Buenos Aires
No fue racismo, es odio de clase
Un subcomisario, tres comisarios y un inspector fueron condenados por encubrir el crimen de Lucas González y un Inspector condenado además por torturas.
Por Ismael Jalil
Isasi tiene 42 años y es inspector, López acusa 48 y es oficial mayor, Nievas cuenta con 38 y es Oficial. Los tres condenados a perpetua forman parte de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.
Un subcomisario, tres comisarios y un inspector fueron condenados por encubrir el crimen y un Inspector condenado además por torturas.

Los defensores son abogados de policías y fuerzas de seguridad vinculados al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrrich (con actuación en casos emblemáticos: Nahuel y Maldonado entre los más conocidos). Sin ruborizarse, ambos sostuvieron que los policías involucrados habían cumplido con su deber.
Berard es el Jefe de la Policía de la Ciudad, D’ Alessandro fue su jefe político directo y Horacio Rodríguez Larreta el jefe máximo de ambos. Todos ellos tardaron 36 horas para admitir que ya no podían sostener el cuentito que sus medios hegemónicos y sus periodistas estrellas habían ayudado a instalar: “Policías abaten a un narcotraficante en Villa Zavaleta, otros dos sujetos fueron detenidos”. Todos estaban celebrando el 8vo aniversario de la creación de la Institución y el hecho les venía de perillas para levantar las copas.

Lucas González, el muerto era un pibe de 17 años, hijo de trabajadores, de barrio pobre, jugador de fútbol con tres amigos de sus mismas características. Joaquín, uno de ellos logró zafar transitoriamente y llamó a sus padres. Los sobrevivientes estuvieron a poco de quedar presos por el resto de la adolescencia y gran parte de su juventud.
La pregunta es ¿cuántos de estos casos terminan de otra manera? ¿Cuántos Lucas González están enterrados y cuántos Joaquines están encerrados sin Justicia?
Cuántos oficiales y suboficiales de fuerzas de seguridad siguen impunemente “cuidándonos de la inseguridad” después de hechos que se repiten como un mero daño colateral.
La mano dura, el gatillo fácil, es una respuesta clasista destinada a encubrir la desigualdad que generan los gerentes que como Bullrrich, Petri, Larreta, Morales, Espert, Berni, de todas las jurisdicciones y colores partidarios patronales están al servicio de la concentración de la riqueza.
No es que matan a un “negrito de la villa”, matan a quien pone en riesgo sus privilegios, a quien potencialmente puede levantarse y dar vuelta la tortilla. Dirán que fue la policía, es ella quien apretó el gatillo, pero el cerebro que lo ordena está en los spots de TV.
No matan a “un negrito de la villa”, matan a un enemigo de clase. La justicia lo sabe, por eso usa eufemismos y maquilla sus sentencias.
Buenos Aires
Desalojo a feriantes: más de 200 familias quedaron sin trabajo en Mar del Plata
Neme llega con topadoras.
La otra cara del “orden”: desalojaron a feriantes en Mar del Plata
El operativo que desmanteló la feria “La Saladita” en la zona de Playa Bristol, en Mar del Plata, dejó al descubierto algo más que un conflicto por la legalidad del comercio: expuso la fragilidad de más de 200 familias que, de un día para el otro, quedaron sin ingresos. A más de diez días del desalojo, los trabajadores se movilizaron frente al municipio para exigir lo que hasta ahora no llegó: una respuesta.
El Estado que llega con topadoras
La intervención se realizó bajo el argumento de combatir la venta ilegal y la violación de marcas. El municipio recuperó el predio, pero no ofreció alternativas. La escena se repite: presencia estatal para desalojar, ausencia para contener.
Walter Rivero, del Sindicato de Vendedores Ambulantes, sintetizó el reclamo: “No somos delincuentes, somos trabajadores que quedaron afuera del sistema”. La frase no es nueva, pero vuelve a tomar fuerza en un contexto donde la informalidad no es elección sino única salida.
Once días sin ingresos
Desde el operativo, los feriantes aseguran que no hubo instancias de diálogo. Denuncian promesas incumplidas y una situación que se agrava con el correr de los días. “Hay familias que no tienen para comer”, advirtieron durante la protesta.
El impacto no es abstracto. Son vendedores de ropa, alimentos, productos básicos. Redes de subsistencia que, sin ese espacio, se desarman. La feria funcionaba como un sostén colectivo frente a un mercado laboral cada vez más excluyente.
Miedo a que la historia se repita
El conflicto no quedó limitado a Playa Bristol. Trabajadores de otras ferias, como la de Plaza Rocha, expresaron temor ante posibles desalojos. La incertidumbre se expande y refuerza una sensación compartida: la de estar siempre al borde.
“Queremos trabajar”, repiten. No hay eufemismos ni vueltas. El pedido es concreto: una mesa de diálogo y una alternativa real.
Silencio oficial
Hasta el momento, la gestión del intendente Neme no dio respuestas públicas que atiendan el reclamo de fondo. Sin propuestas de reubicación ni políticas de contención, el conflicto sigue abierto.
En el medio, más de 200 familias sostienen la espera como pueden.
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