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Desestiman recurso de «Amicus Curiae» en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima

El juez Alberto Litvack rechazó la presentación de la asociación civil Usina de Justicia Argentina por falta de acreditación y porque la figura no está regulada para causas penales de primera instancia.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 56 desestimó un recurso de «Amicus Curiae» presentado en el marco de la investigación por el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 cuyos restos fueron hallados 41 años después en un inmueble que alquiló Gustavo Cerati.

Argumentos del rechazo judicial

El juez Alberto Litvack fundamentó su decisión en varios puntos. En primer lugar, señaló que Diana Cohen De Agrest, presidenta de la asociación civil Usina de Justicia Argentina, no acreditó el carácter para actuar en nombre y representación de la organización, «lo que ya devendría en el rechazo inicial de su pedido», según consta en el escrito judicial.

El magistrado explicó que la figura del «Amicus Curiae» —que en latín significa «amigo del tribunal»— fue regulada únicamente por la Acordada Nº7/13 de la Corte Suprema de Justicia para causas que tramiten ante el máximo tribunal. Este instituto permite a asociaciones o ajenos a una investigación radicar argumentos técnicos o jurídicos de forma voluntaria para auxiliar a los magistrados en casos de conocimiento público.

Sin embargo, Litvack aclaró que esta figura no se encuentra concebida en el Código Procesal Penal. Además, precisó que el artículo 82 bis refiere a la representación de intereses colectivos en investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, «lo cual no es el supuesto de autos», remarca el documento.

Las pretensiones del recurso desestimado

El planteo presentado por Cohen De Agrest, patrocinada por el abogado Germán Vergara, solicitaba que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 62 del Código Penal, se rechazara el archivo de la causa y se impulsara el esclarecimiento de la muerte de Diego Fernández Lima.

«No hay razones para acceder a lo solicitado», concluyó el juez en su resolución.

La investigación tras la anulación del sobreseimiento

La causa retomó impulso después de que la Sala IV de la Cámara Federal anulara el sobreseimiento de Cristian Graf, quien estaba acusado por los delitos de supresión de evidencia y encubrimiento.

Los camaristas sostuvieron que «solo así podría iniciarse una investigación para esclarecer lo realmente ocurrido, asignando responsabilidad en los términos del artículo 45 a quienes hayan intervenido de una u otra manera en el evento que derivó en la muerte de Fernández Lima».

Los magistrados subrayaron «la evidente necesidad de una investigación» para encontrar la verdad de los hechos, proteger los derechos de las víctimas y avanzar en la determinación de la calificación legal, la cual «más allá de su mutabilidad, tiene implicancias en distintos institutos procesales».

El caso que conmocionó tras cuatro décadas

Diego Fernández Lima tenía 16 años cuando fue visto por última vez el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires. Aquel día regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para viajar en colectivo.

Después de 41 años, sus restos óseos y pertenencias fueron encontrados en el patio de un chalet ubicado en la capital porteña. La vivienda fue alquilada por el cantante Gustavo Cerati —fallecido el 4 de septiembre de 2014— entre 2001 y 2003, detalle que agregó notoriedad mediática al caso.

Puntos clave:

• El juez Litvack rechazó el «Amicus Curiae» por falta de acreditación de representación institucional
• La figura solo está regulada para la Corte Suprema, no para juzgados de primera instancia
• La causa volvió a foja cero tras anularse el sobreseimiento de Cristian Graf
• Diego Fernández Lima desapareció en 1984 y sus restos fueron hallados 41 años después
• El inmueble donde aparecieron los restos fue alquilado por Gustavo Cerati entre 2001 y 2003

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El veto al pliego de Michelli fractura la coalición: el Senado en vilo antes de la sesión del jueves

La orden de Karina Milei de retirar el pliego de la candidata a jueza federal María Verónica Michelli, por su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, desató una tormenta política que pone en riesgo el temario del 4 de junio: fondos buitre, propiedad privada y 73 designaciones judiciales.

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Karina Milei vetó a una jueza por ser cuñada de un periodista que investigó al Gobierno

★ Una decisión con firma personal de Karina Milei sacudió esta semana el Senado de la Nación y abrió una grieta visible en la coalición oficialista. El Gobierno envió a la Cámara alta el pedido formal de retiro del pliego de la candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata, María Verónica Michelli, actual secretaria del Tribunal Oral Federal 1 de esa misma ciudad. La razón alegada, según confirmaron fuentes parlamentarias, no fue la falta de idoneidad ni objeción técnica alguna: la candidata es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, autor de las investigaciones que comprometieron a figuras centrales del gobierno libertario, entre ellas la causa por la criptomoneda $LIBRA y las denuncias de presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Un pliego sin impugnaciones bloqueado por vínculos familiares

La postulación de Michelli había transitado con normalidad todas las etapas previstas. El 13 de mayo de 2026, la candidata expuso ante la Comisión de Acuerdos del Senado y su postulación consiguió las nueve firmas necesarias para convertirse en dictamen, sobre los 17 integrantes de esa comisión. Firmaron el despacho el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, los radicales Carolina Losada, Mariana Juri y Maximiliano Abad, la salteña Flavia Royon, las tucumanas Sandra Mendoza y Beatriz Avila, el misionero Carlos Arce y el correntino Carlos Espínola.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, legislador que responde a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, no presentó ese dictamen en la Mesa de Entradas del Senado. Sin esa formalidad, el pliego no puede tratarse en el recinto de sesiones. Se trata de un bloqueo procesal ejecutado desde adentro de la propia estructura oficialista.

