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Análisis

No hay orden macro económico sin recuperación del salario real

La situación de la economía real lo exige.

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Como venimos sosteniendo la grave situación de la economía real exige como prioridad, una urgente recuperación del salario real, las jubilaciones, y el salario social complementario, siendo que además esta es la única vía para una rápida recuperación de la demanda interna, la producción y el empleo que prosiguen en caída debido a la política económica del gobierno de Javier Milei.

Esa recuperación debe partir de la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVN), un derecho constitucional, reglamentado por la Ley de Contrato de Trabajo que, en su artículo 116, define como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. 

Es decir, es un derecho que debe garantizar otros derechos. No puede caber duda por ello que, como mínimo, el SMVM, al igual que las jubilaciones, deben corresponderse con el valor de la CANASTA BÁSICA TOTAL (INDEC). La misma también debe ponderarse al determinar el salario social complementario, cuyo monto fue congelado desde diciembre de 2023 y desacoplado del SMVM.

Esa Canasta Básica Total (CBT) debe ser adecuadamente actualizada, pues la estructura de gastos sobre la que se calcula es notoriamente anacrónica y limitada. A esta situación refiere el análisis sobre el salario real que integra este texto. 

El SMVM, que está hoy ubicado en los $ 322.000, no logra cubrir una canasta básica alimentaria para que una familia de cuatro integrantes no caiga en la indigencia, siendo que debería multiplicarse por cuatro para no caer en la pobreza. Es una de las consecuencias de la política económica de Javier Milei que ha generado desde el inicio de su mandato, una transferencia de ingresos de 43,7 billones de pesos del bolsillo de los trabajadores a los sectores financieros, exportadores de materias primas y formadores de precios, deteriorando aún más las condiciones de empleo e ingresos del conjunto de la población.

En la emergencia que vivimos, la exigencia de recuperar los ingresos de las familias, junto al reclamo de a) reversión de la apertura irrestricta de las importaciones y b) políticas de crédito asequibles orientadas a la industria y la construcción de viviendas familiares, debiera unir a los sectores del trabajo y la producción vinculados al mercado interno y al interés nacional.  

Es estratégico alcanzar esa unidad con contenido en momentos en que el Gobierno lleva adelante una ofensiva para arrasar con los derechos los trabajadores, centrada, no en crear empleo, sino en “reducir los costos laborales” ,  que de prosperar supone la caída de la demanda interna vía la reducción de salarios y contribuciones a la seguridad social, disminuyendo los ingresos de la mayoría productiva de nuestra sociedad para concentrarlos en la minoría más rica.

Pues, de aprobarse el regresivo “Proyecto de Ley de Modernización Laboral” que el presidente Javier Milei ingresó en el Congreso de la Nación se profundizará la pérdida de puestos de trabajo, la precarización laboral, y el cierre de empresas, así como, en términos reales, el descenso de la recaudación tributaria.

Esto último significa menos recursos para salud, educación y obra pública, menores jubilaciones y pensiones, menos transferencias a las provincias para que brinden servicios públicos esenciales, mayor endeudamiento de las familias, mayor caída de la demanda efectiva, en tanto el gobierno para sostener un “modelo” inviable seguirá con el negocio financiero de incrementar la deuda pública. 

Así es y será imposible un orden macroeconómico real y sustentable.

UNA DÉCADA DE PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO QUE PROFUNDIZA DESIGUALDADES.

El salario real en Argentina atraviesa un proceso de deterioro persistente desde hace casi una década. Tomando como base el Índice de Salarios (IS) del INDEC con base en diciembre de 2016 = 100 —momento a partir del cual se reanuda la publicación regular del IPC tras el apagón estadístico—, el índice total de salarios reales se ubica en septiembre de 2025 (último dato disponible) en torno a los 77,9 puntos, lo que implica una pérdida de al menos 22% del poder adquisitivo. En términos prácticos: hoy el salario promedio compra una quinta parte menos que en 2016.

