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El Central señaló que no hay impedimento para que los bancos vendan dólares
La autoridad monetaria señaló que la base de datos de las personas que reciben un plan social, uno de los criterios de exclusión para comprar hasta US$ 200 para atesorar por mes, está disponible en Internet y es pública, por lo que los bancos pueden consultarla.
La autoridad monetaria señaló que la base de datos de las personas que reciben un plan social, uno de los criterios de exclusión para comprar hasta US$ 200 para atesorar por mes, está disponible en Internet y es pública, por lo que los bancos pueden consultarla.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aseguró este lunes que no hay impedimentos para que las entidades financieras vendan dólares a los clientes que cumplan con los requisitos para hacerlo, pese a que la operatoria está inhabilitada en las homebanking de todos los bancos desde el miércoles de la semana pasada.
La autoridad monetaria señaló que la base de datos de las personas que reciben un plan social -uno de los criterios de exclusión para comprar hasta US$ 200 para atesorar por mes- está disponible en Internet y es pública, por lo que los bancos pueden consultarla.
En tanto, desde los bancos argumentaron que para acceder a esa información es necesario ingresar manualmente los datos de cada cliente en la página web de la Anses, lo que torna al cotejo «virtualmente imposible» para las operaciones a través de Internet.
«No hay impedimento para que los bancos vendan dólares. La web de Anses estuvo siempre disponible. La base de datos es pública y los bancos pueden hacer a la consulta», aseguraron fuentes del BCRA.
El martes pasado, a través de la comunicación «A» 7105, el Central determinó que no podrán comprar dólar los beneficiarios de un plan o programa de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario, entre otra media docena de nuevas restrcciones.
Ante este escenario, los bancos trabajaron durante los últimos días para actualizar sus sistemas e instrumentar las normativas y pidieron a la Anses la base de datos de quienes tienen un plan social para cruzarla con sus clientes.
«Más de 4 millones de personas compraron dólares en agosto. Es imposible cargar a mano los nombres de todos para saber si tienen o no un plan social. Necesitamos tener el aval del Central para que los clientes firmen una declaración jurada o que Anses nos de la base de datos», confiaron a Télam voceros de uno de los principales bancos del país.
Hasta el martes pasado los bancos tenían la obligación de verificar que los clientes que quisieran comprar dólar ahorro no hubieran realizado operaciones de compra o venta de dólar a través de la bolsa o hubieran accedido a créditos a tasa cero, entre otras exigencias.
Para hacerlo, la mayoría habilitó un mecanismo de declaración jurada que depositaba en el cliente la responsabilidad de cumplir con la norma y liberaba al banco de habilitar la venta sin sufrir riesgos de violar la Ley Penal Cambiaria.
En tanto, la normativa del BCRA publicada la semana pasada no permite a los bancos emitir una declaración jurada para que el cliente diga que no son titulares de un plan social y, en cambio, deben verificarlo individualmente.
«Las entidades financieras deberán realizar una consulta en la página de Internet de la Anses de la que resulte una certificación negativa denegada por contar la persona con ingresos propios por estar en relación de dependencia, ser beneficiaria de haberes previsionales o ser trabajadora autónoma, monotributista o de casas particulares», detalló el Central en la comunicación.
Desde el sector bancario argumentaron que el modo de acceso a esta información no es operativa y señalaron que otra opción podría ser que la Anses les otorgue el listado de titulares de planes.
Fuentes del organismo que conduce Fenanda Raverta aseguraron que esa no es una opción posible. En ese marco, la Anses señaló a través de un comunicado que esa información está disponible , en la dirección web: servicioswww.anses.gob.ar/censite.
Según informaron las fuentes, tanto los bancos como el BCRA trabajan en una solución, pero, de continuar este escenario, mañana será el quinto día hábil seguido sin la posibilidad de comprar dólares a través del sistema homebanking.
La comunicación «A» 7105 restringió la compra de moneda extranjera a los beneficiarios de IFE, AUH y el resto de los planes sociales, así como a quienes no tengan ingresos declarados y a los cotitulares de cuentas en moneda extranjera.
También impidió la operatoria a quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales y prendarios, cuotas de créditos hipotecarios, el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses o sean deudores de créditos hipotecarios UVA.
Además, impuso que la compra de dólar oficial tenga una percepción de 35% sobre el impuesto a las Ganancias o Bienes Personales, que se suma al recargo del 30% del impuesto PAÍS que se aplican sobre el precio de venta oficial de la divisa.
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Histórico en la OIT: el mundo reconoció que los repartidores son trabajadores y tienen derechos
¿Que garantiza el nuevo convenio?. La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.
En la histórica 114ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, los 187 países miembros de la OIT adoptaron por amplia mayoría un convenio vinculante que garantiza salario mínimo, seguridad social, libertad sindical y transparencia algorítmica para repartidores, conductores y trabajadores de aplicaciones.
La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó este viernes, en el cierre de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, el primer convenio global destinado a garantizar derechos laborales básicos para los trabajadores de la economía de plataformas digitales. El texto, resultado de dos años de negociaciones tripartitas entre gobiernos, empleadores y organizaciones sindicales, se adoptó por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones en la asamblea anual del organismo, presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay, Juan Castillo.
