Análisis
Qué hacer con el FMI
Para no repetir la historia debemos tomar medidas drásticas en favor del pueblo argentino.
Por Horacio Rovelli
La deuda externa del gobierno de Cambiemos se genera cuando deciden tomar deudas en divisas para cubrir el déficit fiscal del año 2015, que es en nuestra moneda y de aproximadamente el 4,5% del PIB, unos 216.000 millones de pesos y se tomaron dólares para ello. Más el pago a los fondos buitres encabezados por Paul Singer, por 9.300 millones de dólares, más los déficit fiscales de su inepta administración causado por la disminución de las retenciones de la soja y derivados y la eliminación de todos los demás derechos de exportación, más un plan de reducción del impuesto a las ganancias que generaron déficit fiscal que también cubrían colocando títulos públicos en divisas, incluso en un bono a 100 años.
Ingresan las divisas y como la Administración Nacional debe afrontar los gastos internos en pesos (jubilaciones y pensiones, contratos, salarios de las fuerzas armadas y de seguridad y del resto de los empleados públicos, transferencias, licitaciones de obras, etc.), le da la moneda extranjera al BCRA y la autoridad monetaria se los cambia al valor oficial por pesos.
El problema es que esas divisas el BCRA y basándose en la reforma financiera de 1977, se las vende también al tipo de cambio oficial a los particulares, principalmente a las grandes empresas y como el gobierno de Cambiemos fue subiendo el monto máximo que se puede comprar e incluso elimina ese límite en septiembre 2016, permitió que 100 empresas compren 24.769 millones de dólares en los cuatro años de gestión de Cambiemos.
El problema es que esas 100 empresas no pagaron el impuesto a las ganancias por el monto que compraron. Esto es, deberían haber declarado ganancias y haber pagado la tasa del 35 y después del 30% de esa suma, y en los cuatro años la recaudación total del gravamen fue de menos del 10% de los 24.769 millones de dólares. Ninguna de las 100 empresas alcanzó a pagar la mitad de los dólares que compraron. Delito de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes, incluida la de “lavado de activos” para los bancos, que le vendieron esos dólares del BCRA y no tomaron los recaudos del origen de los fondos (claramente demostrado porque no declararon ganancias ni otro tipo de ingresos por los 24.769 millones de dólares).
Paralelamente el gobierno que priorizó la negociación de la deuda externa por encima de impulsar la economía nacional, la producción y el trabajo, logró un período de gracia de la deuda con los tenedores privados de títulos de deuda hasta el segundo semestre de 2024, sí, se le paga los intereses.
Pero con el FMI, deuda que fue tomada sin autorización previa del Congreso de la Nación, no solo se convalidó la deuda desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, sino que incluso se le pagaron las dos primeras cuotas de capital que sumado a los intereses significaron erogaciones por 6.359 millones de dólares en los dos primeros años de gestión.
Es más, grandes empresas que aparecen en el listado de los compradores de dólares, el BCRA que realizó el informe, les vendió al tipo de cambio oficial 8.300 millones de dólares. Y a su vez le vendió al tipo de cambio oficial a grandes importadores para que adelanten el pago de las mismas, más de 6.300 millones de dólares en los dos años transcurridos.
Además pagó intereses de la deuda a los bonistas y, como los servicios como el de flete (transporte), comunicaciones, patentes o royalties, etc. son todos deficitarios y esa es la razón por lo cual el brutal ajuste externos reflejado en superávit comercial de 12.528 millones de dólares del año 2020 y los 14.750 millones del año 2021 se evaporaron, haciendo que las reservas internacionales desciendan en los dos años de gestión de Alberto Fernández.
