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Quién era la neuróloga que murió atropellada por un colectivo en Villa Devoto
La joven de 31 años murió luego de que su mochila quedara atrapada en la puerta de un colectivo y fuera arrollada.
La víctima fatal del siniestro ocurrido en Villa Devoto fue identificada como Bárbara Rocío Granado Schonholz, una médica de 31 años que se desempeñaba como neuróloga. La confirmación llegó por parte de su familia, que la despidió con mensajes de profundo dolor en redes sociales.
“Hace dos días, en un accidente de tránsito, partió mi amada hija. No hay palabras para describir tanto dolor”, expresó su madre, Alicia Schonholz, en una publicación acompañada por fotos de la joven.
Su padre también difundió un mensaje para comunicar la noticia: “Doctora, neuróloga, un accidente de colectivo en Devoto me la arrebató”, escribió.
Desde el entorno profesional, el Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejía recordó a la médica con un mensaje de despedida en el que destacó su paso por la residencia y el vínculo construido con sus compañeros: “Trabajo, aprendizaje y también muchas risas”.
Cómo fue el accidente
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre, en una zona de tránsito intenso de Villa Devoto. Según las primeras pericias, la joven descendía de un colectivo de la línea 134 cuando una de las correas de su mochila quedó enganchada en la puerta trasera.
En ese contexto, el chofer retomó la marcha antes de que pudiera liberarse. La mujer fue arrastrada, perdió el equilibrio y cayó bajo el vehículo, donde fue atropellada por las ruedas traseras.
El conductor fue detenido y la investigación busca determinar las responsabilidades en la secuencia que derivó en el desenlace fatal.
DDHH
Estado ausente, justicia lenta y un proyecto que criminaliza a las víctimas: el saldo de la violencia de género en 2026
El Observatorio Adriana Zambrano de La Casa del Encuentro registró 123 femicidios, 5 transfemicidios y 14 femicidios vinculados en los primeros siete meses del año. 155 hijos e hijas quedaron sin madre. El Estado libertario desmantela las políticas de género mientras el Senado avanza en un proyecto que busca criminalizar a las víctimas que denuncian.
¡Alerta! Mientras lees esta nota, puede estar ocurriendo un femicidio en la Argentina
Cada dato del informe mensual del Observatorio Adriana Zambrano, que dirige La Casa del Encuentro, es una vida arrebatada, un hogar destruido, una infancia marcada para siempre. En siete meses de 2026, la Argentina registró 142 víctimas fatales de violencia de género: 123 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 5 transfemicidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Se registraron además 300 intentos de femicidio que continúan bajo seguimiento.
El mapa de la violencia: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las provincias más afectadas
Los casos se distribuyeron en todo el territorio nacional, aunque las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentraron la mayor cantidad de femicidios. El perfil de los crímenes refleja una realidad que la estadística no alcanza a nombrar del todo: el 69% de las víctimas directas fue asesinada en su propio hogar, el espacio que debería ser el más seguro. El 55% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. Y 155 hijos e hijas quedaron sin madre, el 72% de ellos menores de edad.
Entre los datos más alarmantes del informe figura que 9 femicidas tenían dictada una medida cautelar al momento del crimen, lo que revela la brecha insalvable entre la respuesta judicial y la protección real de las víctimas. Otros 6 agresores pertenecían o habían pertenecido a alguna fuerza de seguridad, y 21 se suicidaron tras cometer el crimen.
El 17% tenía denuncia previa: la justicia que no llega a tiempo
El dato más contundente sobre la falla sistémica es que el 17% de las mujeres agredidas ya había realizado una denuncia previa. Ese número no habla de mujeres que no pidieron ayuda; habla de un Estado y una Justicia que no respondieron a tiempo. «Analizar todas las variables que surgen entre los femicidios y los intentos nos demuestra la realidad que viven cientos de mujeres en todo el país: la falta de acceso a la justicia», señaló La Casa del Encuentro en su informe.
