Denuncia
“La gente se muere”: familias reclaman frente a Casa Rosada por deudas en discapacidad
Prestadores y transportistas exigen al Gobierno que gire los fondos adeudados desde septiembre de 2025 en el Programa Incluir Salud y PAMI. Advierten que evalúan un acampe por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas.
★ Familiares de personas con discapacidad, prestadores y transportistas del área se concentraron este miércoles frente a Casa Rosada para exigir al Gobierno nacional que salde las deudas en el Programa Incluir Salud y en PAMI, que en muchos casos mantienen desde septiembre de 2025. Los manifestantes cuestionaron la gestión de Javier Milei y advirtieron que evalúan realizar un acampe por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas oficiales.
Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), en diálogo con la prensa exigió que «se giren los fondos» para cancelar lo adeudado. «Estamos pidiéndole que paguen el programa Incluir Salud. La gente se muere, no tiene más un hogar, no tiene más medicamentos, no tiene más nada», expresó.
Reuniones con autoridades sin respuestas concretas
Macizo aseguró que, junto a familiares y otros prestadores, se presentaron ante el Ministerio de Salud, se reunieron con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y con «todas las autoridades de la superintendencia». Sin embargo, según afirmó, la respuesta fue que «Economía no gira los fondos».
La situación se produce en un contexto de crisis institucional en el área de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que hasta su intervención en 2025 administraba el Programa Incluir Salud, se encuentra bajo investigación judicial por un presunto esquema de corrupción que involucra a funcionarios y empresarios del sector. En la causa ya hay 19 personas procesadas, entre ellas el ex director de la ANDIS Diego Spagnuolo, acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita.
La amenaza de un acampe por tiempo indeterminado
Macizo señaló que una de las iniciativas que están discutiendo es hacer un acampe «por tiempo indeterminado» para «mostrar la realidad», así como lo hicieron en la gestión anterior, de Alberto Fernández, donde llevaron adelante cuatro medidas similares.
«No sé qué van a hacer. ¿Reprimir y golpear a la gente con discapacidad que no está haciendo nada? Están todos locos», concluyó el dirigente, en referencia a la posibilidad de que el Gobierno responda con represión ante una protesta pacífica.
El desfinanciamiento del sistema de salud para personas con discapacidad
El reclamo de los manifestantes se enmarca en un escenario más amplio de desfinanciamiento del sistema de salud para personas con discapacidad. Según la fiscalía que investiga la causa ANDIS, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 el organismo habría operado como una «ventanilla de pagos millonarios» con procedimientos que no garantizaban principios de transparencia y competencia, lo que derivó en presuntos sobreprecios y direccionamiento de contrataciones hacia empresas proveedoras.
En ese contexto, la Droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, fue beneficiada en un año con compras por aproximadamente 55.000 millones de pesos, volumen que ahora se encuentra bajo análisis judicial. La investigación busca determinar si existió un entramado de corrupción público-privado mediante el cual el organismo habría sido utilizado para favorecer a determinados proveedores del sector salud.
Mientras la Justicia avanza sobre el presunto esquema de corrupción que habría operado durante la gestión anterior, los familiares de personas con discapacidad y los prestadores enfrentan seis meses de deudas acumuladas sin que el Gobierno nacional concrete los giros de fondos necesarios para sostener las prestaciones. La situación genera un cuadro de incertidumbre para miles de familias que dependen de estos programas para acceder a tratamientos, medicamentos y traslados.
La concentración frente a Casa Rosada refleja la tensión creciente entre el Gobierno y los sectores vinculados a la atención de personas con discapacidad, en un contexto donde la crisis de gestión se combina con la falta de recursos y la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales.
Puntos clave:
- Familiares de personas con discapacidad, prestadores y transportistas se concentraron frente a Casa Rosada para reclamar deudas acumuladas desde septiembre de 2025
- Daniel Macizo, presidente de la UTBA, afirmó que las autoridades responsabilizan al Ministerio de Economía por no girar los fondos necesarios
- Los manifestantes evalúan realizar un acampe por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas del Gobierno nacional
- La ANDIS se encuentra bajo investigación judicial por un presunto esquema de corrupción con 19 personas procesadas, incluyendo al ex director Diego Spagnuolo
- El reclamo se produce en un contexto de desfinanciamiento del sistema de salud para personas con discapacidad y crisis institucional en el área
Denuncia
Fuga de Bolsonaro por Puerto Iguazú: denuncian a Milei por encubrimiento agravado
Comodoro Py investiga si el Gobierno de Javier Milei facilitó la salida de Flávio Bolsonaro, quien tenía prohibido abandonar Brasil, cruzó por Puerto Iguazú y viajó a Estados Unidos en un jet privado. Ya hay al menos tres denuncias penales, un pedido de interpelación al canciller y sospechas sobre la presencia en Misiones del asesor Santiago Caputo.
