Educación
Universidades contra Milei: llega a la Corte el petitorio de un millón de firmas
Familias, docentes y centros de estudiantes de colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Salta lanzarán un petitorio nacional ante la Corte Suprema. La campaña apunta a reunir un millón de firmas para exigir la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.
Familias autoconvocadas, docentes, no docentes y centros de estudiantes de los principales colegios preuniversitarios del país lanzarán este viernes un petitorio nacional dirigido a la Corte Suprema para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al recurso interpuesto por el Gobierno de Javier Milei para frenarla.
La iniciativa, que aspira a reunir un millón de firmas en todo el territorio nacional, fue impulsada por representantes de algunas de las comunidades educativas más emblemáticas del sistema universitario argentino, en un contexto en que el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades públicas sigue sin resolverse y con la pelota en la cancha de la Corte.
El petitorio y sus impulsores
El anuncio formal se realizará en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en Avenida Callao 569, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria incluye una conferencia de prensa en formato mixto, presencial y remota.
Entre las instituciones que encabezan la presentación se encuentran representantes de familias y centros de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de Córdoba, y del Jardín y Escuela Graduada Joaquín V. González de La Plata, entre otras instituciones de distintos puntos del país.
La acción busca garantizar además la recomposición del salario docente, duramente golpeado por el ajuste libertario desde diciembre de 2023.
La Corte, árbitro de una pulseada que el Gobierno quiso ganar en los tribunales
El petitorio llega en un momento de alta tensión institucional. El Gobierno de Javier Milei interpuso un recurso ante la Corte Suprema para frenar la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso con amplio respaldo multipartidario. La medida fue calificada por las organizaciones universitarias como un avasallamiento a la voluntad legislativa.
En un comunicado conjunto, los organizadores subrayaron la gravedad institucional del momento: «De la decisión que tome la Corte Suprema dependen nuestros colegios, jardines de primera infancia, hospitales de clínicas universitarios, investigadores del CONICET y facultades en todo el país.»
Campaña federal y convocatoria abierta
La organización aclaró que el petitorio no se circunscribirá a la comunidad preuniversitaria: apunta a convertirse en una «campaña masiva de recolección de firmas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional», con mesas callejeras de votación en las 23 provincias.
«Vamos por un millón de firmas y porque más escuelas dependientes de universidades nacionales se adhieran a esta iniciativa que tiene como único objetivo que se respete la institucionalidad, la independencia de los poderes y se aplique la ley aprobada y ratificada por el Congreso», expresaron desde la organización en un comunicado.
Los convocantes extendieron la invitación a sindicatos, organismos de derechos humanos y la sociedad civil en general para sumarse a las mesas de recolección de firmas, y llamaron a los medios de comunicación a cubrir la conferencia de prensa donde se brindarán los detalles logísticos y los pasos legales a seguir ante el máximo tribunal.
Antecedentes: un conflicto que no cierra
El conflicto universitario arrastra más de dos años de tensión desde que la gestión Milei aplicó un congelamiento presupuestario que golpeó transferencias, salarios y programas de investigación. Las universidades nacionales perdieron cerca de un 45% de poder adquisitivo en sus transferencias desde el Estado, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El sistema docente acumuló una pérdida real de más de siete salarios desde diciembre de 2023, de acuerdo a estimaciones de las federaciones gremiales del sector.
A esa sangría se sumaron los sucesivos recursos judiciales del Ejecutivo para bloquear la aplicación de la ley de financiamiento, lo que motivó cuatro marchas federales universitarias y múltiples pronunciamientos del CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la CGT y las dos CTA. La Corte Suprema tiene ahora en sus manos la definición de un conflicto que el Gobierno eligió judicializar antes que resolver por la vía del diálogo.
Puntos clave:
- Familias, docentes y centros de estudiantes de colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Salta lanzarán un petitorio nacional ante la Corte Suprema.
- La campaña apunta a reunir un millón de firmas para exigir la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.
- El Gobierno de Milei interpuso un recurso judicial para frenar la normativa aprobada por el Congreso.
- Los organizadores advierten que el fallo de la Corte impactará en colegios, jardines, hospitales universitarios y el CONICET.
- Los convocantes invitan a sindicatos, organismos de derechos humanos y la sociedad civil a sumarse a las mesas callejeras de firma.
Educación
CONADU Histórica inicia un paro de una semana por la ley de financiamiento, días después del Papa
La federación docente realiza un paro hasta el miércoles 18 y reclama el cumplimiento de la ley, la deuda salarial y un Presupuesto 2027 que la respete. El oficialismo busca llevar ese proyecto al recinto de Diputados el 18 o el 25 de noviembre.
La CONADU Histórica inició este jueves un paro nacional de una semana en las universidades públicas, que se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre. La federación reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial que, según denuncia, el Estado nacional mantiene con la docencia universitaria y preuniversitaria, y un Presupuesto 2027 que respete esa norma. La medida llega cuatro días después del discurso de León XIV en el Palacio Libertad, que pidió robustecer la universidad.
La decisión se tomó el viernes 6 de noviembre, en un Congreso Extraordinario con 81 representantes de asociaciones de base, que aprobaron la semana de paro por amplia mayoría. La Asociación Gremial Docente de la UBA remarcó que el proyecto de presupuesto del año próximo debe respetar lo que establece la ley.