El convenio entrará en vigor una vez sea ratificado por al menos dos países miembros, a los doce meses de ese acto de ratificación. Su alcance es universal: se aplica a todos los trabajadores de plataformas digitales, independientemente de su situación laboral formal, lo que incluye a conductores de aplicaciones como Uber y Bolt, repartidores de servicios como Rappi y Glovo, y trabajadores remotos de plataformas de servicios digitales.
Un hito histórico tras décadas de precarización
La aprobación del convenio pone fin a décadas de vacío regulatorio que permitió a las grandes empresas tecnológicas operar en todo el mundo bajo el argumento de que sus trabajadores son «colaboradores independientes», negándoles acceso a salario mínimo, cobertura médica, jubilación y derecho a la sindicalización. El texto aprobado reconoce explícitamente que la economía de plataformas «está transformando significativamente el mundo laboral» pero identifica graves «déficits» en materia de trabajo decente que los marcos regulatorios nacionales no lograron corregir de manera uniforme.
El convenio establece que los trabajadores por aplicación deberán percibir una remuneración en ningún caso inferior al salario mínimo legal o negociado vigente en cada país, y acceder a protección en materia de seguridad social en condiciones equivalentes a las de cualquier otro trabajador. Además, obliga a las plataformas digitales a ser transparentes sobre sus mecanismos de pago, las deducciones aplicadas y el funcionamiento de los sistemas algorítmicos que asignan tareas, calculan tarifas, miden rendimiento y determinan bloqueos o suspensiones de cuentas.
Libertad sindical y transparencia algorítmica, en el centro
Entre los ejes centrales del convenio figura el reconocimiento expreso del derecho a la libertad de asociación sindical y a la negociación colectiva para los trabajadores de plataformas, un derecho que las empresas del sector negaron sistemáticamente durante años. El texto también insta a los Estados miembros a adoptar medidas para garantizar la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil en el sector, la no discriminación y entornos laborales seguros y saludables.
Respecto a los sistemas algorítmicos, el convenio obliga a las empresas a informar a los trabajadores cómo se toman las decisiones automatizadas que afectan su actividad y a reconocerles el derecho a impugnar esas decisiones. Este punto fue uno de los más disputados durante las negociaciones, dado el modelo de negocio de las grandes plataformas, que utilizan la gestión algorítmica como herramienta de control laboral sin intermediación humana.
Argentina en Ginebra: entre el nuevo convenio y las denuncias contra Milei
La delegación sindical argentina tuvo una activa participación en la 114ª Conferencia. Horacio Calculli, integrante de la delegación de la Confederación General del Trabajo (CGT), actuó en múltiples frentes durante las dos semanas de trabajo en Ginebra. En su carácter de secretario de Salud y Seguridad Operacional de la Asociación Argentina de Aeronavegantes mantuvo una reunión con Horacio Guido, especialista de la OIT en normas internacionales del trabajo, para dar seguimiento a la denuncia presentada por las organizaciones sindicales aeronáuticas argentinas ante los órganos de control del organismo.
Esa denuncia acusa al gobierno de Javier Milei de violar el derecho de huelga, deteriorar las condiciones laborales y perseguir a dirigentes sindicales, según fuentes gremiales consultadas. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, advirtió antes de la conferencia que Argentina estaba en condiciones de quedar «en el banquillo de los acusados» ante el organismo internacional, dado el historial de violaciones laborales de la gestión libertaria. La postura del gobierno nacional fue defendida en Ginebra por el embajador Carlos Foradori, representante permanente ante los organismos internacionales con sede en esa ciudad, ya que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no concurrió a la conferencia.
En paralelo, Calculli desarrolló una agenda internacional como miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y como presidente del Grupo de Asesores sobre Economía de Plataformas de esa federación. En ese marco mantuvo una reunión con el presidente de la ITF, Frank Moreels, para analizar la situación del transporte en Argentina y América Latina y los desafíos que enfrentan las organizaciones sindicales ante los cambios tecnológicos y productivos. También participó de reuniones vinculadas a la estrategia global de la ITF para garantizar derechos laborales para trabajadores de plataformas.
En ese contexto, Calculli subrayó que los debates de la OIT son fundamentales para construir respuestas globales frente a los cambios que atraviesa el trabajo. «La defensa de la libertad sindical, la negociación colectiva y el trabajo decente sigue siendo una tarea central para el movimiento sindical internacional. Del mismo modo, resulta fundamental que los organismos internacionales continúen monitoreando el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por nuestro país», afirmó el dirigente, quien también integra la Comisión Directiva de la CATT.
El contexto argentino: reforma laboral regresiva y denuncias en el plano internacional
La aprobación del convenio llega en un momento en que el gobierno de Milei impulsa, mediante la reforma laboral contenida en la Ley de Modernización Laboral 27.802, un esquema regresivo para los derechos de los trabajadores.
La CATT, que agrupa a los gremios del transporte, expresó públicamente su oposición a esa norma, advirtiendo que «debilita la negociación colectiva, precariza condiciones laborales y desconoce conquistas históricas del movimiento obrero argentino». En ese cuadro, el nuevo convenio de la OIT sobre economía de plataformas ofrece al movimiento sindical local un instrumento jurídico de carácter internacional para disputar los derechos de los trabajadores digitales en el plano nacional.
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