Gremiales
Sin remedios ni salarios: Dr. Ahorro cerró y dejó a 330 trabajadores en la calle
El Juzgado Comercial N°23 decretó el 27 de mayo la quiebra de Energía y Vida de Argentina SA, empresa controlante de la cadena de farmacias Dr. Ahorro, a pedido de sus propios socios. El cierre definitivo de 33 sucursales dejó a más de 330 trabajadores sin empleo, sin salarios y sin indemnizaciones, en medio de denuncias por vaciamiento previo de locales.
Quiebra de Dr. Ahorro: 330 empleados sin cobrar reclaman en las calles
★ La caída de Farmacias Dr. Ahorro dejó en la calle a más de 330 trabajadores, muchos de ellos sin cobrar sueldos desde diciembre de 2025 y con apenas el 25% de los haberes de abril de 2026 acreditados. El Juzgado Comercial N°23, a cargo del juez subrogante Federico Mármora, decretó la quiebra de Energía y Vida de Argentina SA, la razón social de la cadena de capitales mexicanos que operó en el país durante más de dos décadas especializándose en medicamentos genéricos de bajo costo.
La resolución judicial llegó después de que la propia compañía, el 26 de mayo, solicitara formalmente al magistrado que declarara la quiebra, en el marco del concurso de acreedores que ya tramitaba ante la misma sede. La decisión dejó sin efecto el proceso preventivo en curso y marcó el cierre definitivo de las bocas de expendio en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta.



El vaciamiento denunciado
Los trabajadores no tardaron en señalar que el colapso no fue sorpresivo ni involuntario. En un comunicado difundido esta semana, advirtieron que durante el fin de semana largo previo a la declaración de quiebra descubrieron que la empresa continuaba vaciando varios de los locales y que al menos dos sucursales ya estaban publicadas en alquiler, incluso antes de que el proceso judicial se formalizara.
«Desde el comienzo denunciamos el vaciamiento forzado y tendía a una quiebra fraudulenta», afirmó uno de los empleados movilizados en la protesta convocada frente a la sucursal del barrio porteño de Chacarita. La denuncia adquiere mayor peso cuando se considera que los trabajadores señalaron además que la empresa aplicó una maniobra similar en su filial chilena antes de retirarse de ese mercado.
Según consignaron medios especializados, Energía y Vida de Argentina SA se negó a realizar una tasación formal de los activos remanentes y solo presentó tres ofertas económicas de otras firmas farmacéuticas interesadas en lo que quedaba de la cadena. Entre los bienes disponibles para afrontar las deudas figuran el inmueble de administración y depósito ubicado en Chacarita, valuado en 1,7 millones de dólares, algunos vehículos, habilitaciones municipales farmacéuticas y medicamentos en stock.
Las voces de los que se quedaron sin trabajo
Las escenas del jueves 29 de mayo en las puertas de la sucursal de Chacarita retrataron la magnitud del golpe. El periodista Claudio Cardoso de C5N recogió los testimonios de quienes perdieron sus puestos de un día para otro, con los candados de los locales cambiados sin previo aviso y sin posibilidad de ingresar a retirar sus pertenencias personales.
«Quieren romper la dignidad, es lo único que nos quedaba, una fuente de trabajo para ganarnos nuestro sustento. Te pisotean, te humillan. ¿Ahora qué hacemos nosotros? Vienen los vencimientos, el alquiler. Es una mezcla de sensaciones: bronca, impotencia, no podemos hacer nada», expresó uno de los empleados frente a las cámaras.
Otra trabajadora, que se identificó como Directora Técnica con 23 años de antigüedad en la empresa, describió una situación aún más crítica en el plano profesional: «Hace un mes y medio que tengo mi título bloqueado. Hasta que el juez no lo libere no puedo buscar trabajo», afirmó.
Los reclamos concretos
Los empleados organizados presentaron un pliego de exigencias que incluye el pago de salarios adeudados, el proporcional de aguinaldo (incluyendo el de diciembre de 2025), las vacaciones no gozadas, las indemnizaciones correspondientes ante la confirmación de la quiebra, y la regularización de la deuda previsional tanto con el personal activo como con quienes fueron despedidos en diciembre de 2025.
