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★ La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto «Bertie» Benegas Lynch, avanzó este mediodía en tiempo récord con el tratamiento de la Ley de Presupuesto 2026. La Libertad Avanza y sus aliados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo reunieron 28 firmas, seis de ellas en disidencia parcial, para conseguir el dictamen de mayoría, con el objetivo de lograr la media sanción en la sesión especial convocada para este miércoles.

Los 18 integrantes de Unión por la Patria suscribieron un dictamen propio de minoría, mientras que el interbloque Unidos presentó un tercer despacho con tres rúbricas. La principal novedad de última hora fue que el Gobierno corrigió su propio proyecto para derogar las leyes de presupuesto universitario y de financiamiento pediátrico, dos normas que habían sido votadas e insistidas con más de dos tercios por ambas cámaras del Congreso después de que el presidente Javier Milei las vetara.

El oficialismo celebra el «equilibrio fiscal»

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto del Ejecutivo. «Nos da la posibilidad de saber en qué va a gastar el Estado y cómo lo va a gastar», afirmó el cordobés. Según su visión, este presupuesto termina con el «impuesto inflacionario» y representa un «cambio estructural» que garantiza gastar solo lo que ingresa.

«Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos», sostuvo Bornoroni. El diputado libertario insistió en que la iniciativa «ordena la vida de todos los argentinos, de los empresarios, de las pymes y de los trabajadores», y cuestionó que históricamente el Congreso no haya tenido «un presupuesto ordenado».

La propuesta alternativa del peronismo

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, presentó un dictamen propio que incorpora puntos centrales que el Gobierno eliminó o vetó. El proyecto peronista incluye el financiamiento a las universidades nacionales tal como fue votado en la ley insistida por el Congreso, con fondos que ascienden a 7,3 billones de pesos para 2026, en lugar de los 4,8 billones propuestos por el oficialismo.

La iniciativa opositora contempla además los recursos vinculados a las leyes vetadas e insistidas de emergencia en Discapacidad y en Pediatría (Hospital Garrahan), y se posiciona «claramente en contra del artículo 30» que plantea la derogación del artículo 9 de la ley de financiamiento educativo, que establece destinar el 6% del PBI a educación.

El santafesino detalló que el proyecto garantiza el respeto a la paritaria docente y no docente en todos los niveles, la continuidad del Fondo Nacional para el Incentivo Docente, la actualización de las becas Progresar y fondos para la ley de educación ambiental y las escuelas técnicas. También incluye el crecimiento gradual de la inversión en Ciencia y Tecnología votado por el Congreso en 2021 y el Fondo Nacional para la Defensa aprobado entre 2019 y 2020.

ATN, jubilaciones y recursos provinciales

Martínez cuestionó duramente la discrecionalidad en el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). «Hay que terminar con esta discrecionalidad y este escándalo. Los ATN fueron creados con una concepción. Hay que terminar con esa idea y que los ATN lleguen a todas las provincias y no solamente a las que garanticen algunos votos», recriminó.

El proyecto de Unión por la Patria propone además la continuidad del régimen diferencial de zona fría para consumo de gas, la extensión del régimen de promoción de energías renovables, y la automaticidad en el incremento de las asignaciones familiares. En materia previsional, la iniciativa busca recuperar el incremento de los haberes jubilatorios que el Gobierno «quitó en el traspaso de una fórmula a otra» y actualiza el monto de 70 mil pesos del bono que la gestión del Frente de Todos había establecido en esa cifra entre octubre y noviembre de 2023.

Otro punto conflictivo es la reposición del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires, un tema que para La Libertad Avanza solo busca beneficiar a la gestión de Axel Kicillof. El proyecto opositor garantiza también recursos para el INVAP, la industria aeroespacial y satelital, y fondos para la ejecución de la Ley de Bosques Nativos, la ley de Manejo de Fuego y la Ley de Alto Rendimiento Deportivo.

Críticas a la ley de compromiso fiscal

El diputado Itai Hagman, economista y referente del Frente Patria Grande, cuestionó duramente la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Según Hagman, «el mayor ajuste de la historia» del cual se vanagloria Milei no sirvió para estabilizar ni reparar los desequilibrios de la economía.

«Esta ley solo logra perpetuar esta lógica de ajuste permanente que hemos vivido en estos dos años», afirmó. El diputado la calificó como «una ley fiscal ridícula» que «no se aplica en ningún país del mundo» por ser «absolutamente rígida» y «totalmente procíclica», ya que «obliga al Estado a ajustar en momentos de crisis económica».

Hagman recordó que en el proyecto de Presupuesto para 2025, que el Gobierno terminó retirando, se preveía un crecimiento económico que no se concretó, ya que durante este año el Estado ejecutó un ajuste equivalente al 1,1% del PBI. Pese a que en la iniciativa presupuestaria se proyecta el fin del ajuste, el diputado pronosticó que el Gobierno volverá a ajustar producto de la pérdida de capacidad recaudatoria.

«Esta ley no le da ningún poder al Congreso, le da niveles discrecionalidad al Gobierno absolutamente extremos y solo beneficia a los que vienen a timbear a la Argentina», fustigó. Para Hagman, «el único gasto que está garantizando es el pago a los acreedores», ya que no están asegurados los pagos a jubilaciones y universidades, entre otros sectores castigados por la política del Gobierno.

Una regla fiscal alternativa

Unión por la Patria presentó un esquema alternativo de regla fiscal que, según explicó Hagman, «se emparenta con la experiencia internacional, con lo que hacen la gran mayoría de los países del mundo». La regla propuesta «funciona como un fondo anticíclico que obliga al Estado a ahorrar en momentos de bonanza y a amortiguar los momentos de crisis».

El proyecto opositor incluye además una regla para la sostenibilidad de la deuda externa, estableciendo un límite al endeudamiento en moneda extranjera del Estado y del Banco Central, junto con plazos mínimos para la entrada y salida de capitales. La iniciativa incorpora un plazo de permanencia para capitales especulativos, buscando reducir la volatilidad del mercado cambiario, mecanismos de control por parte del Congreso y una cláusula de escape para eventos extraordinarios.

«La lógica del ajuste permanente no garantiza la estabilidad macroeconómica tal como estamos viendo y además genera un costo productivo y social que para nosotros es absolutamente inaceptable», concluyó Hagman.