Flávio Bolsonaro, con prohibición judicial de salir de Brasil, cruzó la frontera argentina, abordó un jet privado en Puerto Iguazú y horas después estaba en Estados Unidos, con el aval de una Migraciones que informó que no existía ningún impedimento legal. Ahora la Justicia federal investiga si el Gobierno de Javier Milei hizo algo más que mirar.
El senador y excandidato presidencial del Partido Liberal, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ingresó por el Puente Internacional Tancredo Neves el martes 27 de octubre a las 22:50, junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones. La primera denuncia penal contra Milei y funcionarios de su gobierno la presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, en Comodoro Py.
La denuncia: encubrimiento, abuso de autoridad y malversación
Solano denunció la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales. En su escrito sostuvo que era imposible que Milei desconociera la prohibición de salida del país que le impuso el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. Para el denunciante, el Presidente “es cómplice de este accionar ilícito” y utilizó los recursos del Estado para ejecutar una maniobra clandestina.
El dirigente también apuntó contra Migraciones, a la que acusó de omitir dolosamente la colaboración internacional y las alertas sobre la restricción dictada en Brasil. Pidió medidas de prueba, entre ellas un pedido de informes urgente a las fuerzas federales de Misiones para que detallen la presencia de Bolsonaro en la zona.
El expediente quedó sorteado en el juzgado de Capuchetti, que este año está de turno con la Fiscalía Federal N°10, a cargo de Paloma Ochoa. Según pudo saberse, la magistrada todavía no había girado la presentación a la fiscal para que dictamine. Capuchetti es una jueza cuestionada por su actuación en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.
Migraciones: de la falta de registro a la confirmación
Según trascendió, Migraciones había informado primero que no tenía notificada ninguna entrada de Bolsonaro. En la madrugada del miércoles, el organismo confirmó que el excandidato cruzó la frontera y que lo hizo con documentación hábil de viaje, sin ningún impedimento legal para ingresar al país. Las autoridades argentinas aclararon que no existía pedido de captura que activara una alerta en sus sistemas.
De acuerdo con los datos oficiales difundidos, el avión privado despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú a las 00:21 del miércoles. La denuncia de Solano señala que se trató de un vuelo de la empresa Baires Fly. Horas más tarde, según trascendió, Bolsonaro ya estaba en Miami.
Caputo en Misiones y una lluvia de denuncias
Según trascendió, el asesor presidencial Santiago Caputo se encontraba en Misiones cuando partió la aeronave. La diputada nacional Marcela Pagano incorporó ese dato a su denuncia penal y pidió que se esclarezca su presencia. La legisladora presentó su escrito ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú, donde el fiscal Fabián Martínez solicitó informes a organismos oficiales para determinar cómo ingresó Bolsonaro y si existía algún impedimento legal. Pagano pidió además preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional y del aeropuerto.
El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) también radicó una denuncia por presunto encubrimiento agravado contra Milei, el canciller Pablo Quirno y Caputo. Su presentación quedó sorteada en el Juzgado Federal 3, a cargo de Sebastián Ramos, aunque como la de Solano entró primero es probable que las causas se acumulen en el juzgado de Capuchetti. En la Cámara baja, el diputado Pablo Juliano pidió la interpelación de Quirno.
Un aliado que prometió no irse
Tras perder el domingo la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro grabó un video en el que contó que la Policía Federal lo interceptó para pedirle que entregue sus pasaportes y notificarlo de la prohibición de salida del país. En ese mismo mensaje afirmó: “Nunca pensé en abandonar el país”. La frase quedó desmentida por los hechos.
El episodio llega después de meses de alineamiento político. En julio, durante su visita a San Pablo, Milei respaldó la candidatura de Flávio y llamó “ladrón” a Lula sin nombrarlo. Tras la primera vuelta del 4 de octubre, celebró en su cuenta de X la derrota de un “zurdo comunista”.
La Justicia deberá determinar si el Gobierno cumplió con sus deberes de cooperación internacional y control fronterizo, o si puso la estructura del Estado al servicio de un aliado político. La Casa Rosada sostiene que no hubo impedimento legal; los denunciantes sostienen que hubo una maniobra.
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