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Investigación 🔎

Escándalo ANDIS: Garbellini rompe el silencio y apunta contra Spagnuolo por la caja de los medicamentos

El operador ligado a los Menem presentó un escrito de 32 páginas donde niega poder de decisión y atribuye toda la responsabilidad al exdirector de la agencia. La causa investiga una trama de sobrefacturación millonaria en medicamentos para personas con discapacidad, con 15 imputados y un esquema que involucra droguerías fantasma y coimas directas.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ Daniel Garbellini, el polémico operador vinculado a Eduardo «Lule» Menem y Martín Menem que fue señalado por Diego Spagnuolo como «un delincuente» en los audios filtrados, presentó este lunes 23 de diciembre un extenso descargo judicial de 32 páginas ante el juez Sebastián Casanello.

En el escrito, Garbellini revierte completamente la narrativa de Spagnuolo y le adjudica al exdirector de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) la totalidad de las decisiones irregulares investigadas en la causa por sobrefacturación de medicamentos.

La jugada de Garbellini llega en un momento crítico de la investigación liderada por el fiscal federal Franco Picardi, que ya tiene 15 imputados y evidencia de una trama delictiva que habría desviado más de $30.000 millones del Estado mediante compras direccionadas de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

La defensa de Garbellini: «Todo era Spagnuolo»

En su presentación, Garbellini sostiene que fue el propio Spagnuolo quien lo llamó personalmente para contratarlo en mayo de 2024, y que el exdirector «asumió la suma del poder en la ANDIS, quedándose para sí con la facultad de hacer y deshacer siguiendo su criterio en todo lo relativo al manejo de la Agencia».

El operador negó tener capacidad real de decisión sobre compras y pagos, argumentando que carecía de firma digital para aprobar gastos y que su función se limitaba a aspectos administrativos formales. Además, justificó las compulsas abreviadas —el mecanismo central del esquema de sobrefacturación— alegando que eran necesarias para atender «urgencias médicas» donde los plazos burocráticos normales pondrían en riesgo vidas humanas.

La ironía es notoria: en los audios filtrados en septiembre, Spagnuolo había dicho exactamente lo contrario, asegurando que las compras cuestionadas «dependen exclusivamente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, cuyo titular ni siquiera fue designado por mí». Ahora Garbellini sale a desmentirlo frontalmente, afirmando que todo pasaba por el escritorio de Spagnuolo.

Garbellini también admitió en su descargo haber trabajado part-time como asesor legal en OSPSIP (Obra Social del Personal de Seguridad Privada), donde conoció a Roger Grant, otro de los imputados en la causa. Este dato cobra relevancia porque fue precisamente en OSPSIP donde Garbellini comenzó a operar en 2022 con Suizo Argentina, el laboratorio que ahora está en el centro de las acusaciones de coimas.

La causa ANDIS: 15 imputados y un entramado complejo

La investigación del fiscal Picardi avanza sobre una organización delictiva presuntamente armada para direccionar compras de medicamentos de alto costo mediante sobreprecios, coimas a funcionarios públicos y el uso de droguerías que operaban como pantalla.

Los delitos investigados incluyen organización delictiva, direccionamiento de compras, administración fraudulenta y cohecho. Además de Spagnuolo y Garbellini, entre los citados a indagatoria están Pablo Atchabahian —quien estuvo bajo arresto domiciliario hasta que la Cámara Federal ordenó su liberación hace dos semanas—, Miguel Ángel Calvete, Roger Grant y otros exfuncionarios y empresarios del rubro farmacéutico.

El expediente revela que las compras fueron fraccionadas en 21 compulsas que beneficiaron casi exclusivamente a cuatro droguerías: Profarma S.A., Droguería Génesis S.A., New Farma y Floresta, que concentraron el 93,11% de las adjudicaciones por más de $30.300 millones.

Pero la fiscalía sospecha que estas cuatro droguerías eran en realidad «cáscaras vacías». Cuando fueron allanadas, se encontró «ausencia en sus depósitos y oficinas de medicamentos e insumos médicos que justificaran el volumen millonario de adjudicaciones». La hipótesis del fiscal es que quien realmente suministraba los medicamentos era Suizo Argentina, el laboratorio que aparece mencionado reiteradamente en los audios de Spagnuolo.

El rol de Suizo Argentina: el proveedor invisible

Aunque el portal oficial Compr.Ar no refleja contrataciones directas a favor de Suizo Argentina por parte de ANDIS en el período investigado, los números del laboratorio son elocuentes. La suma total pagada a Suizo Argentina S.A. desde 2020 hasta julio de 2024, solo en medicamentos de alto costo de ANDIS, asciende a $36.728 millones.

Más revelador aún: en 2024, Suizo Argentina absorbió más de la mitad de las órdenes de medicamentos de alto costo de ANDIS. De 381 pedidos otorgados, solo en 131 tuvo competencia. En el 65% de los casos fue adjudicataria sin otro oferente.

El crecimiento bajo el gobierno de Milei fue exponencial: Suizo Argentina pasó de $3.898 millones en contratos con el Estado en 2024 a $108.299 millones en 2025, un incremento del 2.678%, según datos oficiales.