También reclamaron la devolución de pertenencias personales que quedaron dentro de los locales, a los que no pudieron reingresar tras el cambio de candados dispuesto por la patronal.
Un colapso con contexto estructural
Dr. Ahorro llegó a la Argentina en 2002 de la mano del empresario mexicano Xavier González Zirión, con un modelo orientado a sectores de ingresos medios y bajos que necesitaban acceso a medicamentos genéricos a precios accesibles. En su mejor momento, la cadena operó 47 sucursales en distintas provincias y en el Gran Buenos Aires. Al momento del cierre definitivo, contaba con 33 bocas de expendio activas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta.
El primer ciclo de despidos masivos se produjo en diciembre de 2025, cuando la empresa desvinculó a cerca de 72 trabajadores sin abonarles ni el mes trabajado, ni el aguinaldo ni la indemnización correspondiente. La presentación en concurso de acreedores revelaba ya entonces una deuda superior a los 10 millones de dólares, acumulada con laboratorios, droguerías, proveedores y el propio personal.
El colapso de Dr. Ahorro se inscribe en un contexto de caída sostenida del consumo y aumento de los costos operativos que el gobierno de Javier Milei atribuye a una «corrección macroeconómica necesaria», pero que en la práctica está empujando al cierre a empresas orientadas a los sectores populares. Una cadena farmacéutica que subsistía vendiendo medicamentos accesibles a quienes no podían pagar las tarifas de las grandes cadenas no sobrevivió al ajuste.
Los acreedores tendrán tiempo hasta el 7 de septiembre de 2026 para presentar sus pedidos de verificación ante el juzgado. Los directivos de la empresa deberán comparecer a una audiencia de explicaciones el 30 de septiembre de 2026. Mientras tanto, el síndico designado avanza con la clausura de los locales y la toma de posesión de mercaderías y documentación.
Puntos clave
- El Juzgado Comercial N°23 decretó la quiebra de Energía y Vida de Argentina SA el 27 de mayo de 2026, a pedido de los propios socios de la empresa.
- Más de 330 trabajadores perdieron sus empleos; la empresa apenas abonó el 25% de los salarios de abril de 2026.
- Los empleados denuncian un proceso de vaciamiento previo a la quiebra, con locales publicados en alquiler antes del fallo judicial.
- Los reclamos incluyen salarios adeudados desde diciembre de 2025, aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones y deuda previsional.
- El cierre se suma a una lista creciente de colapsos empresariales en el marco de la recesión y la caída del consumo bajo la gestión Milei.
Gremiales
Arte y resistencia en Hurlingham: jubilados defienden el Hospital PAMI
Organizaciones sindicales, gremios de salud y artistas populares acompañan cada jueves la lucha contra el vaciamiento y el cierre del centro de salud que atiende a más de 25.000 afiliados de la zona oeste del conurbano bonaerense.
Arte y resistencia en Hurlingham: jubilados defienden el Hospital PAMI semana a semana
La resistencia no para. Cada jueves, frente al Hospital PAMI de Hurlingham, ubicado en General O’Brien y Guardia Vieja, la protesta se renueva con una mística que combina el reclamo gremial con la solidaridad popular y la cultura como herramienta de lucha. La última jornada volvió a reunir a jubilados, trabajadores de la salud, organizaciones sindicales y artistas comprometidos bajo una consigna que se repite sin claudicar: #NoAlCierreDelHospitalPamiHurlingham.
Un jueves de protesta, olla popular y festival
La jornada comenzó con la movilización habitual frente al establecimiento, se extendió al mediodía con una olla popular que reunió a vecinos y referentes del movimiento sindical, y cerró con un festival musical en el que participaron artistas de la zona. Entre ellos, el cantor Santiago «Chinchu», acompañó con su voz la protesta. También estuvo presente el músico conocido como «El Indio Caballero», considerado una institución cultural de Hurlingham. La presencia de la Regional Sindical de Musicxs y la cobertura de FM En Tránsito dieron marco a una jornada que articuló derechos laborales, salud pública y expresión artística.

