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Judiciales ⚖️

Millonario embargo a Villaverde por «venta de terrenos no entregados»

Un fallo judicial ordenó retener ingresos legislativos mientras se tramitan demandas por incumplimientos en desarrollos inmobiliarios.

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Lo que tenés que saber

  • Un juez ordenó embargar la dieta y el aguinaldo de Lorena Villaverde.
  • La medida busca cubrir una suma cercana a los $40 millones.
  • Las causas se vinculan con la venta de terrenos no entregados.
  • Existen múltiples demandas civiles en Río Negro.
  • Los reclamos involucran loteos en la zona de Las Grutas.

Embargo judicial contra Lorena Villaverde

Un juez de San Carlos de Bariloche dispuso el embargo de la dieta como diputada nacional de Lorena Villaverde y del medio aguinaldo hasta cubrir alrededor de $40 millones. La resolución quedó a cargo de Santiago Morán, titular del Juzgado Civil Nº 3, quien dio lugar a una medida cautelar solicitada por un damnificado.

El reclamo surge por la compra de un lote en un desarrollo inmobiliario ubicado en Las Grutas. La operación se concretó en 2022 y, según consta en el expediente, el comprador todavía no recibió el terreno ni los servicios pactados.

Fundamentos del fallo y detalles del reclamo

Villaverde enfrenta una demanda por daños y perjuicios en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. En su fallo, Morán señaló incumplimiento contractual y cobro de canon locativo derivados de la falta de entrega del lote.

El desarrollo prometía calles internas de ripio, provisión de agua potable, electricidad y alumbrado público. A tres años de la firma del contrato, esos compromisos no se encontraban cumplidos.

El juez ordenó cubrir mediante embargo preventivo sobre las remuneraciones laborales y el sueldo anual complementario, excluidas las cargas familiares, hasta $27 millones en concepto de capital y $13,5 millones estimados por intereses y costas.

Otras demandas y antecedentes judiciales

El caso del comprador barilochense se suma a otros expedientes abiertos contra la diputada. En el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de San Antonio Oeste, otro damnificado reclama una indemnización superior a $30 millones y solicitó un nuevo embargo preventivo por un contrato de compraventa de un terreno en Las Grutas.

Esa acción, presentada por el Estudio Jurídico Santos & Arizcuren de Viedma, se vincula con un contrato firmado en septiembre de 2020 por un lote del fraccionamiento “Tajamar”, con una superficie de 465,80 metros cuadrados.

En agosto pasado, el mismo juzgado dictaminó un embargo preventivo de hasta $50 millones contra Villaverde. En otras dos causas, la diputada de La Libertad Avanza homologó acuerdos extrajudiciales: aceptó pagar $12 millones y $10 millones en cuotas mensuales para evitar el juicio.

Loteos bajo cuestionamiento y situación administrativa

Antes de 2020, Villaverde promocionaba lotes en la zona sur de Las Grutas, sobre la costa rionegrina. En los planos catastrales del municipio de San Antonio Oeste, esas tierras figuran como zona rural y no cuentan con habilitación para construir.

En expedientes similares, la diputada sostuvo que la pandemia demoró las obras y extendió los plazos de entrega. Sin embargo, varios reclamos remarcan la falta de aprobación formal del loteo por parte del municipio, ausencia de inscripción catastral, trazado urbano aprobado y apertura oficial de calles.

El abogado Lucas Cerro, representante de varios demandantes, afirmó: “En el caso de una de mis clientas, se ha hecho una construcción en el loteo y resultó que no tenía autorización”. También señaló: “Los contratos están firmados y tenían un plazo. Los plazos están sumamente vencidos, llevamos aproximadamente tres años litigando”.

Villaverde tampoco pudo jurar como senadora en el pasado debido a una causa por narcotráfico en Estados Unidos y a sus vínculos con un primo de Federico “Fred” Machado, según consta en antecedentes públicos.

