Análisis
«Foradori-Duncan»: el fin de un pacto entreguista
Este año, el Gobierno nacional dio por concluido el lesivo acuerdo firmado en 2016 por la administración macrista, que suponía el abandono de todas las medidas que había tomado la Argentina para proteger nuestros recursos naturales en las Islas Malvinas.
Por Laura Graneros
Este año, el Gobierno nacional dio por concluido el lesivo acuerdo firmado en 2016 por la administración macrista, que suponía el abandono de todas las medidas que había tomado la Argentina para proteger nuestros recursos naturales en las Islas Malvinas
Poco antes de cumplirse 41 años del inicio de la Guerra de Malvinas, el canciller Santiago Cafiero informó a su par del Reino Unido, James Cleverly, que el Gobierno argentino dio por finalizado el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016, conocido como “Pacto Foradori-Duncan”.
El acuerdo, firmado por el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos/Juntos por el Cambio) y la administración británica, fue uno de los hechos de la historia reciente más lesivos para el legítimo e imprescriptible reclamo de nuestro país por el ejercicio de soberanía sobre las Islas Malvinas.
¿Por qué era tan perjudicial?
Porque por medio de ese pacto se intentó garantizar al Reino Unido la remoción de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que había tomado la República Argentina para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de la pesca y los hidrocarburos, desarmando una estrategia que buscaba poner límites a la ocupación ilegal y a la expoliación del archipiélago.
Ese documento no solo realizaba concesiones a los intereses británicos respecto de la explotación de los recursos naturales argentinos en la región. A tal punto era entreguista que ninguno de los históricos reclamos argentinos estuvo presente en el texto. Tampoco mencionaba la base militar que existe en la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur.
Se trató de un acto con características manifiestamente ilegítimas y agraviantes para los intereses nacionales. La declaración recogía las dos principales demandas británicas que la entonces primera ministra Theresa May le había realizado a Macri en una carta enviada poco tiempo antes: la remoción de los “obstáculos” para la explotación de los recursos y los vuelos al continente.
Funcionarios borrachos: la vergonzosa génesis de un pacto espurio.Si algo le faltaba a esta triste historia, recientemente se conoció el patético escenario en el que se acordó el “comunicado conjunto”.
El ex vicecanciller británico Alan Duncan publicó el año pasado sus memorias como funcionario en un libro titulado “En el medio de eso”. Allí relató que viajó a la Argentina en septiembre de 2016 porque Reino Unido necesitaba “relaciones directas con Argentina para asegurar concesiones comerciales y acceso aéreo” a las Malvinas.
El funcionario narró que se reunió el lunes 12 de septiembre con el vicecanciller Carlos Foradori “debajo de la residencia de la embajada (británica) donde hay una fabulosa bodega, bien iluminada, con las paredes llenas de botellas de Merlot”. Y cita textual: “a medida que una botella tras otra se movía de alguna manera desde la pared del sótano a la mesa, las negociaciones mejoraron”. Al punto de llegar a un acuerdo bien regado alrededor de las 2 de la mañana.
En esta parte de las memorias cobra protagonismo Mark Kent, Embajador del Reino Unido en Argentina. Recuerda Duncan sobre la mañana del martes 13: “Kent dice que Foradori acaba de llamar para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Como un verdadero británico Mark le recordó lo que había acordado”.
Qué lamentable que alguien “bajo los efectos del alcohol” pretenda echar por la borda un reclamo legítimo de más de 180 años. Una siniestra coincidencia con la conducta del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, quien junto a los otros miembros de la Junta Militar ordenó el desembarco de las tropas argentinas el 2 de abril de 1982, llevando a la muerte a 649 argentinos en las Islas y condenando a la misma suerte a tantos otros veteranos que perdieron su vida en la posguerra.
Un llamado a reanudar el diálogo
En el marco de la Cumbre de Cancilleres del G20, a principios de marzo en Nueva Delhi, el jefe de la diplomacia argentina, además de dar por finalizado el “Pacto Foradori-Duncan”, formuló una propuesta para reiniciar negociaciones por la Cuestión Malvinas e invitó a concretar una reunión para concertar la agenda de negociaciones en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
La nota entregada por Cafiero a Cleverly señaló que nuestro país ha buscado colaborar en asuntos concretos como vuelos, actividad científica en la Antártida o conservación y preservación de recursos pesqueros, ‘‘sin que la disposición demostrada por la Argentina haya sido respondida de manera recíproca por su gobierno’’. En el texto se señaló que, por el contrario, ‘‘el Reino Unido ha realizado continuadamente actos unilaterales, que han sido oportuna y debidamente protestados por la República Argentina.
Una vez más, para desarmar esta lamentable jugada diplomática del gobierno de Juntos por el Cambio/Cambiemos, fue crucial la reacción de amplios sectores políticos y sociales, especialmente del Congreso de la Nación y de los Veteranos de Guerra. De no haber opuesto resistencia a este avasallamiento de nuestros legítimos derechos, las consecuencias del acuerdo Foradori-Duncan habrían sido irreparables.
En ese sentido, en su informe de gestión de esta semana ante la Cámara de Diputados de la Nación del Jefe de Gabinete de ministros Agustín Rossi destacó que “el ignominioso pacto Foradori-Duncan nunca debería haber existido” y precisó que “el acuerdo ni siquiera se presentó como tal” y fue comunicado como un “comunicado conjunto, fundamentalmente para evitar su tratamiento en el Congreso de la Nación”.
Rossi explicaba así la maniobra implementada por el macrismo para evitar cumplir con la obligación constitucional de someter a la aprobación del Parlamento los acuerdos internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo.
