El endeudamiento en los barrios populares de Argentina alcanzó en agosto de 2026 una dimensión que supera la crisis y configura una emergencia social: casi seis de cada diez familias que viven en asentamientos informales deben dinero, y cuatro de cada diez se endeudaron exclusivamente para alimentarse. Así lo revela una encuesta nacional realizada por el Instituto Periferias durante el mes de agosto, con una muestra de más de 5.000 familias distribuidas en barrios populares de todo el país.

La deuda para comer, el dato más crudo

El informe del Instituto Periferias determinó que el 59,8% de la población de los asentamientos está endeudada. Pero el dato que más impacta no es el porcentaje general sino su causa principal: el 42,3% de quienes se endeudaron lo hicieron para comprar alimentos. No para invertir, no para acceder a un bien durable, no para afrontar una emergencia médica: para comer.

Esta cifra no puede leerse en abstracto. Se monta sobre un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos populares desde diciembre de 2023, agravado por el tarifazo en servicios públicos, la suba de alimentos y el desmantelamiento de programas sociales. Según datos del INDEC a marzo de 2026, la Canasta Básica Alimentaria acumula una variación interanual del 32,8%, mientras los salarios informales, mayoritarios en los barrios populares, corrieron muy por debajo de esa marca.

Tarjetas, conocidos y usureros: la anatomía de la deuda popular

La encuesta también desagregó los mecanismos de endeudamiento. El primero en importancia son las tarjetas de crédito (37,8%), que si bien forman parte del sistema financiero formal, suelen implicar tasas elevadas para los usuarios de menores ingresos. En segundo lugar aparecen préstamos de conocidos y familiares (28,7%), una red de solidaridad informal que sostiene a los hogares más vulnerables pero que también expresa la ausencia de acceso al crédito institucional.

El tercer lugar es el más preocupante: el 23,6% se endeudó con particulares, una categoría que el propio informe señala como una «alerta respecto de usureros» y de «dinero de personas físicas que suele ligarse en los barrios populares al narcotráfico o a dinero proveniente de redes delictivas, que aprovechan el contexto de endeudamiento para consolidar su control sobre las comunidades ante la retirada del Estado y las políticas de acompañamiento». En cuarto lugar se ubican las aplicaciones y billeteras virtuales (23,3%), cuya penetración en los sectores populares creció notablemente en los últimos años.

Este cuadro se articula con datos ya relevados por el Centro de Estudios para la Ciudad y la Fundación Friedrich Ebert, que en julio de 2026 estimaron que la tasa de mora del sistema financiero trepó al 17,5% y que casi cinco millones de personas se encuentran en situación irregular de deuda. En los sectores más vulnerables, los que no acceden a la banca tradicional, la mora supera el 31%.

Menéndez: «La culpa es del gobierno nacional»

Daniel Menéndez, director del Instituto Periferias, fue contundente al presentar los resultados: «La culpa de este endeudamiento es del gobierno nacional que empujó a la gente que no puede llegar a fin de mes, ante la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios frente a la inflación, a endeudarse para sobrevivir».

Menéndez también advirtió sobre las consecuencias del repliegue del Estado en los territorios: «En ese camino de desesperación, muchas personas cayeron en manos de usureros inescrupulosos, en general amigos de este gobierno, que actúan impunemente sin que el Estado les ponga límites». Y remató: «El problema no son los argentinos, ni es un tema entre privados; el problema es el gobierno de Javier Milei y sus políticas económicas que están destruyendo nuestro país y a nuestra gente».

Las palabras de Menéndez describen un mecanismo que el informe documenta con precisión: cuando el Estado se retira de los barrios populares, el vacío lo ocupan el crédito informal caro, el usurero y, en el extremo más peligroso, las organizaciones delictivas. El ajuste fiscal no es neutral; tiene geografía, tiene clase social y tiene consecuencias sobre la seguridad y la soberanía territorial de las comunidades más vulnerables.

Un estudio que amplía el mapa del ahogo económico

El relevamiento del Instituto Periferias completa un cuadro que otros estudios recientes ya venían delineando. El Instituto Universitario CIAS había determinado que el 57% de los hogares de jóvenes del AMBA tuvo que pedir dinero prestado para afrontar gastos cotidianos en 2026. La Fundación Encuentro estimó que el 78% de los hogares argentinos se ubica entre la clase media baja y la clase baja. Y el Foro Economía y Trabajo, en un documento publicado en mayo de 2026, advirtió que el sistema tributario vigente es estructuralmente regresivo y que el ajuste fiscal impuesto por las metas del FMI destruye el gasto social sin tocar a los sectores concentrados.

Lo que el informe del Instituto Periferias aporta es el detalle más fino: el endeudamiento para sobrevivir ya no es la excepción en los barrios populares, sino la norma. Y cuando sobrevivir depende del usurero, el problema deja de ser solo económico para volverse también un problema de seguridad, de tejido social y de soberanía popular sobre el propio territorio.

Puntos clave

• El 59,8% de las familias en barrios populares está endeudado, según encuesta nacional del Instituto Periferias con más de 5.000 hogares relevados en agosto de 2026.
• El 42,3% de quienes se endeudaron lo hizo para comprar alimentos.
• El 23,6% recurrió a particulares, una modalidad que el informe vincula con usureros y redes delictivas que se consolidan ante la retirada del Estado.
• El 23,3% utilizó aplicaciones y billeteras virtuales como fuente de financiamiento.
• El director del Instituto Periferias, Daniel Menéndez, responsabilizó directamente al gobierno de Javier Milei por el endeudamiento forzado de los sectores populares.