— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ La ironía política tiene, a veces, la contundencia de un boomerang. Patricia Bullrich, quien durante años enarboló la bandera de la «tolerancia cero» al delito y acuñó frases como «el que las hace, las paga», se encuentra ahora del otro lado del mostrador judicial. La senadora nacional por La Libertad Avanza y su hijo Francisco Langeri Bullrich fueron denunciados penalmente por presunto lavado de activos, evasión tributaria y asociación ilícita, en una investigación que pone en el centro a la cadena de cafeterías Tostado.

La denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón ante el Juzgado Federal N°4 a cargo de Ariel Lijo, apunta al corazón de un imperio gastronómico que factura más de 63 millones de dólares anuales pero que presenta, según el escrito judicial, «una expansión económica que no encuentra explicación razonable en antecedentes comerciales, capital inicial ni financiamiento bancario verificable».

Del monotributo al imperio: la meteórica ascensión sin explicación

Francisco Langeri Bullrich, hijo de la exministra de Seguridad, pasó en pocos años de ser un funcionario técnico durante el gobierno de Mauricio Macri a encabezar un conglomerado de más de 70 locales comerciales distribuidos en Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y España. El salto cuantitativo —y sobre todo cualitativo— genera más preguntas que respuestas.

Según la investigación periodística del programa TLN Denuncia, conducido por Tomás Méndez, que destapó el caso, Langeri Bullrich carecía de antecedentes empresariales relevantes que justificaran semejante crecimiento. En 2016 asumió la gerencia de Tostado Buenos Aires SRL, y para 2022 ya figuraba como titular del 95% del capital de Tostado Franquicia S.A., con 3.325 de las 3.500 cuotas sociales de la firma.

La pregunta que flota en el aire, y que ahora deberá responder la Justicia, es elemental: ¿de dónde salió la plata?

Un entramado de sociedades y un domicilio compartido

La denuncia de Dalbón señala que el grupo empresarial opera a través de una estructura fragmentada en múltiples sociedades: Tostado Franquicia S.A., Tostado Branding S.A. y Tostado Buenos Aires S.R.L. Esta atomización, lejos de ser una decisión organizativa inocente, podría responder —según el escrito— a «una estrategia deliberada destinada a dificultar el control fiscal, contable y patrimonial».

Un dato no menor: una de las sociedades del entramado Tostado tiene domicilio legal en Beruti 3822, la misma dirección de la casa de Patricia Bullrich. La coincidencia geográfica suma un elemento más a la sospecha sobre el posible vínculo entre el patrimonio familiar y el origen de los fondos.

Además, varias de las empresas del grupo registraron cheques rechazados por falta de fondos, una situación que contrasta violentamente con la envergadura económica declarada. ¿Cómo puede una red que dice facturar millones de dólares al año no tener fondos para cubrir sus cheques?

Movimientos societarios sospechosos en tiempos electorales

El timing también es revelador. En enero de 2024, apenas semanas después de que Patricia Bullrich se sumara al proyecto político de Javier Milei, los titulares de las sociedades relacionadas con Tostado renunciaron y transfirieron las empresas a familiares directos. Un movimiento que, en el mejor de los casos, sugiere una anticipación de potenciales conflictos de intereses; en el peor, un intento de blindaje patrimonial ante eventuales investigaciones.

Ya en 2015, cuando la cadena daba sus primeros pasos, Bullrich promocionaba a Tostado en sus redes sociales. La simbiosis entre la carrera política de la madre y el crecimiento empresarial del hijo plantea interrogantes sobre eventuales favores, contactos o facilitaciones que pudieron haber motorizado la expansión del negocio.

El doble rasero de la «mano dura»

La situación es particularmente escandalosa si se la contrasta con el historial de Patricia Bullrich. Durante su gestión como ministra de Seguridad (2015-2019) y en su rol legislativo posterior, Bullrich fue una de las voces más estridentes a favor del endurecimiento penal, la baja de edad de imputabilidad y la represión sin concesiones al «delito común». Su lema «el que las hace, las paga» se convirtió en bandera de campaña.

Sin embargo, cuando las sospechas apuntan hacia su propio entorno familiar, el discurso de la ley y el orden parece licuarse. La denuncia aclara que «el vínculo familiar no implica por sí solo reproche penal alguno», pero subraya que la posición institucional de Bullrich «exige extremar los recaudos de investigación a fin de descartar cualquier situación de conflicto de intereses, favorecimiento indebido o tolerancia estatal».