El deterioro ha sido más intenso en el sector público, con una caída acumulada del 32,9%, frente a una reducción del 18,2% en el sector privado registrado

Fuente: elaboración propia en base a IS e IPC INDEC

Cabe destacar que el índice total incorpora también al componente de asalariados privados no-registrados, estimado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. Entre diciembre de 2016 y el último dato disponible, este componente mostró una baja real del 15,6%. Esta “menor caída real” debe leerse con reservas por razones metodológicas: el salario privado no-registrado presenta un rezago de cinco meses, por lo que el dato de septiembre de 2025 corresponde en realidad a abril de 2025. Corrigiendo ese rezago, la caída real entre diciembre de 2016 y abril de 2025 asciende al 17,8%, mientras que para el mismo período el IS total recalculado corrigiendo el rezago del componente no-registrado muestra una baja real del 23,1%.

Además, el índice de salarios no registrados no mide un “precio puro” del salario como los otros componentes, sino que lo aproxima, ya que su evolución está afectada por cambios en la composición del empleo. En el último período, la expansión de las plataformas digitales, la posibilidad de trabajar de manera remota para el exterior y otras formas atípicas de inserción laboral tiende a distorsionar la lectura tradicional de la evolución salarial de este componente.

Por otro lado, para el conjunto de componentes, debe considerarse que el IPC actual sigue basado en una canasta de consumo de 2004/05, actualizada por última vez en 2016. Desde entonces, la estructura de gastos de los hogares cambió de manera significativa: hoy pesan relativamente menos los alimentos y mucho más los servicios como luz, gas, agua, transporte y comunicaciones (ENGHo 2017/18). Este desfasaje hizo que, en el último período, los aumentos de tarifas quedaran subrepresentados en la inflación oficial —en los hechos, el IPC actual “aplanó” los tarifazos—.

Por ejemplo, en abril de 2024 el IPC nacional registró una suba mensual del 35,6% en el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que en la ENGHo 2004/05 tiene un peso del 10,3%, mientras que, con un IPC nuevo, basado en la ENGHo 2017/18 la participación ascendería al 15,1%. Como resultado, el salario real calculado con el IPC actual sobrestimaría el poder de compra efectivo de los ingresos. Contrariamente, cuando se actualice la canasta del IPC, el nuevo índice asignará un menor peso relativo al rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (22,9% frente a 21% aproximadamente), que desde mayo de 2025 vienen mostrando una aceleración mensual sostenida (1,5 %, 1,6%. 1,9%, 1,9%, 2,1% y 2,3% en octubre 2025).

Fuente: elaboración propia en base a las Encuestas Nacionales de Gasto de los Hogares del INDEC.

Más allá de las particularidades metodológicas, el dato estructural es claro: el salario real no logra sostener ninguna fase de crecimiento prolongado. Las variaciones por gestión confirman una dinámica de contracción persistente y con marcada heterogeneidad sectorial. Durante el período que comprende al gobierno de Mauricio Macri, el salario del sector privado registrado cayó 13,6% en términos reales y el del sector público 17,3% (oct-15 a nov-19). En el período de Alberto Fernández -atravesado por la pandemia, las caídas fueron más acotadas, pero igualmente negativas (–4,7% en el sector privado y –5,6% en el público) (nov-19 a nov-23).

En la etapa iniciada con Javier Milei, la contracción se concentra casi exclusivamente en el empleo estatal: el salario privado registra una baja de –0,7% (tras el desplome inicial del primer trimestre de 2024), mientras que el salario público se derrumba –14,0% (a su interior -32,6% APN, -6,3% SP provincial y -28,6% universidades), consolidando su rol como principal ancla del ajuste fiscal real (nov-23 a sept-25). A septiembre de 2025, los índices de salarios registrados tanto del sector privado como del público permanecen por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno (noviembre de 2023).

El resultado es un proceso de empobrecimiento persistente de los ingresos laborales, que erosiona el consumo, debilita el mercado interno y amplifica las desigualdades.


