Una integrante de Amnistía Internacional en Argentina que actúa como «observadora» en el juicio por el crimen de Blas Correas, asesinado de un balazo en un control policial en Córdoba en agosto del 2020 en pleno aislamiento por la pandemia del coronavirus, aseguró hoy que el homicidio del adolescente de 17 años configuraba un caso de «violencia institucional» que no fue «aislado ni exclusivo» de esa provincia, y afirmó que su rol es «asegurar las garantías del proceso y que se haga Justicia».

Se trata de la directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Argentina, Noelia Garone, quien consideró en una entrevista con Télam que como observadora del juicio por jurados al que responden 13 policías de Córdoba por el crimen de Correas (17) busca que «se cumplan las debidas garantías del proceso, que haya esclarecimiento y se haga Justicia».

Sin embargo, apuntó a lo que consideró un claro caso de «violencia institucional» que se vivió en esa época del país, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia del coronavirus, sobre el cual dijo que se requiere «cambios profundos en lo institucional y estructural de las fuerzas de seguridad» para evitarlos.

Garone dijo a Télam que lo que le ocurrió a Blas Correas «no es un caso aislado ni exclusivo de Córdoba. Son situaciones que vienen de larga data y ocurren en todo el país por el uso arbitrario de las fuerzas de seguridad»..

En los primeros meses de 2020, durante la pandemia de coronavirus, Amnistía Internacional realizó un relevamiento y en Argentina «fueron detectados más de 30 casos de violencia institucional y medidas arbitrarias» adoptadas por las fuerzas cuando aumentaron los controles por el riesgo sanitario.

Al respecto detalló que entre marzo y mayo de 2020 las fuerzas federales realizaron 10.887 detenciones en todo el país, en el contexto de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mientras que la policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo a 1.192 personas; en Santa Fe 21.478; en Córdoba 17.214 y en Chubut 6.419, entre otras provincias.

En ese sentido, Garone dijo que se requiere del «fuerte compromiso entre todas las jurisdicciones, federal y provincias, para adoptar medidas coordinadas y consensuadas para avanzar con cambios profundos. Es la única forma de terminar con estas prácticas», remarcó y agregó que se observa «voluntad de cambio, pero no al ritmo de la urgencia que se requiere».

La conducta policial de atacar a balazos el automóvil donde se transportaba Correas, no prestar atención médica de emergencia ni trasladarlo a un centro asistencial cuando todavía estaba con vida y el maltrato a los familiares «son delitos de violencia institucional», por lo tanto «el Estado debe responder por esas violaciones a los derechos humanos», aseveró Garone.

Amnistía Internacional fue admitida como ‘observador’ del juicio que, desde el 7 de septiembre, se realiza en los tribunales de la capital de Córdoba en contra de 13 efectivos policiales acusados por distintas responsabilidades.

«Nuestro rol es asegurar el cumplimiento de las debidas garantías del proceso, que haya esclarecimiento y se haga justicia», resaltó la directiva del organismo internacional.

Transcurridos 17 audiencias del debate oral y público, con declaraciones de 40 testigos, además de la exposición de otras documentales e instrumentales, Garone sostuvo que el juicio, que lleva a adelante el tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y con jurado popular, «viene muy avanzado y con pruebas nuevas muy importantes sobre otras responsabilidades penales y administrativas».

Manifestó también que desde el organismo se mantienen «expectante» sobre el testimonio de quien fuera ministro de Seguridad al momento del hecho, Alfonso Mosquera, quien fue citado como testigo para el 24 de noviembre, al sostener que «fue la máxima autoridad» de las fuerzas de seguridad y «es muy importante su declaración», remarcó.

Con respecto al proceso de enjuiciamiento, el jueves de la semana pasada se realizó la última audiencia y pasó a cuarto intermedio hasta el próximo viernes 11, a las 9, para continuar con la recepción de pruebas testimoniales y documentales.

En este proceso se debate el hecho ocurrido la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando los adolescentes circulaban por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.

Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo primero Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.

Ambos afrontan cargos como «coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos».

En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan son de «falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público», ya que se les imputa, entre otras cosas, haber «plantado» un arma para simular un enfrentamiento con los jóvenes.