Análisis
«Foradori-Duncan»: el fin de un pacto entreguista
Este año, el Gobierno nacional dio por concluido el lesivo acuerdo firmado en 2016 por la administración macrista, que suponía el abandono de todas las medidas que había tomado la Argentina para proteger nuestros recursos naturales en las Islas Malvinas.
Por Laura Graneros
Este año, el Gobierno nacional dio por concluido el lesivo acuerdo firmado en 2016 por la administración macrista, que suponía el abandono de todas las medidas que había tomado la Argentina para proteger nuestros recursos naturales en las Islas Malvinas
Poco antes de cumplirse 41 años del inicio de la Guerra de Malvinas, el canciller Santiago Cafiero informó a su par del Reino Unido, James Cleverly, que el Gobierno argentino dio por finalizado el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016, conocido como “Pacto Foradori-Duncan”.
El acuerdo, firmado por el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos/Juntos por el Cambio) y la administración británica, fue uno de los hechos de la historia reciente más lesivos para el legítimo e imprescriptible reclamo de nuestro país por el ejercicio de soberanía sobre las Islas Malvinas.
¿Por qué era tan perjudicial?
Porque por medio de ese pacto se intentó garantizar al Reino Unido la remoción de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que había tomado la República Argentina para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de la pesca y los hidrocarburos, desarmando una estrategia que buscaba poner límites a la ocupación ilegal y a la expoliación del archipiélago.
Ese documento no solo realizaba concesiones a los intereses británicos respecto de la explotación de los recursos naturales argentinos en la región. A tal punto era entreguista que ninguno de los históricos reclamos argentinos estuvo presente en el texto. Tampoco mencionaba la base militar que existe en la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur.
Se trató de un acto con características manifiestamente ilegítimas y agraviantes para los intereses nacionales. La declaración recogía las dos principales demandas británicas que la entonces primera ministra Theresa May le había realizado a Macri en una carta enviada poco tiempo antes: la remoción de los “obstáculos” para la explotación de los recursos y los vuelos al continente.
Funcionarios borrachos: la vergonzosa génesis de un pacto espurio.Si algo le faltaba a esta triste historia, recientemente se conoció el patético escenario en el que se acordó el “comunicado conjunto”.
El ex vicecanciller británico Alan Duncan publicó el año pasado sus memorias como funcionario en un libro titulado “En el medio de eso”. Allí relató que viajó a la Argentina en septiembre de 2016 porque Reino Unido necesitaba “relaciones directas con Argentina para asegurar concesiones comerciales y acceso aéreo” a las Malvinas.
El funcionario narró que se reunió el lunes 12 de septiembre con el vicecanciller Carlos Foradori “debajo de la residencia de la embajada (británica) donde hay una fabulosa bodega, bien iluminada, con las paredes llenas de botellas de Merlot”. Y cita textual: “a medida que una botella tras otra se movía de alguna manera desde la pared del sótano a la mesa, las negociaciones mejoraron”. Al punto de llegar a un acuerdo bien regado alrededor de las 2 de la mañana.
En esta parte de las memorias cobra protagonismo Mark Kent, Embajador del Reino Unido en Argentina. Recuerda Duncan sobre la mañana del martes 13: “Kent dice que Foradori acaba de llamar para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Como un verdadero británico Mark le recordó lo que había acordado”.
Qué lamentable que alguien “bajo los efectos del alcohol” pretenda echar por la borda un reclamo legítimo de más de 180 años. Una siniestra coincidencia con la conducta del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, quien junto a los otros miembros de la Junta Militar ordenó el desembarco de las tropas argentinas el 2 de abril de 1982, llevando a la muerte a 649 argentinos en las Islas y condenando a la misma suerte a tantos otros veteranos que perdieron su vida en la posguerra.
Un llamado a reanudar el diálogo
En el marco de la Cumbre de Cancilleres del G20, a principios de marzo en Nueva Delhi, el jefe de la diplomacia argentina, además de dar por finalizado el “Pacto Foradori-Duncan”, formuló una propuesta para reiniciar negociaciones por la Cuestión Malvinas e invitó a concretar una reunión para concertar la agenda de negociaciones en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
La nota entregada por Cafiero a Cleverly señaló que nuestro país ha buscado colaborar en asuntos concretos como vuelos, actividad científica en la Antártida o conservación y preservación de recursos pesqueros, ‘‘sin que la disposición demostrada por la Argentina haya sido respondida de manera recíproca por su gobierno’’. En el texto se señaló que, por el contrario, ‘‘el Reino Unido ha realizado continuadamente actos unilaterales, que han sido oportuna y debidamente protestados por la República Argentina.
Una vez más, para desarmar esta lamentable jugada diplomática del gobierno de Juntos por el Cambio/Cambiemos, fue crucial la reacción de amplios sectores políticos y sociales, especialmente del Congreso de la Nación y de los Veteranos de Guerra. De no haber opuesto resistencia a este avasallamiento de nuestros legítimos derechos, las consecuencias del acuerdo Foradori-Duncan habrían sido irreparables.
En ese sentido, en su informe de gestión de esta semana ante la Cámara de Diputados de la Nación del Jefe de Gabinete de ministros Agustín Rossi destacó que “el ignominioso pacto Foradori-Duncan nunca debería haber existido” y precisó que “el acuerdo ni siquiera se presentó como tal” y fue comunicado como un “comunicado conjunto, fundamentalmente para evitar su tratamiento en el Congreso de la Nación”.
Rossi explicaba así la maniobra implementada por el macrismo para evitar cumplir con la obligación constitucional de someter a la aprobación del Parlamento los acuerdos internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo.
Las opiniones expresadas en la presente nota de opinión y/o análisis son las de los autores. No pretenden reflejar las opiniones de El Argentino Diario o de sus integrantes. Las denominaciones empleadas en la misma y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de El Argentino Diario juicio alguno sobre la información y/o datos y/o valoraciones aquí expuestas.
Análisis
La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo
Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».
Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia
Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.
Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.
Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.
Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.
El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina
La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.
Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.
La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.
Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)
La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.
Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.
Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.
El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas
El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.
Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.
El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.
Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala
La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.
El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.
En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.
Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.
Machismo de guardapolvo blanco
Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.
La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.
Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.
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