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Desestiman recurso de «Amicus Curiae» en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima

El juez Alberto Litvack rechazó la presentación de la asociación civil Usina de Justicia Argentina por falta de acreditación y porque la figura no está regulada para causas penales de primera instancia.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 56 desestimó un recurso de «Amicus Curiae» presentado en el marco de la investigación por el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 cuyos restos fueron hallados 41 años después en un inmueble que alquiló Gustavo Cerati.

Argumentos del rechazo judicial

El juez Alberto Litvack fundamentó su decisión en varios puntos. En primer lugar, señaló que Diana Cohen De Agrest, presidenta de la asociación civil Usina de Justicia Argentina, no acreditó el carácter para actuar en nombre y representación de la organización, «lo que ya devendría en el rechazo inicial de su pedido», según consta en el escrito judicial.

El magistrado explicó que la figura del «Amicus Curiae» —que en latín significa «amigo del tribunal»— fue regulada únicamente por la Acordada Nº7/13 de la Corte Suprema de Justicia para causas que tramiten ante el máximo tribunal. Este instituto permite a asociaciones o ajenos a una investigación radicar argumentos técnicos o jurídicos de forma voluntaria para auxiliar a los magistrados en casos de conocimiento público.

Sin embargo, Litvack aclaró que esta figura no se encuentra concebida en el Código Procesal Penal. Además, precisó que el artículo 82 bis refiere a la representación de intereses colectivos en investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, «lo cual no es el supuesto de autos», remarca el documento.

Las pretensiones del recurso desestimado

El planteo presentado por Cohen De Agrest, patrocinada por el abogado Germán Vergara, solicitaba que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 62 del Código Penal, se rechazara el archivo de la causa y se impulsara el esclarecimiento de la muerte de Diego Fernández Lima.

«No hay razones para acceder a lo solicitado», concluyó el juez en su resolución.

La investigación tras la anulación del sobreseimiento

La causa retomó impulso después de que la Sala IV de la Cámara Federal anulara el sobreseimiento de Cristian Graf, quien estaba acusado por los delitos de supresión de evidencia y encubrimiento.

Los camaristas sostuvieron que «solo así podría iniciarse una investigación para esclarecer lo realmente ocurrido, asignando responsabilidad en los términos del artículo 45 a quienes hayan intervenido de una u otra manera en el evento que derivó en la muerte de Fernández Lima».

Los magistrados subrayaron «la evidente necesidad de una investigación» para encontrar la verdad de los hechos, proteger los derechos de las víctimas y avanzar en la determinación de la calificación legal, la cual «más allá de su mutabilidad, tiene implicancias en distintos institutos procesales».

El caso que conmocionó tras cuatro décadas

Diego Fernández Lima tenía 16 años cuando fue visto por última vez el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires. Aquel día regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para viajar en colectivo.

Después de 41 años, sus restos óseos y pertenencias fueron encontrados en el patio de un chalet ubicado en la capital porteña. La vivienda fue alquilada por el cantante Gustavo Cerati —fallecido el 4 de septiembre de 2014— entre 2001 y 2003, detalle que agregó notoriedad mediática al caso.

Puntos clave:

• El juez Litvack rechazó el «Amicus Curiae» por falta de acreditación de representación institucional
• La figura solo está regulada para la Corte Suprema, no para juzgados de primera instancia
• La causa volvió a foja cero tras anularse el sobreseimiento de Cristian Graf
• Diego Fernández Lima desapareció en 1984 y sus restos fueron hallados 41 años después
• El inmueble donde aparecieron los restos fue alquilado por Gustavo Cerati entre 2001 y 2003

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Propofest: Fini Lanusse rompe el silencio pero esquiva los detalles de la causa que involucra dos muertes

La médica procesada por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano publicó un breve mensaje en redes sociales en el que aseguró confiar en el proceso judicial. La declaración llega más de un mes después de que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara los cargos y dispusiera el embargo de sus bienes.

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El Argentino Diario-Fini Lanusse-Propofest.

“Las cosas se van a aclarar”: el descargo de Fini Lanusse tras ser procesada en el Propofest

Delfina «Fini» Lanusse, exresidente de tercer año en el área de Anestesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y procesada en la denominada causa «Propofest», realizó este domingo un breve descargo público a través de un mensaje en redes sociales. Sin entrar en detalles sobre los cargos que pesan en su contra, Lanusse aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó su confianza en el proceso judicial en curso.

