El ajuste llega a los más vulnerables: Milei transfiere a las empresas el costo de los pasajes para discapacitados, trasplantados y niños con cáncer

★ La administración de Javier Milei profundizó su política de desmantelamiento del Estado y dio otro golpe a los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno dejó sin efecto el régimen de compensaciones económicas que el Estado Nacional abonaba a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados y personas en lista de espera del SINTRA) y 27.674 (menores con cáncer).

La medida pone fin a un sistema vigente desde 2018, mediante el cual el Estado cubría parcialmente el costo de los boletos sin cargo que las compañías debían otorgar por obligación legal a personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con diagnóstico oncológico.

Un derecho que sobrevive, pero sin financiamiento estatal

El texto de la resolución aclara que «el derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas». En ese sentido, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) fue designada como organismo de control para garantizar que las empresas continúen emitiendo los boletos gratuitos conforme a la normativa. La norma también incorporó una cláusula transitoria para preservar los trámites y compensaciones ya devengadas antes de su entrada en vigencia.

Sin embargo, la pregunta que flota sobre el sistema es ineludible: si las empresas deben absorber íntegramente un costo que antes compartían con el Estado, ¿qué mecanismos reales garantizan que el derecho no se vuelva letra muerta? La historia del ajuste libertario registra sobrados antecedentes de derechos formalmente vigentes pero materialmente vaciados.

La lógica del «mercado libre» aplicada a la discapacidad

En los considerandos de la resolución, la Secretaría de Transporte argumentó que el esquema de compensaciones había nacido en un contexto de «emergencia» y de «fuerte intervención estatal que limitaba la posibilidad de los operadores de fijar libremente sus precios». La justificación remite al Decreto 883/2024, que desreguló el transporte interjurisdiccional y habilitó a las empresas a determinar libremente recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio.

Bajo esa lógica, el Ejecutivo consideró que las compañías, al poder fijar sus precios sin restricciones, tienen ahora capacidad suficiente para «internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales». En otras palabras: el mercado libre, en teoría, financia los derechos sociales. Un argumento que la economía heterodoxa y la experiencia histórica argentina desmienten con consistencia.

El contexto: tarifas que se dispararon, salarios que se derrumbaron

La medida se adopta en un escenario en el que el transporte ya concentra una de las mayores presiones sobre el bolsillo popular. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las tarifas del transporte crecieron muy por encima del índice de precios al consumidor, que acumuló una suba del 303,5% desde diciembre de 2023. En ese mismo período, el Salario Mínimo, Vital y Móvil aumentó apenas un 129%, implicando una pérdida real del 43% en su poder adquisitivo.

El impacto se traduce en números concretos: en diciembre de 2023, una persona que cobraba el salario mínimo destinaba el 2,6% de sus ingresos al transporte; en abril de 2026, esa proporción escaló al 17,3%. La eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior profundizó las asimetrías entre el AMBA y las provincias: mientras el boleto mínimo en el conurbano se ubica alrededor de los $700, en varias ciudades del interior ya supera los $2.000.

En ese contexto, trasladar a las empresas el costo de los pasajes gratuitos no neutraliza la presión económica sobre los colectivos más vulnerables, sino que la redistribuye entre actores privados con lógica de ganancia, sin ninguna garantía social de resultado.

Un nuevo capítulo en el ajuste sobre la discapacidad

La resolución llega mientras el Gobierno mantiene incumplida la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), sancionada por el Congreso y ratificada en reiteradas oportunidades por el Poder Judicial, pero aún sin implementación efectiva por parte del Ejecutivo libertario. El escenario configura un patrón: derechos reconocidos por ley que el Estado deja de financiar, fiscalizar o implementar, bajo el paraguas de la desregulación y el ajuste estructural pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La quita de compensaciones a los pasajes gratuitos para los sectores más vulnerables no es un hecho aislado. Se inscribe en una trayectoria de política pública que acumula recortes reales en programas sociales (-61%), transferencias a provincias (-66%), gasto de capital (-86%) y salarios públicos (-29%) desde el inicio de la gestión, según datos del Foro Economía y Trabajo publicados en mayo de 2026.

Puntos clave

• La Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
• El sistema derogado estuvo vigente desde 2018 y cubría parcialmente el costo de boletos garantizados por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
• El Gobierno argumentó que la desregulación tarifaria habilitada por el Decreto 883/2024 permite a las empresas absorber ese costo en su estructura comercial.
• El derecho a la gratuidad para los usuarios permanece vigente, pero sin financiamiento estatal y con controles delegados en la CNRT.
• La medida se adopta con las tarifas de transporte acumulando una suba del 912% desde diciembre de 2023, y mientras el Ejecutivo mantiene incumplida la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793).