Análisis
Por qué los planes Potenciar Trabajo deben continuar y ampliarse
Dirigentes sociales se refieren al anuncio de la ministra Victoria Tolosa Paz sobre los Potenciar Trabajo.
Mónica amasa el pan, lo comparte entre los pibes con leche y mate cocido. Tiene 46 años, siete hijos, tres nietos y no llegó a terminar el tercer grado. Organiza, junto a sus vecinos y vecinas, un comedor comunitario, herrería, carpintería, panadería, almacén popular, reparto de viandas puerta a puerta, un centro de día para jóvenes con problemas de adicciones y tantas cosas más.

Ella como millones de trabajadores y trabajadoras en todo el país reinventan todos los días nuevas formas de subsistencia comunitaria desde las organizaciones populares y más allá de ellas porque la economía popular es mucho más que trabajo.
Emerge desde lo más profundo del tejido social y humanitario para expandirse como un inmenso refugio fuerte como un escudo que ataja y enfrenta la embestida de un sistema económico, político y social cada vez más cruento.
El programa Potenciar Trabajo, antes Salario Social Complementario, constituye una conquista de los diferentes sectores de la economía popular y de la lucha que las organizaciones sociales de nuevo tipo, que fueron reconfigurándose desde fines de la década del ’90 con una perspectiva emancipatoria y de transformación, llevaron adelante para construir una salida frente a la catástrofe que significaron las privatizaciones, el cierre de fábricas, la flexibilización laboral, en definitiva la aplicación del programa neoliberal en nuestra región.

En este sentido, es casi obvio que los sectores más conservadores se sientan disgustados, molestos y busquen cualquier artimaña para atacar a los trabajadores más pobres y con menos derechos de nuestra patria. Es lógico que quieran desarticular esa trama poderosa porque representa una amenaza para sus intereses de clase.
En este contexto, las herramientas del Estado, como creador de políticas públicas y garante de derechos, muchas veces son insuficientes y otras han quedado obsoletas para enfrentar los desafíos presentes.
Bajo estas circunstancias, los datos que arrojó la auditoría del programa Potenciar Trabajo, detallados por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, evidencian la necesidad de su existencia y continuidad y una realidad social compleja que cualquier gobierno popular debería intentar solucionar.
Los y las titulares del programa que validaron sus datos fueron 1.210.571 trabajadores, es decir el 88,7% del total. Las 154.441 personas que no han realizado el trámite serán suspendidas y tendrán la posibilidad de realizar el reclamo a través de la aplicación Mi Argentina.
En relación a las tareas que realizan, 1.134.472 trabajadores desarrollan actividades productivas y comunitarias. El 60,87% no ha finalizado sus estudios primarios o secundarios, el 79% quiere continuar su trayectoria educativa y el 86% profundizar su formación laboral.
Las mujeres son mayoría, el 65,7% del total. El 39% son jóvenes entre 18 y 29 años y el 29,5%, entre 30 y 39.
Al finalizar, Tolosa Paz aclaró que “el impacto fiscal generado a partir de las bajas del programa será de 2.500 millones de pesos y será destinado a financiar herramientas e insumos para el trabajo”.
Queda más que clara la “situación de vulnerabilidad” que transitan los trabajadores y trabajadoras que cobran Potenciar Trabajo.

Rafael Klejzer, referente del Movimiento Popular La Dignidad y de la UTEP dijo: “Con los números de la validación procesados tenemos certidumbre acerca de la validez del programa y una incertidumbre para saber cómo llegamos a los 5 millones de trabajadores de la economía popular inscriptos en el ReNaTep que evidencia que todavía quedan 4 millones de argentinos y argentinas que no tienen ninguna cobertura”.
Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente del Frente de Unidad Piquetera opino que los anuncios de la ministra ratifican sus denuncias “sobre el ajuste que viene llevando adelante el gobierno contra los sectores que menos tienen. La baja de 154.441 personas que no lograron validar sus datos a través de internet revela una vez más a un gobierno ajustador que utiliza las necesidades, la falta de conectividad, la falta de servicios básicos en muchos lugares del país para dar bajas masivamente”.
El Secretario General de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro manifestó: “El Potenciar Trabajo está vinculado al trabajo por eso es muy importante que se garanticen, mediante las unidades ejecutoras, las herramientas y materiales necesarios. Lo que queda por fuera este programa debería ser incorporado dentro de la propuesta del Salario Básico Universal. Aunque no vemos voluntad del gobierno de implementarlo. En relación a las suspensiones, estamos seguros que vamos a recuperar el ingreso para todos aquellos que no hayan podido hacer el trámite. Hay que mejorar las unidades productivas que garanticen los derechos laborales de nuestro sector”.