De las 142 víctimas, 17 habían realizado denuncias formales, 11 fueron asesinadas en contextos de narcocriminalidad, 10 tenían indicios de abuso sexual previo, 5 eran migrantes, 3 estaban embarazadas y 1 era víctima en situación de presunción de trata o trabajo sexual. También se registró 1 víctima perteneciente a pueblos originarios.
El Mundial tapó los femicidios: la comunicación que falló
La Casa del Encuentro incorporó en su análisis mensual una observación de peso político: durante el período en que se disputó el Mundial de fútbol 2026, los medios de comunicación prácticamente no prestaron atención a los casos de violencia de género. «Al notar que hoy estos casos vuelven a visibilizarse, reafirmamos que la comunicación debe ser permanente», expresó la organización, y advirtió que «los eventos de alcance masivo representan una oportunidad única para difundir campañas de prevención dirigidas a mujeres, niñeces y diversidades, un compromiso con los Derechos Humanos que el Estado debería garantizar firmemente».
La organización fue más directa sobre la responsabilidad del gobierno nacional: «Lamentablemente, esto no sucede en un contexto donde el propio Estado niega la existencia de la violencia de género en nuestro país.» La afirmación no es retórica: el gobierno de Javier Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, desfinanció la Línea 144 y dejó sin partida presupuestaria al Programa Acompañar, con recortes que superaron el 89% respecto de 2023 en políticas de género.
El proyecto Losada: criminalizar la denuncia para proteger al agresor
En paralelo al informe de femicidios, la senadora Carolina Losada, de La Libertad Avanza, impulsa en el Congreso un proyecto de ley sobre «falsas denuncias» que La Casa del Encuentro calificó de regresivo y peligroso. «Esta iniciativa está avalada por sectores vinculados a varones violentos y lobbies jurídicos que lucran con la temática sin ninguna evidencia empírica», afirmó la organización.
El efecto práctico del proyecto, según el análisis de la organización, sería inmediato y devastador: una víctima que dude en denunciar se preguntará «¿y si no me creen?» o «¿y si me denuncian a mí?», y optará por el silencio. El mismo silencio que, como demuestran los datos, puede costarle la vida. La Casa del Encuentro reclamó una legislatura que «comprenda la urgencia y se ocupe de que las leyes que ya existen se cumplan», y recordó que «la violencia de género es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad».
142 víctimas en siete meses equivale a una mujer asesinada aproximadamente cada día y medio. Eso significa que mientras esta nota se redacta, mientras el lector la lee, mientras el algoritmo la distribuye, el riesgo no se detiene. No es una metáfora: es la consecuencia directa de un Estado que recorta la Línea 144, de una Justicia que entrega medidas cautelares que el agresor ignora, y de una dirigencia que prefiere hablar de «falsas denuncias» antes que de los 300 intentos de femicidio que este año no terminaron en muerte, pero pudieron haberlo hecho.
No son solo datos. Detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales. Las palabras de La Casa del Encuentro funcionan como síntesis y como denuncia: el problema no es la ausencia de leyes, sino la ausencia de voluntad política para aplicarlas.
Puntos clave
- El Observatorio Adriana Zambrano registró 142 víctimas fatales de violencia de género en siete meses de 2026, incluyendo 123 femicidios, 5 transfemicidios y 14 femicidios vinculados.
- 155 hijos e hijas quedaron sin madre; el 72% son menores de edad.
- El 17% de las víctimas tenía denuncia previa, y 9 femicidas contaban con medida cautelar vigente al momento del crimen.
- Durante el Mundial de fútbol 2026, los medios de comunicación prácticamente no cubrieron los casos de violencia de género, según La Casa del Encuentro.
- La senadora Carolina Losada (LLA) impulsa un proyecto de «falsas denuncias» que, según organizaciones especializadas, desincentivará las denuncias y profundizará la impunidad.
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