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Exigen la liberación del periodista Facundo Molares

La movilización que fue desde Congreso al Obelisco reclamó la no extradición a Colombia del periodista argentino

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Arrancó esta tarde la marcha de Congreso al Obelisco para exigir la libertad de Facundo Molares. Miles de personas integrantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales y políticas se movilizaron para exigir al Gobierno de Alberto Fernández la no extradición de Facundo Molares a Colombia. Facundo Molares es un militante y comunicador popular argentino que fue detenido en Trevelin, el 7 de noviembre de 2021 por parte de la Policía Federal.

La detención de Molares responde a un pedido realizado por la Interpol y tiene la intencionalidad de extraditarlo a Colombia por presuntas «actividades terroristas». Según argumentan los manifestantes, «la vida de Facundo Molares está en riesgo. El estado colombiano no garantiza un juicio justo ni la integridad personal del compañero; así lo demuestran las extremas violaciones a los derechos humanos que ese estado perpetra contra su propio pueblo». A eso debe sumarse las secuelas de salud que Facundo padece como consecuencia del tratamiento inhumano durante su detención bajo la dictadura de Jeanine Añez en Bolivia en una causa fraguada por el golpismo.

Desde Argentina, los padres de Facundo declararon que su hijo era un fotoperiodista que estaba cubriendo las elecciones en Bolivia y los hechos posteriores que se suscitaron tras las denuncias de fraude. Tras su arresto por los hechos en Montero, Molares estuvo arrestado y fue liberado a los meses de que el gobierno de Luis Arce ascendiera al poder. Luego pudo regresar a Argentina en 2020 pero con problemas de salud.

«El hecho de que sea Guido Otranto el juez federal quien está a cargo de la causa por el pedido de extradición, cuyo accionar encubridor y cómplice en la causa de desaparición forzada de Santiago Maldonado fue escandaloso, no hace más que aumentar nuestro estado de alerta»-argumentan los militantes de Derechos Humanos. Finalizan afirmando: » exigimos que el gobierno argentino, a través de la Cancillería, niegue el pedido de extradición de Facundo Molares. Hacemos responsable al gobierno de la integridad del compañero».

Manifestantes contra la extradición del comunicador argentino

A Facundo Molares se lo acusa de haber participado de las FARC en su estadía en Colombia. Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos Esquel informaron que solicitan al Juez Federal Guido Otranto, «que se aparte de cualquier operación funcional a la estrategia de construcción de un enemigo interno con el fin de justificar pérdida de garantías constitucionales. La independencia judicial es un valor de la democracia que corresponde también al poder judicial preservarlo».

Facundo Molares Schoenfeld se incorporó a la militancia social y política desde muy joven; fue partícipe activo de las luchas de diciembre de 2001; luego fue  internacionalista en Colombia hasta que las FARC se disolvieron como organización político-militar en virtud de los acuerdos de Paz de La Habana, firmados y vigentes”, dice un texto que difunden organizaciones de Derechos Humanos.

“Posteriormente, participó como periodista y activista en diversos modos en el proceso boliviano. En ocasión del golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, realizado con el claro apoyo de Macri y de su gobierno, fue detenido y golpeado brutalmente. El estado de su salud ya muy resentida por enfermedades previas, se vio agravada por el momento de la detención”, agregaron.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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