El 16 de junio de 1955, aviones de la Aviación Naval y la Fuerza Aérea lanzaron 14 toneladas de bombas sobre la Plaza de Mayo en un intento de magnicidio contra Juan Domingo Perón. Más de 350 civiles murieron y alrededor de 2.000 resultaron heridos. A 71 años, la masacre permanece impune y el odio político que la impulsó sigue mutando de forma: donde antes caían bombas, hoy caen sentencias judiciales fabricadas a medida.

El día que las Fuerzas Armadas atacaron al pueblo

El jueves 16 de junio de 1955 amaneció como un día de confrontación abierta entre el gobierno de Juan Domingo Perón y sectores del establishment eclesiástico, militar y empresarial que buscaban su caída. A media mañana, decenas de aviones de la Aviación Naval y parte de la Fuerza Aérea despegaron con un objetivo preciso: asesinar al presidente constitucional y derrocar el gobierno peronista.

Las bombas cayeron sobre la Plaza de Mayo y las calles aledañas. Las aeronaves, que llevaban inscripta la leyenda «Cristo vence» como símbolo de la alianza entre el catolicismo conservador y los sectores golpistas, atacaron sin distinción a los civiles congregados. Uno de los proyectiles impactó directamente contra un trolebús repleto de pasajeros. El saldo de la masacre fue de más de 350 muertos y cerca de 2.000 heridos, en lo que representó el mayor ataque armado a la población civil en suelo argentino hasta entonces.

Perón se refugió en el Edificio Libertador. Las tropas leales al Gobierno frenaron el alzamiento esa misma tarde. Los golpistas que no lograron escapar fueron sometidos a consejos de guerra, pero los principales responsables se exiliaron en Uruguay, donde el presidente Luis Batlle les otorgó asilo político. Entre los implicados en los hechos de aquella jornada figuraba un joven oficial, Eduardo Emilio Massera, quien años después encabezaría uno de los comandos de la dictadura genocida de 1976.

El contexto político: lo que no podían ganar en las urnas

El ataque del 16 de junio no fue un hecho aislado. Se inscribió en una estrategia política de sectores que comprendían que el peronismo era imbatible en elecciones libres. En 1954, el oficialismo había obtenido el 62,54% de los votos, consolidando una base popular que ninguna fuerza opositora podía erosionar por vías democráticas. A esa fortaleza electoral se sumaba una distribución del ingreso sin precedentes en América Latina: bajo la gestión peronista, los trabajadores alcanzaron una participación de alrededor del 53% en el PBI, un dato que irritaba profundamente a las élites económicas tradicionales.

El conflicto con la Iglesia Católica, desatado tras la sanción de la ley de divorcio y la eliminación de la educación religiosa en las escuelas públicas, les proveyó a los sectores conservadores una coartada moral para acelerar el camino del golpe. La masacre del 16 de junio fue la primera expresión de esa alianza entre el poder económico concentrado, la jerarquía eclesiástica y fracciones de las Fuerzas Armadas.

La impunidad como política de Estado

El bombardeo fracasó como golpe de Estado en junio, pero logró su objetivo tres meses después. El 16 de septiembre de 1955 la autodenominada Revolución Libertadora derrocó a Perón, quien partió al exilio y no regresaría al país hasta 1973, luego de 18 años de proscripción. Los crímenes cometidos el 16 de junio nunca fueron juzgados con la profundidad que merecían. La masacre permaneció impune, borrada del relato hegemónico durante décadas, mientras se amplificaba mediáticamente la reacción espontánea de militantes que indignados incendiaron algunas iglesias aquella misma noche.

La Revolución Libertadora proscribió al peronismo, persiguió a sus militantes y sindicalistas, fusiló opositores en los basurales de José León Suárez y firmó el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la historia argentina. El ciclo de violencia política inaugurado aquel 16 de junio no se cerró en 1955: se prolongó, con diferentes intensidades y métodos, durante décadas.

71 años después: la misma matriz, distintas herramientas

A 71 años del bombardeo, el odio al peronismo sigue vigente aunque ya no cae desde el cielo en forma de bombas. Opera hoy en los tribunales, en los sets de televisión, en los escritorios de jueces funcionales al poder económico. La condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, en diciembre de 2022, debe leerse en esa continuidad histórica: una proscripción no por medios militares, sino judiciales; no con aviones, sino con sentencias diseñadas sin pruebas directas. Tal como señalaron organismos de derechos humanos y juristas de distintas corrientes, la instrucción de esa causa estuvo plagada de arbitrariedades, escuchas ilegales, filtraciones mediáticas y operaciones de prensa.

Esta estrategia de persecución jurídica a líderes populares, conocida como lawfare, combina jueces, grandes medios de comunicación y servicios de inteligencia para desacreditar e inhabilitar políticamente a quienes representan al campo nacional y popular. El mecanismo fue reconocido y analizado por decenas de organizaciones de derechos humanos, académicos y juristas en Argentina y en el mundo. No es una teoría conspirativa; es una metodología documentada.

En 1955, sectores de la Sociedad Rural, la jerarquía eclesiástica y fracciones castrenses empujaron el golpe. Hoy son grupos mediáticos concentrados, grandes poderes económicos y una parte del Poder Judicial quienes reproducen esa misma lógica. El objetivo tampoco cambió: restaurar un orden donde el mercado imponga las reglas y el Estado abandone toda función redistributiva. En 1955 se habló del «tirano prófugo». Hoy se construye la figura de la «jefa de una asociación ilícita». La estigmatización es una constante que atraviesa décadas y adapta su lenguaje a cada época.

La resistencia como hilo histórico

El intento de asesinar a Perón fracasó, pero logró su proscripción por 18 años. La condena judicial a Cristina, en 2022, no pudo borrarla del escenario político. En ambos casos, la resistencia popular fue la respuesta. Los hijos de los fusilados de José León Suárez militaron en unidades básicas. Las Madres de Plaza de Mayo, cuyo origen como movimiento de lucha está indisolublemente ligado a las consecuencias políticas del ciclo abierto en 1955, marcharon durante décadas reclamando Memoria, Verdad y Justicia. Y las nuevas generaciones reconocen en esa historia una continuidad que ninguna sentencia ni ninguna bomba logró interrumpir.

Recordar el bombardeo del 16 de junio de 1955, a 71 años de aquella masacre impune, no es un ejercicio nostálgico. Es comprender que los mismos intereses que ordenaron lanzar bombas sobre trabajadores siguen operando, con otras herramientas y otros actores, contra cualquier proyecto político que coloque al pueblo en el centro de las decisiones.

Puntos clave

• El 16 de junio de 1955, aviones de la Aviación Naval y la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de Mayo con más de 14 toneladas de explosivos, dejando más de 350 muertos y alrededor de 2.000 heridos.
• El ataque buscó asesinar al presidente constitucional Juan Domingo Perón, quien había sido reelecto en 1954 con el 62,54% de los votos; fracasó ese día, pero derivó en el golpe de la Revolución Libertadora tres meses después.
• Los responsables de la masacre nunca enfrentaron una condena proporcional a sus crímenes; el bombardeo permanece impune 71 años después.
• El odio político al peronismo adopta hoy la forma del lawfare: persecución judicial, mediática y de inteligencia contra líderes populares como Cristina Fernández de Kirchner, con métodos distintos pero idéntica matriz.
• La resistencia popular frente a cada intento de proscripción es el hilo histórico que conecta las generaciones de 1955 con las actuales.