QUÉ HACER
El BCRA que incluso operó en estos dos años, vendiendo dólares a futuro y en el mercado del contado con liqui y otras operaciones bursátiles y extrabursátiles, para morigerar el precio de los distintos dólares paralelos, todos permitidos por la autoridad monetaria con el pretexto de que no se le puede cerrar la salida de capitales a los grandes fondos de cobertura /inversión que quedaron en el mercado local, como si ello fuera prioritario y no el de generar créditos a la producción y al comercio. ¨Paralelamente el BCRA se niega a dar oficialmente los nombres de los grandes compradores por acogerse a los art. 39 y 40 de la ley 21.526 de secreto bancario de la reforma financiera de 1977.
Todo lo que se ha hecho fue a favor de los grandes fugadores de capital a los que incluso no se los llamó para que expliquen como hicieron para comprar la cantidad de dólares que compraron
Hoy nos encontramos a la puerta de una corrida cambiaria de proporciones, ante un BCRA que se ha quedado sin reservas de libre disponibilidad por incapacidad manifiesta de sus directivos, repitiendo el mismo modus operandi del BCRA de 1989, cuando José Luis Machinea que funcionaba como su Presidente, dijo que no podía vender un solo dólar más, el 6 de febrero de 1989 y, su valor oficial era de 17,62 australes, en abril pasó los 100 australes, cuando asumió en forma anticipada Carlos Menem la Presidencia de la República, lo fijó el 9 de julio de 1989 en 650 australes y, la cosa siguió para terminar en 10.000 australes el 1 de abril de 1991, y en el ínterin se aprobaron las leyes de Reforma Administrativa del Estado y el marco legal para las privatizaciones, vendiendo a precio vil YPF, Gas del Estado, FFCC, Aerolíneas Argentina, ELMA, SEGBA, Obras Sanitarias de la Nación, se traspasaron los puertos a las provincias para que los privatizaran o concesionaran, se le dio a la mineras estabilidad fiscal por 30 años, etc. etc.
Lo mismo quieren hacer ahora, vienen por nuestro subsuelo y por lo que cultivamos para comprarlo a precio de remate. Es más, utilizan los dólares que fugaron en la gestión de Cambiemos y los que “alegremente” les vendió el BCRA en los dos últimos años.
Ante ello se torna imprescindible:
1- Decretar la Emergencia Cambiaria y no vender un solo dólar más bajo ningún concepto y menos los de libre mercado que este gobierno garantizó.
2- Suspender todos los pagos con el FMI, tanto de intereses como de capital y exigir un tiempo prudencial de atraso en la cancelación de los mismos.
3- Levantar el secreto bancario por la Emergencia Cambiaria y que la AFIP y demás organismos de fiscalización exijan a los grandes compradores de monedas extranjeras (se puede empezar con los primeros 100 compradores que lo hicieron por 24.769 millones de dólares en la gestión de Cambiemos) que expliquen como hicieron para comprarlo. Castigar con multa y recuperar parte de esas compras, que lo van a pagar en pesos, pero que sirve para financiar gasto público y de esa manera y naturalmente se reduce el déficit fiscal y es más, se obtiene un superávit que le permite al Estado nacional comprar las divisas para ir amortizando la deuda con el FMI.
4- Férreo control cambiario con intervención de todo el poder de policía del Estado, que se castiguen todas las operaciones paralelas habidas y por haber en el marco de la emergencia cambiaria
5- Emplear gran parte de las Leliq y pases pasivos del BCRA para crear un fondo de crédito para la producción y el trabajo.
La hiperinflación de los años 1989 y 1990, que pulverizaron los salarios, jubilaciones y pensiones, empujando a la pobreza y a la miseria a gran parte de nuestra población fue hija de la híper devaluación de Alfonsín-Menem. Para no repetir la historia debemos tomar medidas drásticas en favor del pueblo argentino.
Análisis
Suicidios récord: la salud mental, otra víctima de la motosierra de Milei
En 2025 se registraron 5.209 suicidios, un 22,6% más que el año anterior, y ya es la primera causa de muerte entre los 15 y los 34 años. Mientras crecen las consultas y las internaciones, el programa de la Ley de Salud Mental perdió un 34% de su presupuesto real.