La Economía Popular sigue girando desde el subsuelo de la patria.
Análisis
La hidrovía del rio Paraná: una cuestión geopolítica
El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves el pedido para frenar la licitación de la hidrovia del Paraná. ¿Por qué?
Por Jesús Rivero*
Quizá, porque el congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU y aliado de Donald Trump habia enviado una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una “influencia maligna china» en la puja del contrato.
No es casualidad que esa misma semana el asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, Michael Jensen, director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y con el embajador argentino Alec Oxenford. La licitación explicita mas grande del ejecutivo de Javier Milei, es una cuestión de geopolítica.
La hidrovia del rio Paraná-Paraguay es la principal via navegable de exportación Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Por la hidrovia circula el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y sus derivados por año.
El contrato que se esta licitando contempla el dragado, redragado, balizamiento y mantenimiento de la via navegable Troncal por 25 años, con inversiones estimadas en 10.000 millones de dolares y una facturación anual de entre 200 y 300 millones. Jan De Nul, la empresa belga que opera el canal desde 1995 compite contra DEME (también belga) que incorporo al fondode inversiones estadounidense KKR, a Great Lakes Dredge y Dock y a Clear Street para fortalecer su oferta con capital norteamericano. Aunque el Gobierno excluyó de la licitación a empresas estatales extranjeras, lo que dejo afuera a las chinas, no le impide la disputa e influencia del gigante asiático.
El núcleo de las denuncias sobre la licitación apunta en primer lugar hacia los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, amigos de Santiago Caputo. A través de su firma Edison Energía fundada apenas un año antes de empezar a ganar licitaciones, se adjudicaron la concesión de Transener por 300 millones de dólares junto a Genneia, de Jorge Brito (h) y ganaron las concesiones de las represas Alicurá y Cerros Colorados.
Pasaron de tener una sola distribuidora eléctrica en la Patagonia a operar en toda la cadena eléctrica del pais: generación, transporte y distribución.
¿Los Neuss y Caputo, son familia?
Los Neuss financian la Fundación Faro que conducen Agustín Laje y Francisco Caputo, Hermano de Santiago Caputo. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas para recaudar fondos para La Libertad Avanza. En febrero de 2025 aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria para las elecciones de medio termino. Y, Servimagnus, el socio local de Jan De Nul esta vinculado al Grupo Román, que también aparece en el mapa de subcontratistas junto a los Neuss.
El otro punto de tensión es de escala geopolítica ya que alertaron a EEUU de una presunta influencia China en la oferta de Jan De Nul. El consorcio liderado por DEME que quedo en segundo lugar en la evaluación técnica traslado a funcionarios de Washington que Servimagnus el socio local de Jan De Nul tendría vinculos con empresas chinas a traves de Agrofina y esa conexión representaria “un riesgo para la seguridad nacional de Argentina y Estados Unidos”. Eso describe la carta que Mast envió a Rubio, elevando la cuestión al terreno diplomático. Y, temiendo perder el negocio geopolítico en terminos de intereses de Estados Unidos y violando el derecho internacional en relación a la soberania e intereses del Estado-Nación de Argentina.
Jan De Nul y Servimagnus no se responsabilizan de tales acusaciones en un comunicado que explicita “las referencias que buscan instalar un supuesto vinculo de JDN y Servimagnus con capitales chinos son falsas y malintencionadas». Asimismo respondieron que DEME habia integrado un Joint Venture con firmas chinas en la licitación corta de la Hidrovia de 2022 y en proyectos en Ecuador.
En lo que respecta al Gobierno, se defiende y argumenta que la licitación fue auditada por la UNCTAD y que conto con mesas participativas con exportadores, cerealeras y entidades industriales.
¿Y Rafecas, para quien juega?
Las denuncias no llegaron solo desde el frente internacional y la oposición. La semana pasada la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 advirtiendo sobre “serías irregularidades en el proceso”.
El organismo señalo ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas,clausulas restrictivas en las impugnaciones, que exigen una garantía de diez millones de dólares para cuestionar decisiones administrativas y riesgos de direccionamiento del proceso. Fue el tercer informe crítico emitido sobre la licitación.
El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen como base para presentar un nuevo proyecto de resolución en la Cámara de Diputados exigiendo la suspensión inmediata de la licitación. “El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento trasparente», afirmó, Taiana.
Sin embargo el juez Rafecas rechazo el pedido de suspensión cautelar el jueves 21 de mayo. Rafecas coincidio con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan y concluyo que no existen elementos suficientes ni un riesgo concreto que justifique detener el proceso. Con este posicionamiento que no es nuevo, esta claro para quien juega Rafecas.
Hoy, como hace decadas la hidrovia más importante de Sudamérica, responde a los intereses del lobby internacional, como Rafecas, y como Santiago Caputo que corre a dar explicaciones a los dueños de todo.
*Escritor y activista político militante de Podemos Argentina. (fundador del Frente de Liberación Socialista en Argentina)
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