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Juicio por el intento de magnicidio: la palabra de Cristina y las irregularidades en la investigación

«Más claro echale agua», dijo la ex presidenta ante las reflexiones del ministro de Justicia bonaerense Martin Mena.

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La expresidenta Cristina Kirchner compartió en redes sociales una serie de reflexiones del ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, sobre la forma en la que trataron algunos medios de comunicación y los magistrados el intento de magnicidio en su contra. 

Más claro echale agua”, escribió Cristina en una publicación donde replicó las palabras de Mena, quien esta mañana calificó el hecho como uno de los “más graves desde la recuperación democrática”.

“Salvo honrosas excepciones, el silenciamiento mediático y de la dirigencia política, resulta igualito al de jueces y fiscales que tienen la responsabilidad y obligación de investigarlo. Un liso y llano encubrimiento”, señaló el funcionario bonaerense, quien ilustró sus afirmaciones con 10 consideraciones acerca proceso judicial contra los atacantes de la ex mandataria: 

Las irregularidades del juicio

1) El contenido del celular del atacante se borró al otro día del atentado, ocultando información imprescindible y estando en poder de la jueza. 

2) Nunca se profundizó sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes (Revolución Federal, nueva Centro Derecha, entre otras). Esas organizaciones nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político, y desaparecieron al otro día del 1 de septiembre de 2022.

3) Sus integrantes se paseaban y fotografiaban con Patricia Bullrich y asisten hoy al congreso invitados por diputados del oficialismo. Recibieron decenas de millones de pesos de la familia Caputo los meses previos al atentado.

4) 15 días antes del atentado, en una reunión virtual habían explicado cómo hacerlo. Exactamente la misma mecánica del hecho que ejecutaron los atacantes.

5) Un testigo oyó decir a Gerardo Milman, mano derecha de Bullrich, dos días antes del atentado: ‘Cuando la maten voy a estar camino a la Costa’.

6) La justicia esperó todo lo que pudo, esperó que lo sepa Milman, y meses después le ordenó que entregue sus teléfonos. El contenido de los celulares de Milman y sus secretarias estaba completamente borrado. Es más, entregó un modelo de teléfono que salió a la venta tiempo después del atentado. A la jueza ni siquiera la ofende que le tomen el pelo.

7) En mayo de 2023 una de las secretarias del Milman declaró que ella, Milman y otra colega fueron citados en noviembre de 2022 en las oficinas de la Fundación de Patricia Bullrich donde un experto en informática borró durante más de 4 horas los teléfonos de todos
La jueza y el fiscal decidieron no investigarlo.

8) Estando preso, el atacante dijo por escrito que de su situación debía hacerse cargo Hernán Carrol (líder de Nueva Centro Derecha). La jueza otra vez se encargó de esperar hasta que Carrol lo sepa. Cuando le pidió su teléfono. También había sido completamente borrado los días previos. La jueza nunca lo investigó.

9) Carrol compartió un viaje al exterior con el jefe de gabinete de Milman. Tras un año y medio de requerir que se investigue ni siquiera resultó relevante para la jueza saber si ese viaje existió.

10) No se profundizó nunca sobre la vecina de CFK, Ximena Tezanos Pinto, quien los días previos deseaba que los kirchneristas que estén ‘presos, muertos o exiliados’, mientras hacía ingresar al edificio a los integrantes de revolución federal.

Si ante la mirada de 47 millones de argentinos y argentinas ocurrió este atentado y no se avanzó ni un ápice, cabe preguntarse qué justicia le quedará a cualquier ciudadano, que todos los días merece tener a resguardo su derecho a vivir”, se preguntó Mena. 

Y agregó: “La única certeza que la sociedad argentina tiene respecto a este hecho es que hasta aquí, un sector del poder judicial y del poder político, no esclareció el intento de asesinato a las dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo que resulta aún más desesperanzador es que casi nadie cree que exista la vocación, la responsabilidad, el compromiso, y la ética necesaria para llegar a la verdad”, destacó.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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