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CABA

Con los chicos no: Defensoría Nacional repudió la baja de edad de punibilidad

Los dichos de Marcelo D’Alessandro, minsitro de Seguridad y Justicia de CABA violan «el principio de no regresividad de los derechos humanos y es inconstitucional».

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La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, repudió este jueves las declaraciones del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, sobre la baja de la edad de punibilidad a 14 años ya que, dijo, «viola el principio de no regresividad de los derechos humanos y es inconstitucional».

«Nosotros como Defensoría Nacional jamás vamos a aceptar la baja en la edad de punibilidad, es ir en contra de los mandatos convencionales y constitucionales y sobre todo va en contra del principio de no regresividad de los derechos humanos», afirmó Graham.

De esta manera se refirió a los dichos de D’Alessandro, quien durante una entrevista en América TV opinó que «habría que bajar la edad de punibilidad a 14 años», ya que «a esa edad una persona comprende perfectamente la criminalidad del acto» y que con la legislación vigente se «favorece a las organizaciones delictivas que se valen de menores para aprovechar que son inimputables».

«Cuando el ministro habla de las redes delictivas, me gustaría saber dónde están las estadísticas o la evidencia en la que se basa para decir lo que dice, no es la evidencia que nosotros manejamos», señaló la defensora.

En este sentido, puntualizó que «el índice de delitos graves de los chicos y chicas en edad punible es bajísimo», ya que «mientras un chico en edad punible comete un delito grave hay cientos de adultos cometiéndolo».

«Decirle a la sociedad que el índice de criminalidad va a bajar por disminuir la edad de punibilidad es un ‘casa bobo’, es totalmente falso, desde el punto de vista sociológico y de la normativa vigente», sostuvo.

En este sentido, señaló que «países de la región que han bajado la edad de punibilidad lo único que han logrado es aumentar los índices de criminalidad».

«Lo que sí genera en la Argentina y en el mundo mayores índices de criminalidad es la desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen», resaltó la defensora y destacó que lo primero que hay que hacer es prevenir y que «prevenir implica que haya mayores índices de igualdad».

Desde la cuenta oficial de Twitter de la Defensora de Derechos de NNYA se resaltó lo ya expresado en dos documentos con recomendaciones para el Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional y poderes provinciales elaborados de forma conjunta con defensores provinciales, donde se advirtió que «la privación de libertad debe ser el último recurso y por el periodo más breve posible».

Otros puntos relevantes son que «no se reduzca la edad de responsabilidad penal juvenil», que «no se endurezcan las penas» y la prohibición de «penas perpetuas para personas punibles menores de edad».

«Tal como viene diciendo el Comité de Derechos del Niño, la Argentina tiene que tener una Ley de Justicia Juvenil compatible con el corpus iuris internacional, que incluye la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales que hemos ratificado para garantizar la promoción y protección de derechos de las niñeces y adolescencias», concluyó Graham.

AMBA

Operativo Tormenta Negra en CABA: 1.500 policías, 11 allanamientos y 4 búnkeres narco

En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de **Javier Milei**, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera el narcotrafico en los barrios.

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Blindados, helicópteros y cuatro búnkeres: el narcotráfico sigue en pie en los barrios que el Estado abandona

El megaoperativo antinarco desplegado este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires intervino simultáneamente en seis barrios vulnerables. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, monitoreó el procedimiento desde Villa Lugano en un contexto de creciente conflictividad social y precariedad estatal en los territorios.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó el denominado Operativo Tormenta Negra, un procedimiento antinarco de gran escala que movilizó a 1.500 efectivos y desplegó 11 allanamientos simultáneos en distintos barrios populares de la Capital Federal. La acción permitió identificar al menos cuatro búnkeres de venta de drogas en los barrios 31, 1.11.14, 20, Villa Zabaleta, Fraga y Villa 15.

Un Estado que llega armado

El operativo incluyó la participación de la Guardia de Infantería, vehículos blindados modelo Fénix y un helicóptero que sobrevoló las zonas intervenidas. Como parte de las acciones, se procedió a la remoción de automóviles abandonados en la vía pública que, según las fuerzas de seguridad, eran utilizados para el almacenamiento y comercialización de estupefacientes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el procedimiento desde Villa Lugano, en un año marcado por las tensiones con el gobierno nacional sobre el reparto de responsabilidades en el territorio metropolitano.

Estrategia sorpresa en barrios históricamente abandonados

La estrategia del operativo se basó en el factor sorpresa, con el objetivo de desarticular las bandas narco sin darles tiempo de reacción. El procedimiento se inscribió además en una jornada de intensa actividad anticriminal tanto en la Ciudad como en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en continuidad con el megaoperativo ejecutado el día anterior en Fuerte Apache, donde más de 500 efectivos intervinieron para desarticular dos bandas narco.

Lo que los comunicados oficiales presentan como «pacificación» y «recuperación del espacio público» no resuelve, sin embargo, las causas estructurales que alimentan el narcotráfico en los barrios populares: la desocupación, el hacinamiento, el desfinanciamiento de políticas sociales y la ausencia de infraestructura básica en comunidades que concentran las peores condiciones habitacionales de la ciudad.

En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de Javier Milei, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera la economía ilegal.

Barrios bajo la lupa, barrios sin soluciones de fondo

El Barrio 31, también conocido como Barrio Mugica, es emblemático de la contradicción entre la intervención policial puntual y la política de integración urbana inconclusa. Las promesas de urbanización avanzaron a distintas velocidades según la gestión de turno, pero el acceso a servicios básicos, la salud, la educación y el trabajo formal siguen siendo deudas pendientes para miles de familias que habitan esos territorios.

La pregunta que los operativos espectaculares no responden es siempre la misma: ¿qué Estado aguarda a los vecinos de estos barrios después de que se retiran los blindados?

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