Policiales 🚨

Chascomús: golpearon a un menor herido en el piso hasta la muerte y nadie hizo nada para detenerlo

La justicia bonaerense investiga si Kevin Martínez, de 15 años, murió como consecuencia del choque de tránsito que sufrió o de la golpiza que recibió mientras yacía herido en la calle. La autopsia determinó «politraumatismos» y «hemorragia interna», pero no resolvió aún la pregunta central del expediente.

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Entre el accidente y la golpiza: la Justicia busca determinar qué mató al adolescente de Chascomús

★ La muerte de Kevin Martínez sacudió a Chascomús y abrió una investigación judicial que todavía no tiene respuesta para la pregunta más urgente: ¿qué mató al adolescente de 15 años? ¿El impacto del accidente de tránsito o los golpes que recibió de un vecino mientras estaba herido en el suelo? La justicia trabaja para desentrañar esa secuencia, y la respuesta tendrá consecuencias penales determinantes para los involucrados.

La autopsia N°1282/2026, realizada en la Morgue Judicial de la Nación por el doctor Di Salvo, estableció que las causas de muerte fueron «politraumatismos» y «hemorragia interna». El resultado forense quedó incorporado al expediente, pero su alcance es técnicamente ambiguo: ambas causas pueden derivar tanto de un impacto vehicular como de una agresión física directa, razón por la cual la investigación continúa abierta y enfocada en reconstruir la cronología exacta de los hechos.

Un vecino que bajó del auto y golpeó a un menor en el piso

El episodio ocurrió en la ciudad bonaerense de Chascomús. El adolescente fue atropellado en un accidente de tránsito y, según denunciaron sus familiares y testigos presenciales, mientras permanecía herido en la calle, un hombre que descendió de uno de los vehículos involucrados en el siniestro lo golpeó en el piso. La combinación de ambos eventos derivó en su muerte.

Lo que esa escena dejó expuesto no fue solo la brutalidad de quien agredió a un menor ya lastimado: también exhibió la inacción de quienes estaban presentes y no hicieron nada para impedirlo.

La abuela del joven fue contundente al hablar públicamente sobre lo ocurrido: «Nadie hizo nada para evitar que le peguen», reclamó en declaraciones ante los medios. Sus palabras condensan una dimensión del caso que va más allá de lo judicial: la de la omisión social frente a una situación de violencia sobre un chico de 15 años que ya no podía defenderse.

La clave jurídica: qué lesión causó la muerte

La investigación se concentra ahora en una distinción que resultará determinante para el encuadre penal. Si los peritos logran establecer que Kevin ya estaba con riesgo de muerte por el choque antes de recibir los golpes, la situación del hombre que lo agredió podría encuadrar en una figura diferente a la del homicidio doloso. Si, en cambio, se acredita que la golpiza fue la causa determinante o agravante de su deceso, las consecuencias jurídicas para el agresor se amplían significativamente.

La justicia analiza pericias, testimonios y registros de cámaras de seguridad. El caso permanece en etapa de investigación y aún no se formalizaron imputaciones definitivas, según la información disponible al cierre de esta edición.

Un chico de 15 años, una ciudad conmocionada

La muerte de Kevin Martínez generó conmoción en Chascomús. El caso reúne varios elementos que lo vuelven especialmente sensible: la víctima era un adolescente, la agresión ocurrió en la vía pública con testigos, y la inacción de quienes presenciaron la golpiza sin intervenir forma parte del relato familiar. La investigación judicial todavía tiene por delante un tramo relevante antes de definir responsabilidades, pero lo que ya está probado desde el inicio del expediente es que un menor fue golpeado en el piso, herido, mientras otros miraban.

Puntos clave:

  • Kevin Martínez, 15 años, murió en Chascomús tras un accidente de tránsito seguido de una agresión física.
  • La autopsia N°1282/2026 determinó «politraumatismos» y «hemorragia interna» como causas de muerte.
  • La justicia investiga si el deceso fue consecuencia del choque o de la posterior golpiza de un vecino.
  • Familiares denuncian que el menor fue golpeado mientras yacía herido, sin que nadie intervinieran.
  • La causa analiza pericias, testimonios y cámaras de seguridad para establecer responsabilidades penales.

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