Un senador dialoguista que estuvo presente en la audiencia pública de Michelli señaló que, luego de estudiar sus antecedentes, no tiene motivos para retirar su respaldo a la candidatura. Otro vocero parlamentario calificó de «pésimo» precedente que pueda pedirse la devolución de un pliego judicial porque el familiar de la postulante es un periodista cuyas investigaciones incomodaron al presidente Javier Milei y a su hermana.

El punto neurálgico: el control de los tribunales que investigan al Gobierno

El patrón del veto adquiere mayor dimensión al observarse en contexto. El Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata, para el cual Michelli fue propuesta, es el mismo ámbito donde tramitan expedientes sensibles vinculados a la administración libertaria. Que la magistrada propuesta sea cuñada del periodista que investigó la causa $LIBRA y las irregularidades en ANDIS no es un detalle menor para quienes, desde la Casa Rosada, siguen de cerca la evolución de esas causas.

En simultáneo, el oficialismo desbloqueó los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, candidatos a integrar el Tribunal Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, que habían sido inicialmente objetados por sus vínculos con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia. Según informó La Nación, la objeción se levantó tras negociaciones reservadas entre los postulantes y emisarios cercanos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y sectores de la conducción libertaria. El contraste resulta elocuente: los vínculos con la AFA no constituyeron un obstáculo insalvable; ser familiar de un periodista incómodo para el poder, sí.

La fractura con el PRO y la UCR

La maniobra generó un rechazo inmediato entre los principales aliados del Gobierno. Goerling sostuvo la postulación de Michelli a través de la red social X. «La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones. Frenar el proceso en esta etapa, por motivos que aún se desconocen, genera desprolijidad institucional», expresó el senador.

Fuentes del radicalismo coincidieron en que tampoco respaldarán el retiro del pliego. El problema aritmético para La Libertad Avanza es concreto: para votar formalmente el retiro en el recinto se necesita mayoría y, sin los bloques dialoguistas, el oficialismo no la tiene. Según información parlamentaria, lo más probable es que ese pedido del Gobierno directamente no llegue a tratarse en la sesión del jueves 4 de junio. El temario definitivo se definirá en la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles, según confirmaron fuentes legislativas.

El jueves en el Senado: deuda con fondos buitre y nueva ley de propiedad privada

Más allá de la disputa por los pliegos, el oficialismo aspira a que la sesión del jueves avance sobre dos iniciativas clave. La primera es el pago a dos fondos buitre que no participaron de los canjes de deuda posteriores al default de 2001: el Estado argentino deberá abonarle 67 millones de dólares a la firma Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por Attestor Value Master Fund LP., una cifra total de 171 millones de dólares. El acuerdo de conciliación, alcanzado ante la Justicia norteamericana, incluye una quita cercana al 30% sobre los montos originalmente reclamados.

La segunda iniciativa es el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que elimina los topes vigentes para que empresas extranjeras adquieran tierras en la Argentina, aunque delega en las provincias la potestad de aprobar cada venta. El proyecto también reforma la ley de desalojos, distinguiendo entre casos de usurpación, donde se aplicará un procedimiento sumarísimo para recuperar la propiedad, y aquellos de mora en el pago, donde se establece un plazo de 10 días para intimar al deudor antes de proceder. Asimismo, introduce cambios en la ley de Manejo del Fuego, descentralizando decisiones hacia las jurisdicciones provinciales.

Milei, denunciado penalmente por el veto

La decisión de bloquear el pliego de Michelli no quedó circunscripta al debate legislativo. Según trascendió, el presidente Javier Milei fue denunciado penalmente ante los tribunales de Comodoro Py por presunto abuso de autoridad, entre otros posibles delitos. La presentación sostiene que el Ejecutivo trabó la designación de Michelli exclusivamente por su vínculo familiar con un periodista que investigó al Gobierno y no por razones vinculadas a su desempeño o idoneidad. La denuncia expresa la gravedad que amplios sectores del arco político atribuyen al episodio: lo que comenzó como una maniobra en la Comisión de Acuerdos del Senado tomó la dimensión de un presunto delito contra la administración pública.

Puntos clave

  • El Gobierno, por orden de Karina Milei, solicitó el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investigó la causa $LIBRA y el escándalo en ANDIS.
  • La postulación contaba con dictamen aprobado en comisión con nueve firmas, pero el senador oficialista Pagotto bloqueó su presentación en Mesa de Entradas.
  • El PRO y la UCR rechazaron el veto y sostienen la candidatura; sin su apoyo, LLA no tiene mayoría para imponer el retiro del pliego en el recinto.
  • La sesión del 4 de junio también incluye el pago a los fondos buitre Bainbridge Ltd. (67 M USD) y Attestor Value Master Fund LP. (104 M USD), y el proyecto de propiedad privada.
  • El presidente Milei fue denunciado penalmente en Comodoro Py por presunto abuso de autoridad por el veto a Michelli.
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