DDHH
Desmemoriados: Casación otorgó salidas transitorias a represores
La Sala de Casación de Feria integrada por los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Mahiques y Carlos Gemignani decidió revocar la resolución del Tribunal Oral Federal que había denegado las salidas transitorias solicitadas por las defensas de los represores Eduardo Emilio Kalinec, Juan Carlos Avena y Luis Donocik.
La Secretaría de Derechos Humanos manifestó este viernes su repudio por la decisión de la Sala de Feria de Casación de otorgar el beneficio de salidas transitorias para tres represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito ABO, que conformaban los centros clandestinos de detención de Atlético, Banco y Olimpo.
«En el último día de la feria, previo a que se modifique su conformación, la Sala de Casación integrada por los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Mahiques y Carlos Gemignani decidió revocar la resolución del Tribunal Oral Federal que había denegado las salidas transitorias solicitadas por las defensas de los represores Eduardo Emilio Kalinec, Juan Carlos Avena y Luis Donocik», señaló la Secretaría que encabeza Horacio Pietragalla Corti a través de un comunicado.
El organismo, en su rol de querellante en la causa ABO, se había opuesto a los planteos en la instancia del Tribunal Oral Federal.
En este sentido, desde la Secretaría se argumentó que «otorgar el beneficio de las salidas transitorias generaría una controversia que no sólo incluye a sus víctimas directas, sino que atraviesa también a la sociedad en general en virtud de la indeleble impresión en la memoria colectiva que significaron los hechos por los cuales el imputado fue juzgado y condenado».
En tal sentido, la concesión de las salidas transitorias «se apartaría sin fundamento alguno de las disposiciones de la denominada Ley de Víctimas (Ley 27.372)».
En virtud de ello, respecto de las salidas transitorias corresponde «adoptar un criterio judicial, que extreme los recaudos para evitar las circunstancias que pudieran derivar en la impunidad cuando se juzgan delitos de lesa humanidad».
Desde el área de Acompañamiento y Asistencia a Víctimas, la Secretaría «tuvo una intervención para que las víctimas fueran escuchadas, lo que provocó que en los tres casos el Tribunal rechazara los pedidos».
A través de la decisión que se conoció este viernes, la Sala de feria de Casación dictaminó que esas resoluciones fueran revocadas.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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