» en Nueva York, y justificó la decisión con una frase que recorre las redes: «Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe». La declaración, formulada el martes en una entrevista en el canal A24, disparó críticas de la oposición y revivió el debate sobre el uso de los recursos del Estado por parte de funcionarios del Gobierno que llegó al poder con la bandera anticasta.
La foto que abrió el debate
La polémica comenzó el domingo, cuando circuló una fotografía que mostraba a Angeletti junto a la comitiva presidencial durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en el barrio de Queens. La imagen fue suficiente para que el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentara un pedido de informes ante el Congreso. Paulón precisó, a través de su cuenta en la red social X, que buscaba saber «si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses».
Las explicaciones de Adorni, con una salvedad clave
Consultado al respecto, Adorni ofreció una versión detallada en A24. Sostuvo que su esposa ya tenía «pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5.348» y que, ante un cambio de itinerario que incorporó una escala en Miami, Presidencia «la invitó» a sumarse al avión oficial «porque no había otra forma». El funcionario afirmó que «no tiene un gasto adicional» para el Estado: «Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella», detalló.
Sin embargo, y tal como surge del propio material original, esas afirmaciones provienen exclusivamente del funcionario y aún no cuentan con respaldo documental ni constancia oficial verificable. El pedido de informes del diputado Paulón apunta, precisamente, a obtener esa comprobación por parte del Estado.
Sobre la presentación parlamentaria de la oposición, Adorni minimizó la medida: «Que haga lo que quiera la oposición». Y agregó: «Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales». La distinción, no obstante, tiene un problema de base: el uso del avión presidencial ARG-01 no es un asunto de vida privada, sino de recursos públicos del Estado nacional.
La contradicción que nadie puede ignorar
El episodio adquiere una dimensión política adicional por el siguiente dato, verificable en el texto oficial de la norma: hace menos de diez días, la propia Jefatura de Gabinete, a cargo de Adorni, modificó el régimen que regula los viajes oficiales al exterior. La nueva normativa estableció que las comitivas quedarán limitadas a un máximo de un funcionario por evento o actividad internacional, con pasajes en clase ejecutiva restringidos a un grupo específico de altos cargos.
El objetivo declarado en el texto oficial fue «simplificar los circuitos administrativos, reducir cargas operativas y optimizar la gestión de los recursos del Estado». En ese marco, la presencia de Angeletti en el ARG-01 no solo genera preguntas sobre el uso del avión presidencial, sino también sobre la coherencia entre las normas que el propio Adorni firmó y la conducta de su propia comitiva.
Adorni suma poder mientras crece la polémica
La controversia se produce en un momento de ascenso político del jefe de Gabinete dentro del esquema libertario. En las últimas horas, el Ejecutivo resolvió incorporar la firma de Adorni en todas las erogaciones de partidas presupuestarias del Estado, incluyendo los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el fondo creado en 1988 dentro de la Ley de Coparticipación Federal que el Poder Ejecutivo distribuye de forma discrecional entre las provincias.
Según fuentes oficiales citadas en el material original, la medida busca «dotar a Adorni de un mayor control en la gestión» y generar «un embudo, para un mayor control», aunque aclararon que no implicará necesariamente una revisión de los procesos internos de cada cartera, sino una «validación en términos políticos».
La concentración de poder en Adorni y la polémica por el viaje de su esposa se produjeron en simultáneo con la maniobra de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que esta semana difundió publicaciones de seguidores que criticaban el episodio con mensajes como «menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política»; una referencia directa al discurso anticasta que llevó a La Libertad Avanza al poder en 2023. Como informó este medio, Villarruel ratificó con ese gesto su distancia del ala oficialista y aprovechó el affaire para profundizar la fractura pública con el Gobierno de Milei.
Puntos clave:
- Adorni confirmó en A24 que su esposa viajó en el avión presidencial ARG-01 junto a la delegación oficial en Nueva York.
- El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes para saber si el viaje fue solventado con fondos públicos.
- Las afirmaciones de Adorni sobre el costo cero para el Estado no cuentan aún con respaldo documental oficial verificable.
- La propia Jefatura de Gabinete aprobó, días antes del viaje, una norma que restringe el tamaño de las comitivas oficiales al exterior.
- En simultáneo, el Ejecutivo amplió las atribuciones de Adorni al incorporar su firma en todas las erogaciones presupuestarias, incluidos los ATN.
Cultura
Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías
Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.
El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.
Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera
La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.
La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.
El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.
El sector advirtió por el impacto de la derogación
La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.
La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.
Advierten por el futuro de las librerías de barrio
Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.
María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».
En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.
Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.
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