A casi una década del punto de partida, el balance es contundente: el salario dejó de funcionar como mecanismo de integración social y de ascenso. Hoy opera, en el mejor de los casos, como un ingreso defensivo, insuficiente para proyectar bienestar o movilidad social. La trayectoria del gráfico no expresa solo una crisis coyuntural, sino una transformación más profunda en la relación entre trabajo, Estado y bienestar, construida —hasta ahora— sobre la sistemática reducción de la remuneración del trabajo, por debajo de su valor social.

 

FORO ECONOMIA Y TRABAJO

Sergio Arelovich, Ricardo Aronskind, Gabriel Barceló, NoemíBrenta, Analía Calero, Norberto Crovetto, Juan Pablo Costa,   Marcelo Di Ciano,Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, RobertoFeletti,   José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky,  Pablo Manzanelli, Jorge  Marchini,                        Felisa Miceli,Alejandro Rofman,Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella,                                                   Nahuel Silva,  Rodolfo P. Treber, Eduardo Berrozpe (coordinador)

*FORO ECONOMÍA Y TRABAJO. Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que participan en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. foroeyt@gmail.com

 

Análisis

Los audios de Spagnuolo vs los cuadernos de Centeno: la indignante doble vara de la Justicia

Mientras la Cámara Federal ordena investigar la autenticidad de los audios contra Spagnuolo por «procedencia incierta», los cuadernos de Centeno, con fotocopias, incendio del original y múltiples inconsistencias, fueron validados como prueba para sostener una causa que aún se encuentra en proceso judicial.

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★ La reciente decisión de la Cámara Federal que ordenó investigar el origen de los audios en la causa ANDIS contrasta de manera llamativa con el tratamiento judicial que recibió la llamada «causa Cuadernos», donde materiales con serias inconsistencias documentales fueron validados como prueba suficiente para sostener una investigación de magnitud. El análisis comparativo de ambos casos expone criterios diametralmente opuestos en tribunales que integran el mismo fuero federal.

Los audios de Spagnuolo: rigor extremo

En el caso ANDIS, la Cámara Federal porteña —con el voto de Martín Irurzun y Roberto Boico— consideró que no pueden ser admitidos como prueba audios de los cuales no está acreditado su origen, su cadena de custodia ni su autenticidad. Los camaristas señalaron que la investigación se activó a partir de publicaciones periodísticas que reproducen información surgida de los mismos audios cuestionados, sin verificación previa.

El tribunal advirtió sobre la posibilidad de que el material haya sido editado, manipulado o incluso generado mediante inteligencia artificial. Esta postura refleja un criterio garantista estricto: sin prueba pericial que avale la autenticidad del material, no puede sostenerse una investigación penal que afecte derechos fundamentales como la intimidad y el debido proceso.

Los cuadernos de Centeno: laxitud extraordinaria

La causa conocida como «Cuadernos de la corrupción K», en cambio, avanzó sobre pilares probatorios considerablemente más endebles, según señalaron repetidamente las defensas de los acusados. Los llamados «cuadernos» atribuidos al chofer Oscar Centeno presentaron múltiples irregularidades que nunca fueron obstáculo para que la Justicia los validara como prueba central:

El incendio y las fotocopias: El material original de los cuadernos sufrió un incendio en la casa de Centeno en circunstancias nunca esclarecidas. Lo que llegó a la Justicia fueron fotocopias de fotocopias, sin que existiera posibilidad de cotejar con los originales la autenticidad de lo transcripto.

Múltiples autores: Pericias caligráficas determinaron que los cuadernos no fueron escritos por una sola persona. Se detectaron diferentes caligrafías, lo que puso en duda la versión de que Centeno había llevado ese registro de manera personal y continua durante años.

Cadena de custodia inexistente: A diferencia del rigor que ahora reclama la Cámara para los audios de ANDIS, en la causa Cuadernos no se exigió documentación sobre cómo, cuándo y en qué condiciones Centeno habría guardado ese material durante más de una década, ni cómo llegó a manos de la Justicia.