El Congreso también resolvió, por unanimidad, una huelga de 24 horas el día en que se trate el Presupuesto 2027 en el Parlamento. Además, pondrá en consulta nacional la posibilidad de afectar los exámenes de diciembre y debatirá medidas para el inicio del ciclo 2027 si el Gobierno sigue sin aplicar la ley. El personal nodocente de la FATUN suma paros de 24 horas este jueves y el lunes 16, en el mismo reclamo.
El oficialismo busca firmar el dictamen del Presupuesto 2027 y llevarlo al recinto de Diputados el 18 o el 25 de noviembre, según se informó. Esta tarde se reúne con los bloques aliados, que reclaman cambios; el radicalismo insistirá con el financiamiento universitario. Si el debate fuera el 18, coincidiría con el último día de la semana de paro.
La ley, el veto y la Justicia
La Ley 27.795 fue ratificada por amplias mayorías en el Congreso después del veto presidencial. El Poder Ejecutivo la promulgó con el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a que se definieran las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional esa cláusula y ordenó cumplir la norma. El Gobierno apeló y, el 9 de octubre, el magistrado concedió el recurso: ahora decide la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Según esa resolución, seguía vigente la cautelar que ordena recomponer salarios docentes y becas. La CONADU Histórica sostiene que el Gobierno la continúa incumpliendo.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Gobierno incumple. En un documento que su presidente, Franco Bartolacci, entregó al Papa en Roma el 23 de octubre, afirmó que el Ejecutivo “desconoce los otros dos poderes de la República” al ignorar la ley y desoír los fallos que ordenan su cumplimiento inmediato. El conflicto tuvo su expresión callejera en la quinta Marcha Federal Universitaria, el 15 de octubre, frente al Congreso.
El Presupuesto 2027 y los salarios
El CIN pidió 11 billones de pesos para 2027, un 33% más que lo previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. Bartolacci, que además es rector de la Universidad Nacional de Rosario, advirtió ante los legisladores: “Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene, ni más ni menos que eso”. Su vicepresidente, Anselmo Torres, agregó: “Ni siquiera alcanzaría para los salarios”.
En una entrevista reciente, Bartolacci situó el reclamo salarial en el centro del conflicto. Dijo que alrededor del 70% de los trabajadores docentes y nodocentes de la educación superior cobra menos de 850.000 pesos mensuales. “Eso te provoca muchas cosas: renuncias, perdés recursos humanos muy valiosos (…). Cuando no tenés renuncia, tenés cada vez más extendido el pluriempleo, porque ante la dificultad salarial, para poder vivir incorporan otros trabajos”, explicó. Y sumó: “Mucho cansancio, malestar en la comunidad, por la situación salarial por supuesto, pero también por el destrato y la desconsideración del gobierno nacional”.
El mensaje del Papa y la discusión en el Congreso
El domingo 8 de noviembre, en su primer discurso ante las autoridades, en el Palacio Libertad, León XIV dijo: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”. Y agregó: “Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”. El texto no menciona la ley, el presupuesto ni los salarios universitarios.
Bartolacci participó el lunes 9 del encuentro del Papa con instituciones y el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. “Está muy bien aplaudir efusivamente un mensaje cargado de afirmaciones trascendentes sobre casi todos los temas importantes que enfrenta el país. Pero valorar el mensaje exige algo más: escucharlo más atentamente y hacerlo carne en nuestras prácticas cotidianas”, señaló. En el Congreso, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, reclamó: “Que haya partidas para educación, que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario”.
Lo que tenés que saber:
- La CONADU Histórica paró desde este jueves y hasta el miércoles 18 de noviembre, por una resolución del Congreso Extraordinario del 6 de noviembre.
- Reclama que se cumpla la Ley 27.795, el pago de la deuda salarial y un Presupuesto 2027 acorde a esa norma.
- Habrá otra huelga de 24 horas el día en que el Congreso trate el Presupuesto; el oficialismo apunta al 18 o al 25 de noviembre. Los exámenes de diciembre quedaron en consulta.
- La Justicia declaró inconstitucional la cláusula que condicionaba la ley; el Gobierno apeló y la Cámara decide.
- El CIN pidió 11 billones para 2027, un 33% más que el proyecto oficial, y Bartolacci advirtió que sin cambios será muy difícil abrir las universidades.
-
Fútbol & Goles!1 día“Vos sos el sucesor de mi hijo”: el emotivo mensaje de Celia Messi a Nico Paz
-
Goles! ⚽1 díaTévez arma una despedida de lujo con Messi, Riquelme y Ferdinand
-
Fútbol & Goles!7 díasArgentina dominó, remató 18 veces y perdió 2-1 con Uruguay en la era post Messi
-
Salud 🩺5 díasSolo el 1,5% de los argentinos dona sangre, lejos del 3% al 5% necesario
-
CABA22 horasPatos de Palermo: el robo destapó 60 animales hacinados en Billinghurst
-
América Latina2 díasA diez meses de la captura de Maduro, Caracas y EE.UU. sellan un pacto militar
-
Deportes6 díasFox Sports se despide de la Argentina el 31 de enero y la F1 queda en suspenso
-
Deportes4 díasBeligoy compró un departamento a US$1.650 el metro; la constructora pide 4.000