Las opiniones expresadas en la presente nota de opinión y/o análisis son las de los autores. No pretenden reflejar las opiniones de El Argentino Diario o de sus integrantes. Las denominaciones empleadas en la misma y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de El Argentino Diario juicio alguno sobre la información y/o datos y/o valoraciones aquí expuestas.
Análisis
El drama de Granja Tres Arroyos: 500 familias sin trabajo y sin cobrar
La empresa avícola cerró su planta en la localidad bonaerense, adeuda sueldos y aguinaldos y pidió un concurso preventivo de acreedores. «Somos un pueblo al que le cayó una bomba», describieron los trabajadores despedidos, que reclaman respuestas que la patronal nunca dio.
Más de 500 trabajadores y trabajadoras de Capitán Sarmiento perdieron su empleo en las últimas semanas tras el cierre de la planta avícola de Granja Tres Arroyos en esa localidad del norte bonaerense. La empresa acumula deudas salariales que incluyen meses de sueldo sin pagar y aguinaldos pendientes, y recurrió a la Justicia para pedir la apertura de un concurso preventivo de acreedores, el mecanismo legal que antecede a la quiebra y que deja a los trabajadores en una situación de extrema incertidumbre sobre el cobro de sus acreencias.
El impacto de los despidos no se limitó a Capitán Sarmiento. Según describió Andrea Ulere, ex empleada de la empresa, la crisis se extendió a municipios vecinos: alrededor de 100 despidos adicionales se registraron en Arrecifes y otros 100 en San Antonio de Areco, lo que convierte a esta debacle laboral en un golpe colectivo sobre toda la región del norte del conurbano extendido.
«Una bomba en el medio del pueblo»
Ulere describió la situación con una imagen que sintetiza el derrumbe social que vive la localidad. «Somos un pueblo que tiene la sensación hoy de caminar por la calle, que nos ha caído una bomba en el medio y andamos juntando los pedazos de la gente», señaló. «No se puede describir con palabras el dolor que tenemos», agregó.
La ex trabajadora reveló además un detalle que ilustra la dimensión humana de la crisis: «Acá venía el cartero del pueblo con el despido en mano llorando». La imagen del telegrama de despido entregado entre lágrimas en una localidad pequeña habla de un tejido comunitario que la empresa desgarró sin dar explicaciones.
Ulere fue cuidadosa al momento de atribuir responsabilidades, pero contundente: «Más allá del nivel nacional, que todos sabemos que económicamente estamos todos mal, acá hubo una mala gestión de los hijos y sobrinos de Joaquín de Grazia, que hicieron un mal negocio. Los despidos decían que eran por la gripe aviar, el Covid-19, y nosotros en esa época es cuando se trabajó más que nunca».
Veinte años de trabajo, deudas y silencio patronal
Los testimonios de los trabajadores que aún no recibieron su telegrama pero temen recibirlo en cualquier momento son igualmente demoledores. Oscar, con 20 años de antigüedad en la planta, graficó el costo que la prolongada agonía de la empresa tuvo sobre su salud y su dignidad: «La situación me tiene mal. Nos afecta la salud mental. Ya hace un año y medio que vivimos esto. Yo vivo con mis padres. No es lo justo que yo tenga que vivir de ellos».
Nadie de la empresa viene a dar la cara y dar explicaciones, denunció Oscar. «Así nos tuvieron un año y medio. Nos quitaron parte de nuestro salario, nos deben el pago de meses, nos deben vacaciones», enumeró.
Otro trabajador con más de 18 años de antigüedad contó que el deterioro fue progresivo y que los empleados cedieron ante cada exigencia patronal con la esperanza de conservar el puesto: «El conflicto comenzó con un pedido de esfuerzo a los trabajadores y una reducción salarial del 9%. Luego, los pagos comenzaron a realizarse en cuotas. Con tal de seguir trabajando lo aceptamos. Hace tres meses nos pagaban 100 mil por semana«, relató. «Nosotros hemos aportado mucho a la empresa, pero para ellos somos un número más», cuestionó.
Un tercer operario con 16 años en la empresa resumió la angustia cotidiana de quienes todavía no fueron desvinculados pero tampoco cobran: «Todos tenemos chicos, cuentas que pagar, se me vence el alquiler, no tengo plata para alquilar en otro lado. Los servicios los pago como puedo. Si hacés una changa te peleás por los precios. Tuvimos que hacer muchos recortes en salidas y alimentos. Antes alcanzaba la plata. Ahora no alcanza para nada. Tenemos un trabajo fijo pero no cobramos».
La intendenta y el pedido de los trabajadores
Durante las protestas frente a la planta y en la plaza de Capitán Sarmiento, la intendenta local Fernanda Astorino Hurtado se hizo presente para interiorizarse sobre la situación. Habló de un «mal manejo empresarial», lo que coincide con el diagnóstico de los propios trabajadores, aunque para estos últimos la presencia política no alcanza si no se traduce en acciones concretas.
Ulere fue directa al respecto: «Todo sirve, nosotros estamos desorientados y lo que queremos es que esto no se apague, que ella luche por nosotros para que no se apague. Porque donde dejen de hablar de nosotros, todo va a terminar en la nada. A los políticos para que se muevan, porque ¿quién nos va a salvar a nosotros?».
La pregunta resuena con fuerza en un contexto nacional en el que el gobierno de Javier Milei ha reducido el gasto en programas sociales en más de un 60% y donde la desregulación del mercado laboral, impulsada por la misma gestión, dejó a miles de trabajadores sin las redes de contención que el Estado podía ofrecer. El drama de Capitán Sarmiento no es una excepción: es el retrato de lo que ocurre cuando una empresa quiebra y el Estado se hace a un lado.
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