Judiciales ⚖️
Desestiman recurso de «Amicus Curiae» en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima
El juez Alberto Litvack rechazó la presentación de la asociación civil Usina de Justicia Argentina por falta de acreditación y porque la figura no está regulada para causas penales de primera instancia.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 56 desestimó un recurso de «Amicus Curiae» presentado en el marco de la investigación por el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 cuyos restos fueron hallados 41 años después en un inmueble que alquiló Gustavo Cerati.
Argumentos del rechazo judicial
El juez Alberto Litvack fundamentó su decisión en varios puntos. En primer lugar, señaló que Diana Cohen De Agrest, presidenta de la asociación civil Usina de Justicia Argentina, no acreditó el carácter para actuar en nombre y representación de la organización, «lo que ya devendría en el rechazo inicial de su pedido», según consta en el escrito judicial.
El magistrado explicó que la figura del «Amicus Curiae» —que en latín significa «amigo del tribunal»— fue regulada únicamente por la Acordada Nº7/13 de la Corte Suprema de Justicia para causas que tramiten ante el máximo tribunal. Este instituto permite a asociaciones o ajenos a una investigación radicar argumentos técnicos o jurídicos de forma voluntaria para auxiliar a los magistrados en casos de conocimiento público.
Sin embargo, Litvack aclaró que esta figura no se encuentra concebida en el Código Procesal Penal. Además, precisó que el artículo 82 bis refiere a la representación de intereses colectivos en investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, «lo cual no es el supuesto de autos», remarca el documento.
Las pretensiones del recurso desestimado
El planteo presentado por Cohen De Agrest, patrocinada por el abogado Germán Vergara, solicitaba que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 62 del Código Penal, se rechazara el archivo de la causa y se impulsara el esclarecimiento de la muerte de Diego Fernández Lima.
«No hay razones para acceder a lo solicitado», concluyó el juez en su resolución.
La investigación tras la anulación del sobreseimiento
La causa retomó impulso después de que la Sala IV de la Cámara Federal anulara el sobreseimiento de Cristian Graf, quien estaba acusado por los delitos de supresión de evidencia y encubrimiento.
Los camaristas sostuvieron que «solo así podría iniciarse una investigación para esclarecer lo realmente ocurrido, asignando responsabilidad en los términos del artículo 45 a quienes hayan intervenido de una u otra manera en el evento que derivó en la muerte de Fernández Lima».
Los magistrados subrayaron «la evidente necesidad de una investigación» para encontrar la verdad de los hechos, proteger los derechos de las víctimas y avanzar en la determinación de la calificación legal, la cual «más allá de su mutabilidad, tiene implicancias en distintos institutos procesales».
El caso que conmocionó tras cuatro décadas
Diego Fernández Lima tenía 16 años cuando fue visto por última vez el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires. Aquel día regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para viajar en colectivo.
Después de 41 años, sus restos óseos y pertenencias fueron encontrados en el patio de un chalet ubicado en la capital porteña. La vivienda fue alquilada por el cantante Gustavo Cerati —fallecido el 4 de septiembre de 2014— entre 2001 y 2003, detalle que agregó notoriedad mediática al caso.
Puntos clave:
• El juez Litvack rechazó el «Amicus Curiae» por falta de acreditación de representación institucional
• La figura solo está regulada para la Corte Suprema, no para juzgados de primera instancia
• La causa volvió a foja cero tras anularse el sobreseimiento de Cristian Graf
• Diego Fernández Lima desapareció en 1984 y sus restos fueron hallados 41 años después
• El inmueble donde aparecieron los restos fue alquilado por Gustavo Cerati entre 2001 y 2003
DDHH
Rivaldi gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados y este miércoles se conoce su veredicto
El policía federal Cristian Rivaldi será juzgado este miércoles por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una marcha de jubilados. El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni resistir, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
Dos años y dos meses después del ataque con gas pimienta a una nena sentada en el suelo durante una marcha de jubilados, la Justicia federal resolverá en una sola audiencia si el policía que la roció debe ser condenado.

El juicio contra el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas, por el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso. Las víctimas son Fabrizia Pegoraro, que tenía 10 años, y su madre, Carla Pegoraro. La audiencia se desarrollará en una sola jornada: tras escuchar a los testigos de la defensa y analizar las pericias incorporadas al expediente, se conocerá el veredicto. El abogado Gregorio Dalbón representará a la niña y a su madre como querellantes y pedirá condena e inhabilitación.