En los audios, Spagnuolo mencionaba que para disimular el esquema «la cara la ponían las otras droguerías pero los medicamentos los proveían Suizo Argentina», y agregaba que «privilegiar a los Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, significó un aumento en las coimas del 5 al 8%, con un 3% para Karina Milei», según trascendió en medios nacionales.

Garbellini: 17 años operando compras de medicamentos del Estado

El escándalo de ANDIS no es el primer capítulo donde aparece el nombre de Daniel Garbellini. Una reconstrucción de su trayectoria muestra un patrón claro: especializarse en áreas de compras de medicamentos y obras sociales, siempre en gestiones del PRO y aliados.

Su carrera en el Estado comenzó en 2007 como Director Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Jorge Telerman, cargo que ocupó hasta el 28 de diciembre de 2007, justo cuando Mauricio Macri asumió como jefe de gobierno porteño.

Durante el macrismo en CABA, Garbellini fue Gerente de Asuntos Sociales de la Corporación Buenos Aires Sur y, hasta 2012, Gerente General del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).

Entre 2016 y 2018 fue Subsecretario de Administración y Recursos del Ministerio de Salud bonaerense con María Eugenia Vidal, donde trabajaba bajo las órdenes de Pablo Atchabahian, el mismo que ahora está imputado junto a él.

Durante el gobierno de Macri a nivel nacional, entre 2018 y 2020, ya trabajó en el programa Incluir Salud de ANDIS, coincidiendo nuevamente con Atchabahian, hasta que fue desplazado al inicio de la gestión del Frente de Todos.

En todos estos lugares, la función fue siempre la misma: manejar convenios y compras de alto impacto social vinculadas a medicamentos y prestaciones de salud, un terreno históricamente cuestionado por la falta de transparencia.

El vínculo con Suizo Argentina y el «Grupo Museo»

Lo más revelador de los antecedentes de Garbellini es su vínculo previo con Suizo Argentina. En noviembre de 2022, Garbellini promovió un contrato entre OSPSIP y Suizo Argentina durante la intervención de esa obra social. Fuentes del sector farmacéutico consultadas por ese medio lo veían como «un empleado del laboratorio», en alusión a su cercanía con la empresa de los Kovalivker.

La investigación judicial también reveló la existencia del «Grupo Museo», un chat interno de WhatsApp donde Garbellini participaba junto a Atchabahian y Calvete, y desde el cual se coordinaban supuestamente decisiones sobre contrataciones y pagos.

La relación entre Garbellini y Atchabahian no es casual. Atchabahian fue jefe de Garbellini en al menos dos cargos: en el Ministerio de Salud provincial con Vidal y en la propia ANDIS durante el macrismo. Ambos se fueron juntos el último día del gobierno de Macri en 2019, y ambos volvieron juntos en 2024 bajo el gobierno de Milei.

Las pruebas y el futuro de la causa

El estado procesal de la causa es complejo. La mayoría de los imputados se negó a declarar en las indagatorias de noviembre, incluidos Spagnuolo, Garbellini, Calvete y Atchabahian. Roger Grant fue el único que declaró y apuntó directamente contra Garbellini, diciendo que «consultaba todo» con él, según trascendió.

Un elemento polémico que podría poner en riesgo la causa es la presunta procedencia ilícita de los audios de Spagnuolo, que las defensas consideran falsos, editados o generados con inteligencia artificial. Sin embargo, el fiscal Picardi sostiene que tiene «otros elementos» más allá de los audios para sostener la acusación.

Entre las evidencias incautadas figuran celulares, documentación contable y 700 mil dólares hallados en la casa de Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete.

El secreto de sumario fue levantado en septiembre, y desde entonces la causa avanza con allanamientos, pericias contables y el análisis de los contratos firmados entre 2023 y 2024.

La presentación de Garbellini marca un nuevo capítulo en esta trama, donde cada imputado intenta despegarse de las acusaciones señalando a otro. Mientras tanto, el expediente sigue acumulando evidencia de lo que podría ser uno de los casos de corrupción más graves vinculados a la compra de medicamentos para sectores vulnerables de los últimos años.

Puntos clave:

• Daniel Garbellini presentó un descargo de 32 páginas donde niega poder de decisión y responsabiliza directamente a Diego Spagnuolo por las irregularidades en ANDIS

• La causa tiene 15 imputados y investiga un esquema de sobrefacturación que desvió más de $30.000 millones mediante compras direccionadas de medicamentos

• Cuatro droguerías (Profarma, Génesis, New Farma y Floresta) concentraron el 93% de las adjudicaciones, pero la fiscalía sospecha que eran pantallas de Suizo Argentina

• Garbellini tiene 17 años de trayectoria en el Estado operando siempre en áreas de compras de medicamentos, exclusivamente en gestiones del PRO

• La investigación reveló la existencia del «Grupo Museo», un chat donde se coordinaban las contrataciones irregulares

Investigación 🔎

“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.

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El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo (ex de Jesica Cirio), dejaron al descubierto el "sistema paralelo".

Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones

★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.

Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.

«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan

La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.

«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.

«Pipo» y los nexos en el interior del sistema

Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.

La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
  • Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
  • El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
  • Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
  • Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.

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