La convocatoria fue impulsada por UDEMUS (Unión de Músicos) y contó con la presencia activa de referentes de la CTA-MHI, la CTA Buenos Aires, la CTA Nacional y el gremio médico CICOP. También se hicieron presentes Liliana Margarita Orellana, Chris Caratozzolo, Pablo Chan, Kicharihuasi y Gabriel Sarfati, entre otros compañeros y compañeras.
El fondo del conflicto: vaciamiento y ajuste libertario
El conflicto en torno al hospital de PAMI en Hurlingham no comenzó esta semana. A mediados de abril de 2026, trabajadores del establecimiento denunciaron que la Dirección les comunicó de manera informal, a través de un mensaje institucional, que el hospital cerraría a fines de ese mes. Ante la presión de los reclamos, el cierre se postergó hasta fines de mayo, pero sin garantías formales de continuidad.
El desmantelamiento del Hospital
El desmantelamiento es concreto y verificable: de 60 empleados que tenía el establecimiento en 2024, en la actualidad quedan apenas 20, producto de los recortes sostenidos a lo largo del último año. Trabajadores denunciaron, además, que equipos médicos estaban siendo retirados del lugar, lo que reforzó los temores de un cierre definitivo encubierto bajo una «reorganización» administrativa.
El hospital, que comenzó a funcionar en julio de 2023 a partir de un acuerdo entre el municipio de Hurlingham y el PAMI, nunca llegó a desarrollarse plenamente. Según denunciaron empleados y pacientes, existen dos quirófanos que jamás fueron utilizados, un resonador que estuvo un año fuera de servicio y un área de rayos que continúa sin habilitarse por falta de obras. El establecimiento fue concebido como un centro de alta complejidad; lo que el gobierno libertario busca cerrar es apenas la promesa incumplida de lo que pudo haber sido.
Resolución 1107/2026: el detonante del conflicto médico
El conflicto en Hurlingham se inscribe en una crisis mayor que atraviesa a todo el sistema PAMI. La Resolución 1107/2026, emitida por el gobierno de Milei, modificó el esquema de remuneración de los profesionales de la obra social de los jubilados, eliminando el sistema mixto de pago fijo por paciente con adicionales por consulta, y reemplazándolo por un monto fijo de $2.100 por atención per cápita, aplicado de manera retroactiva al 1° de abril y sin consulta previa a los profesionales. Según la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), la medida implicó un recorte de ingresos de aproximadamente la mitad para cada médico y odontólogo. La respuesta fue un paro de 72 horas que paralizó la atención primaria en todo el país.
El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, desmintió el cierre del hospital de Hurlingham y aseguró que los consultorios «van a seguir funcionando«. Sin embargo, los propios trabajadores del establecimiento contradijeron esa versión: «Lo único que tenemos claro es que se cierra. Acá, en Hurlingham, se atienden entre 10.000 y 15.000 afiliados», declaró una trabajadora.
25.000 jubilados sin respuesta
Las cifras del impacto son elocuentes. El hospital de Hurlingham atiende mensualmente a más de 15.000 afiliados del propio distrito y a otros 10.000 que provienen de municipios cercanos, que lo eligen porque también ofrece atención a demanda espontánea, una modalidad poco frecuente en el sistema. «Hay gente que anda dando vueltas, boyando por un montón de lugares donde no consigue el turno hasta que viene acá», explicó María Teresa Gómez Galeano, técnica en Tomografía del establecimiento.

El drama personal se multiplicó en el frente del hospital en cada jornada de protesta. «Es una vergüenza. Aporté más de 40 años y hoy tengo que salir a la calle para defender un derecho básico como la salud», expresó María Elena, una de las jubiladas presentes. Otro afiliado resumió el malestar colectivo: «No entendemos por qué lo quieren cerrar. Nadie da explicaciones».
El reclamo en Hurlingham confluye con otras denuncias del sector: la quita de 177 medicamentos que el PAMI dejó de financiar, la deuda del organismo con las farmacias que amenaza la continuidad en la dispensa de remedios, y el deterioro general de las prestaciones que el gobierno libertario viene impulsando bajo el paraguas del «ordenamiento del gasto». Para los jubilados, ese eufemismo se traduce en una sola palabra: ajuste.
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