Investigación 🔎
Fentanilo letal: la Justicia investiga 124 muertes y la causa ya suma 14 procesamientos
El juez federal Ernesto Kreplak procesó al empresario Ariel García Furfaro y a 13 colaboradores por la adulteración del lote 31202 del opioide. Las víctimas fatales se distribuyen entre Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Formosa.
⬛ La cifra de muertes vinculadas al suministro de fentanilo contaminado en Argentina ascendió a 124 casos, según reveló el dictamen de procesamiento de 14 acusados emitido por el juez federal Ernesto Kreplak. El documento de más de 400 páginas, detalla que «se incorporaron progresivamente 124 pacientes fallecidos con posible asociación al brote por administración de fentanilo contaminado».
La distribución geográfica de las víctimas incluye 54 fallecimientos en la provincia de Buenos Aires, uno en Capital Federal, 50 en Santa Fe, siete en Córdoba y tres en Formosa, según el relevamiento judicial.
Procesamiento del empresario y sus colaboradores
El 25 de septiembre, el magistrado procesó con prisión preventiva a Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., por considerarlo «coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales» que provocó la muerte de 20 personas, «en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud».
Según la resolución judicial, García Furfaro habría intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios en «la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta» que derivaron en «la adulteración del lote 31202» del opioide, destinado al uso sanitario público. La orden de producción del lote cuestionado fue emitida el 16 de diciembre de 2024.
Detenciones domiciliarias y procesamientos
Además del empresario principal, fueron procesados con prisión provisoria Diego Hernán García (con arresto domiciliario), Nilda Furfaro, Javier Martín Tchunkrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi (estos últimos con detención domiciliaria).
El juez también dictaminó procesamientos sin prisión preventiva para Wilson Daniel Pons, Arzolidys Dayana Astuillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Eduardo Darchuk, María Victoria García, Edgardo Sclafani y Adriana Iúdica.
Embargos millonarios
Kreplak fijó embargos diferenciados según la responsabilidad de cada procesado. Ariel Fernando García recibió un embargo de $1.000.000.000, mientras que Diego Hernán García, Nilda Furfaro y Javier Tchunkrán fueron embargados por $5.000.000.000 cada uno.
Los embargos más elevados alcanzaron a José Maiorano, Carolina Ansaldi y Adriana Iúdica por $100.000.000.000, seguidos por Eduardo Darchuk, María Victoria García y Wilson Daniel Pons con $50.000.000.000 cada uno. Rocío del Cielo Garay y Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar recibieron embargos de $10.000.000.000.
Puntos clave:
• Se investigan 124 muertes por fentanilo contaminado en cuatro provincias argentinas
• El juez Kreplak procesó a 14 personas vinculadas a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
• La adulteración se centró en el lote 31202 producido en diciembre de 2024
• Los embargos suman cifras millonarias que van desde $1.000 millones hasta $100.000 millones
• Buenos Aires y Santa Fe concentran la mayor cantidad de víctimas fatales
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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