Catorce vidas por día. Ese es el saldo que dejó el suicidio en la Argentina durante 2025: 5.209 personas murieron por esta causa, la cifra más alta desde que existen registros oficiales en el país. La tasa trepó a 11,8 casos cada 100.000 habitantes, más del triple que la de homicidios dolosos, que se ubicó en 3,6. Hoy mueren muchas más personas por suicidio que por la inseguridad que ocupa el centro de la agenda oficial.
Los datos surgen del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación y marcan un salto del 22,6% respecto de 2024, cuando se habían contabilizado 4.249 muertes. Según el análisis del Observatorio de Política Criminal sobre esa misma base, entre 2017 y 2025 los casos crecieron un 57,7%. La Asociación Argentina de Salud Mental calificó el cuadro como una crisis alarmante que atraviesa todo el territorio nacional, y la diputada nacional Natalia Zaracho (Unión por la Patria) lo resumió sin eufemismos: «Estamos frente a un récord de suicidios en Argentina».
Adolescentes y jóvenes, en el centro de la crisis
El SNIC ubica al suicidio como la primera causa de muerte en la franja de 15 a 34 años, por encima de los siniestros viales. Las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación muestran que desde 2022 ocupa ese primer lugar entre los 15 y los 24 años. En el tramo de 15 a 19 años, la tasa llega a 12,7 cada 100.000 adolescentes, según el estudio sobre suicidio en la adolescencia presentado por UNICEF Argentina. Los números confirman que la crisis de salud mental golpea con más fuerza a quienes recién empiezan a construir su vida.
Cuatro de cada cinco muertes corresponden a varones, mientras que las mujeres concentran el 61% de los intentos. El Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, publicado a fines de diciembre de 2025, contabilizó 11.799 intentos de suicidio hasta el 31 de octubre de ese año, más de 33 por día. El mapa también es desigual: Entre Ríos encabezó el ranking provincial con 20,8 casos cada 100.000 habitantes.
UNICEF advierte que la muerte autoprovocada nunca responde a un único factor, pero su estudio identificó un patrón que interpela directamente a la política pública: las tasas son más altas entre los chicos y chicas con menores niveles de educación. «Este dato indica un vínculo entre eventos relativos al suicidio y grados de vulneración social», afirmó Fernando Zingman, especialista en Salud del organismo. Entre los factores de riesgo, UNICEF señala la ausencia de personas significativas o de instituciones capaces de contener, proteger y acompañar a los adolescentes en su desarrollo.
El Estado que se retira cuando más se lo necesita
La demanda de atención no para de crecer. Según Zaracho, las consultas por salud mental aumentaron un 23% y las internaciones un 42%. Frente a ese escenario, la legisladora describió un sistema con faltante de profesionales, ausencia de turnos y programas de prevención y atención desfinanciados. «Esto no es casualidad», planteó.
Los números del presupuesto le dan la razón. Según la Fundación Soberanía Sanitaria, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud de la Nación cayó un 31% en términos reales entre 2023 y 2024. En 2025, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registró una baja adicional del 18,2%, y el programa financiado bajo la Ley de Salud Mental N° 26.657 perdió un 34% de su presupuesto real. La norma que obliga al Estado a garantizar atención en salud mental sigue vigente en el papel, pero quedó vaciada en los hechos.
El caso más visible es el del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, el único establecimiento público nacional especializado en salud mental y adicciones: su presupuesto acumuló una caída del 46% entre 2023 y 2026, según la Fundación Soberanía Sanitaria. En octubre de 2024 se cerraron allí la internación, la guardia interdisciplinaria y la atención por demanda espontánea. El sindicato de salud FESPROSA denunció además que el desfinanciamiento del programa Remediar dejó a hospitales públicos de todo el país sin psicofármacos para sus pacientes.
El recorte sanitario se inscribe en un ajuste más amplio. Desde diciembre de 2023, los programas sociales cayeron un 61% en términos reales y el gasto primario total un 31%, según el relevamiento del Foro Economía y Trabajo. La motosierra no distinguió entre gasto superfluo y redes que sostienen la vida.
