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Repatrían uno de los aviones Skyvan de los vuelos de la muerte

En el N190WW volaron sedadas fueron arrojadas con vida por los genocidas las monjas francesas y las Madres de Plaza de Mayo de la Iglesia de la Santa Cruz.

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Uno de los aviones Skyvan que pertenecía a la Prefectura durante la dictadura cívico militar genocida comandada por ladrones de bebés fue recuperado por organismos de Derechos Humanos. Se espera que el 24 de marzo esté en el centro clandestino de detención y tortura donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada.

El Skyvan fue usado por los genocidas el 14 de diciembre de 1977 para perpetrar la masacre de Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, víctimas del cobarde de Alfredo Astiz.

Durante la Guerra de Malvinas, el cobarde Alfredo Astiz se rindió en las Islas Georgias sin disparar un tiro

Según reseña Página 12, en la noche del 14 de diciembre de 1977, un avión Skyvan despegó desde el Aeroparque con doce militantes que habían sido secuestrados días antes, trasladados a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), torturados y sedados para ser arrojados vivos al mar.

Cecilia De Vincenti, hija de Azucena motorizó junto con Mabel Careaga el pedido para que el Skyvan vuelva a aterrizar en territorio argentino y quede como una pieza del Museo de la Memoria. Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, las acompañó en el reclamo.

La Santa Cruz

Para diciembre de 1977, las Madres de Plaza de Mayo estaban dedicadas a reunir firmas y dinero para publicar una solicitada en el diario La Nación. El 8 de diciembre, un grupo de tareas se llevó a Esther Ballestrino de Careaga y a María Eugenia Ponce de Bianco junto con otros militantes que participaban de las actividades de la Iglesia de la Santa Cruz en el barrio de San Cristóbal. De allí también secuestraron a Alice Domon, una de las monjas francesas. Hubo también un operativo en el atelier del pintor Remo Berardo y otro en el bar Comet.

La solicitada se publicó el 10 de diciembre de 1977. Ese mismo día, secuestraron a Azucena Villaflor de De Vincenti cuando salió a hacer las compras en Sarandí, donde vivía. A Leonie Duquet fueron a buscarla a Ramos Mejía.

El grupo de la Santa Cruz fue torturado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), como relataron los sobrevivientes. Los doce de la Santa Cruz fueron “trasladados” el 14 de diciembre de 1977 en un vuelo de la muerte. Gracias a los esfuerzos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se hallaron los restos de las tres Madres, Duquet y Ángela Auad. Los genocidas cobardes se van muriendo sin decir qué hicieron con los cuerpos.

El Skyvan todavía vuela

El Skyvan PA-51, de la Prefectura Naval Argentina, despegó del Aeroparque Jorge Newbery a las 21.30 del 14 de diciembre de 1977. Lo piloteaba Enrique José de Saint Georges. De copilotos estaban Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino. El mecánico era David Fernández.

El avión todavía está activo. Hace dos semanas hizo un un vuelo. Actualmente tiene la matrícula N190WW y es propiedad de Win Win Aviation. Según la página web Flight Aware, está estacionado desde el 13 de enero.

Hace casi tres años que Cecilia, Mabel, Héctor Francisetti –marido de Mabel– y Taty empezaron a tener reuniones para pedir que el Skyvan vuelva al país. Se entrevistaron con el presidente Alberto Fernández; fueron al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Justicia.

Taty sugirió verlo al ministro de Economía, Sergio Massa, para que dispusiera de los fondos para recomprar el avión. En simultáneo le llevaron la documentación al senador Oscar Parrilli y él a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien pidió que se avanzara con la repatriación.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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