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Buenos Aires

Tras una jornada de protestas en penales bonaerenses, se retomarán las visitas presenciales

Los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de Salud provinciales, junto al SPB “comenzaron a elaborar un protocolo de bioseguridad adaptado al contexto de encierro para enfrentar los requerimientos preventivos de la pandemia a partir de la reanudación de visitas”.

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El Gobierno bonaerense, representantes del Poder Judicial y referentes de organizaciones de derechos humanos acordaron este sábado por la noche que a partir del 14 de noviembre próximo serán habilitadas las visitas presenciales de familiares de detenidos, luego de una jornada de protestas protagonizada por presos alojados en los penales bonaerenses de Melchor Romero, Florencio Varela, Campana y San Martín.

Según informó en un comunicado el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la habilitación de las visitas a las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, suspendidas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) impuesto para mitigar la pandemia de coronavirus, se dará en el marco de un “estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad sanitaria para la preservación de la salud pública”.

La protesta de los presos en las cárceles bonaerenses de Melchor Romero, Florencio Varela, Campana y San Martín, que incluyó el ascenso de los internos a los techos los penales e incidentes, se inició en demanda del restablecimiento de las visitas familiares presenciales.

Los encuentros habían sido suspendidos luego de un acuerdo voluntario entre autoridades e internos el pasado 12 de marzo.

En este sentido, fuentes del sector indicaron que desde el inicio del aislamiento «los detenidos fueron habilitados a utilizar teléfonos celulares para comunicarse y mantener video llamadas con el fin de no cortar el vínculo con sus familiares».

Desde la provincia confirmaron que en las cárceles de Melchor Romero, Florencio Varela y Campana la situación era más tranquila y que el epicentro del reclamo quedó circunscripto a las Unidades 46 y 48 de San Martín.

En San Martín hubo un enfermero, tres mujeres y cinco hombres celadores de rehenes que ya fueron liberados, dijeron las fuentes.

Finalmente, el sábado por la tarde se conformaron mesas de diálogo en esos penales bonaerenses, de las cuales participaron autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, representantes del Poder Judicial, organizaciones de derechos humanos y representantes de los presos.

Posteriormente, se firmó un acta de acuerdo en el cual se dispuso que, a partir del sábado 14 de noviembre próximo, serán habilitadas las visitas en las unidades penitenciarias bonaerenses, de acuerdo a lo comunicado por el SPB.

Asimismo, se informó que los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de Salud provinciales, a cargo de Julio Alak y Daniel Gollan, respectivamente, junto al SPB “comenzaron a elaborar un protocolo de bioseguridad adaptado al contexto de encierro para enfrentar los requerimientos preventivos de la pandemia a partir de la reanudación de visitas”.

Por su parte, como consecuencias del reclamo, que derivó en algunos incidentes, tanto en los penales de Florencio Varela como en San Martín concurrió un juez de garantías y un defensor público, añadieron las fuentes.

En tanto, los voceros aclararon que, desde los hechos violentos ocurridos en abril último en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, donde un interno falleció por disparos de postas de plomo, este armamento fue prohibido para ser utilizado por los penitenciarios.

Asimismo, fuentes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia precisaron que «una delegación de este organismo se dirigió a los penales para tratar de dialogar con los detenidos». En el mismo sentido se presentó en las unidades un equipo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Según un vocero del organismo provincial, «desde el Servicio Penitenciario bonaerense se evaluaba restablecer la presencialidad de las visitas a los penales» y, ante esta posibilidad, los internos visibilizaron su reclamo.

Al respecto, el vocero de SPB aclaró que «el restablecimiento de las visitas familiares presenciales implica una articulación coordinada de varios ministerios y municipios para la puesta en marcha de los protocolos, algo que no se puede implementar de un día para otro».

En principio, las visitas serían desde las próximas semanas como prueba piloto con protocolos y cupos. Sin embargo, cuando ese diálogo estaba avanzando comenzaron a pedir la morigeración de las penas, por lo que hubo un compromiso de trasladar ese reclamo a los juzgados correspondientes

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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