«Por el momento no puedo hacer declaraciones profundas», explicó la profesional, quien agregó que la Justicia «se encuentra trabajando en el caso». El mensaje, escueto y cuidadosamente medido, representa la primera aparición pública de Lanusse desde que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara su procesamiento junto al anestesista Hernán Boveri por el delito de administración fraudulenta.

El procesamiento y las medidas cautelares

El 10 de abril de 2026, el magistrado Sánchez Sarmiento dictó el procesamiento formal de Boveri y Lanusse por el presunto desvío de propofol, remifentanilo y otros fármacos de uso controlado del Hospital Italiano. Ambos profesionales tienen prohibida la salida del país. La Justicia dispuso además un embargo superior a los 30 millones de pesos sobre los bienes de Lanusse.

Según consta en el expediente judicial, Boveri ocupaba un cargo de jerarquía en el área de Anestesiología y habría aprovechado esa posición para vulnerar los controles de stock del hospital. En su declaración ante el juez, el anestesista reconoció haber administrado sustancias anestésicas a Lanusse en reiteradas oportunidades, con su consentimiento, y señaló que fue ella quien sustrajo los medicamentos. La defensa de ambos procesados busca revertir las medidas cautelares y sostiene que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.

El origen del caso: dos muertes y un sistema de control fallido

La investigación que derivó en el procesamiento comenzó el 20 de febrero de 2026, cuando efectivos policiales hallaron sin vida al anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, en su departamento de Palermo. La autopsia reveló muerte por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo. El análisis de trazabilidad del instrumental hallado en el domicilio de Zalazar determinó que una parte significativa del material pertenecía al Hospital Italiano, institución en la que Zalazar no tenía acceso laboral directo.

El 3 de abril, una segunda muerte complejizó aún más la causa. El enfermero Eduardo Bentancourt, de 44 años, fue encontrado sin vida en su departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, en Palermo. En el lugar se secuestraron tres ampollas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma S.A., propiedad del empresario Ariel García Furfaro, procesado en una causa separada vinculada a 111 muertes por adulteración de sustancias medicinales. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, a cargo del fiscal Carlos Vasser, confirmó que las ampollas correspondían al certificado N° 53.100, inhabilitado por la ANMAT, con vencimiento en marzo de 2026, lo que refuerza la hipótesis de un desvío deliberado del stock que debía ser destruido tras la clausura del laboratorio.

Lo que declararon los jefes del área de Anestesiología

El jefe y el subjefe del área de Anestesiología del Hospital Italiano declararon ante el juez que Lanusse reconoció tener problemas de consumo de sustancias desde hacía dos años, un elemento que el Ministerio Público incorporó como contexto agravante en la formulación de cargos. El análisis forense de las filmaciones de vigilancia interna del hospital permitió reconstruir los momentos en que Boveri accedía a sectores restringidos y retiraba ampollas sin que los sistemas de registro lo detectaran a tiempo. El Hospital Italiano se presentó como querellante en la causa para resguardar su prestigio institucional y colabora activamente con la Justicia.

La causa avanza hacia el juicio oral

Con el procesamiento formalizado, la investigación se encamina hacia la etapa de preparación del juicio oral. El Ministerio Público deberá consolidar su acusación, mientras los defensores de Boveri y Lanusse ofrecerán sus descargos y pruebas ante el tribunal. Nuevas definiciones podrían conocerse en las próximas semanas.

Puntos clave:

  • Delfina Lanusse publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó confianza en la Justicia.
  • El juez Javier Sánchez Sarmiento la procesó junto a Hernán Boveri por administración fraudulenta; ambos tienen prohibida la salida del país y enfrentan embargos millonarios.
  • La causa se vincula a dos muertes: el anestesiólogo Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Bentancourt, hallados sin vida en Palermo.
  • En el domicilio de Bentancourt se encontraron ampollas de fentanilo del laboratorio clausurado HLB Pharma (certificado N° 53.100, inhabilitado por ANMAT), vinculado a 111 fallecidos.
  • El Hospital Italiano se constituyó como querellante; la investigación avanza hacia el juicio oral.
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