Inconsistencias temporales y fácticas: Las defensas señalaron contradicciones entre fechas, lugares y circunstancias descriptas en los cuadernos y la realidad verificable de agendas públicas y registros oficiales.

El rol de los medios: prueba en un caso, indicio en otro

Un dato revelador de la disparidad de criterios es el tratamiento del origen mediático de ambas causas. En ANDIS, la Cámara objetó que la investigación se haya activado a partir de publicaciones periodísticas sin verificación previa de la autenticidad del material.

Sin embargo, en la causa Cuadernos, las revelaciones periodísticas del diario La Nación fueron el motor de la investigación y la prueba periodística fue considerada válida para iniciar y sostener la causa, pese a que el material también había sido filtrado a los medios antes que a la Justicia.

Jueces diferentes, estándares opuestos

La causa Cuadernos tramitó inicialmente ante el juez Claudio Bonadio, conocido por su línea dura contra el kirchnerismo, quien validó las pruebas sin mayores reparos. Tras su fallecimiento, la causa continuó con ese mismo criterio. El juicio oral por esta causa aún se encuentra en curso, sin sentencia definitiva, aunque el material cuestionado sigue siendo admitido como prueba válida.

Vale recordar que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de prisión en la causa Vialidad, un expediente diferente aunque vinculado temporal y políticamente al mismo clima de persecución judicial. La causa Cuadernos, en cambio, continúa su trámite con decenas de imputados y sin resolución final.

En contraste, la causa ANDIS tramita ante el juez Sebastián Casanello, quien había rechazado inicialmente los planteos de nulidad, pero fue corregido por la Cámara Federal que ahora exige estándares de verificación que nunca se aplicaron en Cuadernos.

Implicancias políticas y lawfare

La disparidad en los criterios judiciales alimenta la percepción de lo que organizaciones de derechos humanos y juristas han denominado «lawfare» o uso político de la justicia. Mientras que en casos vinculados al kirchnerismo se admitieron pruebas con inconsistencias notorias, en casos que involucran a funcionarios del gobierno actual se aplican estándares de rigurosidad extrema.

Esta doble vara no solo afecta la credibilidad del sistema judicial, sino que pone en evidencia la selectividad en la aplicación de garantías procesales básicas. El derecho a la intimidad, la cadena de custodia, la autenticidad de las pruebas y el debido proceso parecen tener pesos diferentes según quién sea el investigado.

El silencio cómplice de los formalismos

Cabe preguntarse por qué los mismos criterios garantistas que hoy se aplican para proteger a los imputados en ANDIS no fueron aplicados cuando las víctimas del proceso judicial eran dirigentes del peronismo. La respuesta, aunque incómoda, parece estar más cerca de la voluntad política que de la técnica jurídica.

Los cuadernos de Centeno sostuvieron procesamientos, prisiones preventivas y una causa que lleva años sin que jamás se acreditara fehacientemente su autenticidad. Los audios de Spagnuolo, en cambio, son sometidos a un escrutinio exhaustivo antes siquiera de ser admitidos como indicio de investigación.

Esta asimetría no es un detalle técnico: es la evidencia de un sistema judicial que aplica la ley con distintos niveles de exigencia según el color político del investigado.

Puntos clave:

• La Cámara exige verificación exhaustiva de los audios en ANDIS, criterio que nunca se aplicó en la causa Cuadernos
• Los cuadernos de Centeno presentaron fotocopias, múltiples autores e inconsistencias, pero fueron validados como prueba central
• El incendio de los originales y la ausencia de cadena de custodia no impidieron que la causa Cuadernos avanzara
• La causa Cuadernos continúa en proceso judicial sin sentencia definitiva, a diferencia de la causa Vialidad que condenó a CFK
• La disparidad de criterios evidencia un tratamiento judicial diferenciado según el perfil político de los investigados

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