Dicho en criollo: si Bullrich exigió siempre dureza contra los demás, ahora le toca a ella y a su familia pasar por el mismo tamiz judicial que ella reclamaba para el resto.

El contexto: una guerra mediática con la AFA

La denuncia se presentó en medio de un cruce público entre Bullrich y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Después de que la senadora lanzara acusaciones contra los dirigentes de la AFA, el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, respondió con ironía mencionando a la empresa del hijo de Bullrich. El contragolpe no tardó: Dalbón presentó la denuncia formal con pedido de allanamientos, informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Inspección General de Justicia (IGJ) y la ARCA, el organismo de recaudación tributaria.

«Mientras ella hace show denunciando a la AFA, yo fui a la Justicia con una denuncia concreta, pidiendo orden de presentación y allanamiento en Beruti y medidas ante UIF/IGJ/ARCA. Se terminó la impunidad VIP», declaró Dalbón en sus redes sociales.

Las medidas solicitadas: allanamientos e informes financieros

El abogado solicitó a la Justicia:

• Allanamientos en el domicilio de Beruti 3822 y otros inmuebles relacionados con las sociedades investigadas
• Secuestro de documentación contable, societaria y bancaria
• Informes a la UIF para rastrear movimientos financieros sospechosos
• Informes a la IGJ sobre la estructura societaria y las transferencias de cuotas
• Informes a ARCA sobre declaraciones impositivas y eventuales inconsistencias fiscales
• Citación a declaración indagatoria de Patricia Bullrich, Francisco Langeri Bullrich y Fernando Goijman, socio minoritario del grupo Tostado

La causa recayó en manos del juez Ariel Lijo y la fiscal Alejandra Mángano. Según Dalbón, esta es la tercera causa «grave» contra Bullrich en el marco del gobierno de Javier Milei.

El silencio mediático cómplice

Un detalle no menor: mientras los medios hegemónicos se ensañan con cualquier sospecha que roce al peronismo o al kirchnerismo, el caso Bullrich-Tostado ha sido tratado con guantes de seda. La investigación periodística de TLN Denuncia fue la que destapó el entramado, pero los grandes grupos mediáticos que suelen ventilar con estruendo cualquier irregularidad de la oposición, esta vez optaron por el silencio o la mínima cobertura.

La pregunta es inevitable: ¿qué pasaría si en lugar de Bullrich, la denunciada fuera Cristina Fernández de Kirchner o Axel Kicillof? La respuesta la conocemos todos. Habría sido tapa de todos los diarios, tema excluyente en los programas de televisión y material de análisis en infinitos editoriales. Pero cuando la sospechada es una referente de la derecha libertaria, el periodismo obsecuente mira para otro lado.

La justicia de clase

Lo que está en juego aquí no es solo la responsabilidad penal de Bullrich y su hijo —que deberá determinar la Justicia con las pruebas correspondientes— sino la existencia de un doble estándar judicial y mediático. El lawfare que tanto denunciamos en los casos de persecución política contra dirigentes populares parece evaporarse cuando los sospechosos pertenecen a la élite económica y política afín al poder concentrado.

Patricia Bullrich construyó su capital político sobre la criminalización de la pobreza, la estigmatización de los movimientos sociales y el punitivismo contra los sectores vulnerables. Ahora enfrenta acusaciones de delitos económicos complejos, de aquellos que requieren estructura, conocimientos financieros y —sobre todo— la impunidad que garantiza pertenecer a la clase dominante.

Si algo queda claro en este episodio es que la «mano dura» que Bullrich tanto pregona nunca estuvo pensada para los de arriba. Fue siempre un discurso de clase para disciplinar a los de abajo. La Justicia, si realmente es independiente y no selectiva, debería demostrar ahora que «el que las hace, las paga» se aplica para todos por igual, sin distinción de apellidos ni de cuentas bancarias.

Puntos clave

• Patricia Bullrich y su hijo Francisco Langeri fueron denunciados por presunto lavado de activos, evasión tributaria y asociación ilícita a través de la cadena Tostado

• El entramado empresarial declara facturar más de 63 millones de dólares anuales en más de 70 locales, sin explicación clara sobre el origen de los fondos iniciales

• Francisco Langeri pasó de ser funcionario técnico a encabezar un imperio gastronómico sin antecedentes empresariales que lo justifiquen

• Una de las sociedades tiene domicilio en la casa de Patricia Bullrich, y varias empresas del grupo registraron cheques rechazados pese a declarar millones en facturación

• El abogado Dalbón solicitó allanamientos, informes a UIF, IGJ y ARCA, y la citación a indagatoria de los tres denunciados