Un ataque registrado en video
El hecho ocurrió durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Según la acusación, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado que tenía asignado y roció con gas pimienta a Fabrizia y a su madre cuando ambas estaban sentadas en el suelo.
El fiscal federal Eduardo Taiano, al requerir la elevación de la causa a juicio en un dictamen del 21 de octubre de 2025, sostuvo que el efectivo actuó de manera deliberada y a corta distancia. Según el fiscal, las víctimas estaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna.
La acusación se apoya en los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al policía y reconstruir el momento en que accionó el aerosol. “Las imágenes son elocuentes”, afirmó Taiano. El fiscal describió que Rivaldi no solo apuntó hacia un hombre que tenía un bastón, sino también hacia la madre y su hija, y que después de recibir el gas en el rostro la nena se cubrió de manera instintiva. También señaló que se observa una mancha en la parte trasera de la campera azul que llevaba la madre.
Taiano remarcó además que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, lo que le daba mayor visibilidad del entorno y de las personas. Por eso concluyó que el policía apuntó y accionó el dispositivo con pleno conocimiento e intención de lo que hacía.
La defensa dice que no la vio
Al declarar en la etapa de instrucción, Rivaldi negó haber gaseado a una menor. Explicó que ese día recibió la orden de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la calzada, y que los efectivos debieron usar elementos disuasivos ante situaciones de violencia y forcejeos. Aseguró que advirtió la presencia de gas en el aire y que una persona no identificada arrojó gas pimienta contra un jefe policial.
Sobre Fabrizia, sostuvo que no observó a ninguna menor y que, de haberla visto entre los manifestantes, la habría sacado del lugar para evitar que resultara lesionada. Según trascendió, el efectivo también planteó que los deberes de protección y cuidado de la niña le incumbían a su madre. Tras el episodio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó a la madre por haber llevado a la niña a la manifestación.
Taiano consideró que la explicación del policía no tiene respaldo en las pruebas. Descartó que un tercero hubiera arrojado el gas, porque esa situación no aparece en los registros audiovisuales y la persona señalada por la defensa tenía una cámara fotográfica en la mano, no un aerosol.
Conjuntivitis química y un procesamiento confirmado
La acusación cuenta con documentación médica. Según la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. En la epicrisis quedó asentada la frase “me tiraron gas pimienta”.
Carla Pegoraro declaró que ambas estaban tranquilas y que las rociaron mientras permanecían sentadas en el suelo. Contó que personas que estaban en el lugar les colocaron leche para aliviar la irritación y que los síntomas persistieron durante varios días. Declaró que “tanto mi hija como yo fuimos gaseadas” y describió irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo.
La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Rivaldi, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
El reglamento y la mínima fuerza necesaria
Taiano consideró que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales. Recordó que el reglamento establece que estos dispositivos deben utilizarse para inmovilizar o incapacitar agresores, y que su empleo requiere determinadas condiciones de riesgo o amenaza. También citó el protocolo para el mantenimiento del orden público, que exige emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Para el fiscal, ninguna de esas condiciones se verificaba: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los efectivos. Concluyó que el uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado, y la Fiscalía pidió que responda como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
Qué se juzga y qué queda afuera
El juicio de este miércoles define la responsabilidad individual de un efectivo, pero el caso expone una discusión más amplia sobre cómo se controlan las protestas frente al Congreso. Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, y la madre de la niña había pedido en la causa que se citara a indagatoria a la entonces ministra Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales. La pregunta que deja el expediente es hasta dónde llega la responsabilidad de quien ejecuta una orden y de quienes la imparten.
Con la audiencia de este miércoles, el juez Daniel Rafecas deberá definir si el uso de gas pimienta contra una nena de 10 años, sentada y sin resistir, constituyó el delito que sostiene la acusación.
Lo que tenés que saber
- El juicio a Cristian Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas y el veredicto se conocerá en una sola jornada.
- Se lo acusa de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre el 11 de septiembre de 2024.
- El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni ofrecer resistencia, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
- La niña fue diagnosticada con conjuntivitis química en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía el 13 de septiembre de 2024.
- La Cámara Federal confirmó su procesamiento, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos.
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