Un malestar que no es solo individual
La tendencia al alza viene de años anteriores, pero el salto de 2025 coincide con el período de mayor deterioro de los ingresos y de retiro del Estado. Investigaciones relevadas por el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos señalan a la pérdida de empleo, la caída del salario real y la incertidumbre sobre el acceso a servicios básicos como condicionantes directos del malestar psíquico. Datos de la Universidad Católica Argentina (UCA) indican que el malestar psicológico se duplica en los sectores que viven por debajo de la línea de pobreza.
La psicóloga Soledad Dawson, directora de la Maestría en Vínculos, Familias y Diversidad Sociocultural de la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires, lo planteó en términos colectivos: «Tenemos delante un problema colectivo, de salud mental, salud física y también de políticas públicas. Su abordaje es multifactorial y requiere corresponsabilidad». Desde esa misma institución subrayaron que la prevención exige una red concreta: «Se necesitan adultos disponibles, familias que puedan pedir ayuda, escuelas capaces de intervenir e instituciones que puedan acompañar».
Las escuelas, los hospitales y los programas que deberían sostener esa red son, precisamente, los que el Gobierno de Javier Milei desfinanció con más intensidad. A eso se suma, según advierten especialistas en salud mental, el peso de un discurso oficial centrado en el mérito individual y la confrontación permanente, que empuja el sufrimiento hacia la soledad en lugar de canalizarlo en lazos colectivos.
Los estudiantes escriben la ley que falta
Ante la falta de respuestas, fueron los propios adolescentes quienes tomaron la iniciativa. Más de 80 estudiantes de 11 escuelas porteñas, convocados por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de la Ciudad de Buenos Aires, debatieron en la Legislatura porteña un proyecto de ley de salud mental escrito desde las aulas, en espacios cedidos por las Madres de Plaza de Mayo y por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Tomaron la palabra delegados del Mariano Acosta, el Nacional Buenos Aires, el Pellegrini, el Lenguas Vivas, el Juan B. Justo y la Técnica 37, entre otros colegios.
«Hoy se demostró la necesidad de una respuesta concreta sobre la crisis de salud mental», escribió la UES en su cuenta oficial. La organización agradeció a la diputada Berenice Iañez por impulsar el proyecto y definió el encuentro como «un primer paso de nuestra ley». El reclamo tiene antecedentes: bloques opositores de la Legislatura ya habían cuestionado que la ley de bienestar escolar aprobada en 2024 a instancias del gobierno de Jorge Macri no garantizara el nombramiento de especialistas en salud mental en las escuelas.
Cuando los adultos a cargo del Estado miran para otro lado, son los adolescentes quienes salen a reclamar la política pública que les corresponde. El suicidio se puede prevenir, repiten los organismos sanitarios; pero la prevención necesita equipos, turnos, hospitales abiertos y programas financiados. Sin presupuesto, la prevención queda reducida a un eslogan.
Dónde pedir ayuda
Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, podés comunicarte de manera gratuita al 135 desde CABA y el Gran Buenos Aires, al (011) 5275 1135 desde todo el país (Centro de Asistencia al Suicida) o al 0800 999 0091, la línea del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, que atiende las 24 horas. En caso de emergencia, llamá al 911.
Lo que tenés que saber:
- En 2025 se registraron 5.209 suicidios en la Argentina, un 22,6% más que en 2024 y el récord de la serie histórica oficial, según el SNIC.
- La tasa llegó a 11,8 cada 100.000 habitantes, más del triple que la de homicidios dolosos.
- El suicidio es la primera causa de muerte entre los 15 y los 34 años; cuatro de cada cinco víctimas son varones.
- El programa de la Ley de Salud Mental perdió un 34% de su presupuesto real en 2025 y el Hospital Bonaparte acumuló un recorte del 46% entre 2023 y 2026.
- Más de 80 estudiantes de 11 escuelas porteñas, nucleados en la UES, debatieron su propio proyecto de ley de salud mental en la Legislatura.
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