Investigación 🔎
Fentanilo letal: Laboratorios Ramallo ocultó la contaminación mortal para no frenar las ventas
Nuevos testimonios revelan que la empresa escondía los resultados positivos de bacterias y destruía evidencia ante posibles inspecciones de la ANMAT. La investigación avanza sobre un fraude sistemático que causó 173 muertes.
★ La causa judicial por la tragedia del fentanilo contaminado —que ya dejó 173 víctimas fatales— incorporó declaraciones clave que confirman un sistema deliberado de fraude y ocultamiento en Laboratorios Ramallo. Según reveló el periodista Andrés Klipphan, una nueva testigo detalló ante el juez Ernesto Kreplak cómo la empresa escondía resultados de contaminación bacteriológica para no frenar la comercialización del fármaco.
El protocolo violado: vender antes de verificar
La testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, describió un patrón de violación sistemática de los protocolos de esterilidad. Los análisis microbiológicos que, según la normativa sanitaria, requieren 14 días de observación, eran acelerados por «órdenes de arriba» con el único objetivo de no detener la venta.
Lo más grave del testimonio es la descripción del ocultamiento consciente: «Se sabía que se vendían igual», aseguró la testigo en referencia a los lotes que daban positivo para contaminación. La justificación interna, según su relato, era que «había que vender».
Desaparición de pruebas ante inspecciones
La declaración también reveló una práctica sistemática de destrucción de evidencia. Los resultados microbiológicos positivos se registraban en cuadernos que «desaparecían» cuando circulaban rumores de inspecciones de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).
Este testimonio se suma a las pruebas documentales que ya obran en el expediente, incluyendo chats internos de la empresa que confirmarían la existencia de un mecanismo de fraude sostenido en el tiempo.
Un sistema de negligencia criminal
La investigación del juez Kreplak ha logrado reconstruir una cadena de decisiones que, lejos de tratarse de errores aislados, conforman un sistema organizado para mantener la producción aun cuando los controles de calidad fallaban. La nueva declaración refuerza la hipótesis de que las muertes no fueron resultado de una falla puntual, sino de una política empresaria que priorizó las ganancias sobre la seguridad sanitaria.
El caso ya tiene 14 procesados, entre ellos los dueños y directores de Laboratorios Ramallo, acusados de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte. La magnitud de la tragedia llevó a que se la compare con las de Cromañón y Once, dos de los peores desastres por negligencia en la historia argentina.
Contexto: la peor tragedia sanitaria del país
El fentanilo contaminado de Laboratorios Ramallo provocó 173 muertes y decenas de casos de intoxicación grave en pacientes que consumían el fármaco para tratamiento del dolor. La contaminación bacteriológica, que debió ser detectada en los controles de calidad previos a la comercialización, circuló en el mercado farmacéutico durante semanas.
La ANMAT intervino cuando ya había múltiples víctimas fatales, y ordenó el retiro inmediato de todos los lotes de fentanilo producidos por el laboratorio. La investigación judicial avanzó con allanamientos, secuestro de documentación y la declaración de decenas de testigos, ex empleados y familiares de víctimas.
Puntos clave
• Una nueva testigo declaró que Laboratorios Ramallo ocultaba resultados positivos de contaminación bacteriológica para no frenar la venta de fentanilo.
• Los protocolos de esterilidad de 14 días eran acelerados por «órdenes de arriba» para priorizar la comercialización del fármaco.
• Los cuadernos con resultados positivos «desaparecían» ante rumores de inspecciones de la ANMAT.
• La investigación del juez Kreplak tiene 14 procesados, incluyendo dueños y directores de la empresa, acusados de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte.
• La tragedia dejó 173 víctimas fatales y es considerada la peor crisis sanitaria de la historia argentina.
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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