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Caso Lucio Dupuy: familiares esperan una condena ejemplar y apuntan a jueza de menores

Silvia Gómez, abuela paterna de Lucio criticó a la jueza de Familia de General Pico que le devolvió la tenencia a la filicida y apuntó a la “cadena de culpables”.

Publicado hace

4 años

23.01.2023

ElArgentino.ar

La abuela de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad pampeana de Santa Rosa, expresó este lunes su confianza en que la Justicia dicte «una condena ejemplar» para la madre de la víctima y su pareja cuando el 2 de febrero próximo dé a conocer el veredicto en el juicio en el que ambas están acusadas del homicidio, al tiempo que responsabilizó a la jueza de menores que les otorgó la tenencia por ser quien le firmó «la sentencia de muerte».

«Sé que les van a dar una condena ejemplar porque este caso resonó y estamos bajo los ojos de la Argentina y del mundo. Hay mucha gente dolida por la injusticia», dijo Silvia Gómez, abuela paterna de Lucio, al referirse a la madre de su nieto, Magdalena Espósito, y la pareja, Abigail Páez.

A diez días de que se conozca si la Justicia declara o no la culpabilidad de ambas acusadas, Gómez dijo a una radio de Santa Fe que «a Lucio no lo mataron hace un año, a Lucio lo mataron ayer, porque es el mismo sufrimiento y dolor, y más en los últimos días» en los que se recrearon en los medios las declaraciones que hicieron en el juicio «estas asesinas como queriéndose salvar con mentiras».

Gómez criticó además a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del juzgado de la Familia y del Menor número 1 de General Pico, por ser en su opinión quien «le firma la sentencia de muerte» a su nieto al devolverle la tenencia a su madre.

«Era una situación difícil porque ella (Espósito) hacía denuncias falsas hasta que la jueza le revoca la tenencia. Esta jueza es la que firma un papel y le firma la sentencia de muerte a mi nieto, porque no le hace un seguimiento ni sabía del caso«, indicó Gómez.

La mujer contó que está trabajando «en que salga la Ley Lucio para tratar de contener a esas familias con un asesoramiento«, en referencia a los casos que podrían ser considerados similares al de su nieto con niños víctimas de maltrato infantil.

«Fue una cadena de culpables que llevaron a que mi nieto esté donde está. Le prometimos a mi nieto que no iba a haber otro Lucio y a partir de eso decidimos transformar nuestro dolor en lucha«, concluyó Gómez.

Por su parte, Ramón Dupuy, abuelo paterno de Lucio y esposo de Gómez, dijo que si bien él ya no espera Justicia, sabe que la sociedad aguarda que ambas mujeres reciban la pena de prisión perpetua.

«No espero nada porque estas asesinas a Lucio no me lo devuelven. Den lo que les den, no me lo devuelven a Lucito, pero lo que sí sé es que la sociedad espera lo que se merecen, la prisión perpetua», expresó.

Al igual que su mujer, Dupuy habló de la existencia de más responsables en lo sucedido con su nieto, al aseverar que las áreas de «salud, educación, la policía y los vecinos hicieron la vista al costado con lo que le tocó vivir a Lucio».

También tuvo un párrafo dedicado la jueza de menores: «La jueza Ana Pérez Ballester sentenció a muerte a Lucio al darle la tenencia a estas dos asesinas. Si hubiera hecho su trabajo, se habría dado cuenta que lo pidieron para cobrar los beneficios sociales que había en la pandemia y que nunca les había interesado mi nieto.».

Ramón contó que por «recomendación del abogado» no asistieron a todas las audiencias del juicio que se llevó a cabo en Santa Rosa y que concluirá con el veredicto y sentencia la semana próxima, ya que lo que se iba a escuchar les iba a «hacer mal».

El 22 de diciembre último, la fiscalía que interviene en el juicio pidió que la madre de la víctima y su pareja sean declaradas culpables del «homicidio calificado y abuso sexual», delitos que prevén la prisión perpetua.

Por su parte, la querella introdujo en su acusación el agravante de «odio de género»; y reclamó las mismas condenas, mientras que las defensas, en cambio, plantearon la hipótesis de un hecho «preterintencional», es decir, cuando el agresor tiene intenciones de causar un daño pero no la muerte.

El juicio, que hasta ahora se desarrolló a puertas cerradas, ya que la víctima era menor de edad y se debatía un delito contra la integridad sexual, se hizo en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa y contó con la presencia de las dos acusadas que llegaron al debate en calidad de detenidas.

¿Cuándo se reanudará el juicio?

El debate se reanudará el 2 de febrero al mediodía, cuando se resuelva si las acusadas son culpables o no y, dependiendo de ello, luego se realizará una segunda audiencia para dar a conocer el monto de las penas, en caso de que se las hallara responsables de un delito que no prevea como único castigo la prisión perpetua, explicaron los voceros.

De acuerdo a la acusación, ambas imputadas «agredieron físicamente, en forma conjunta» a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 del 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa, ocasionándole múltiples lesiones; y señaló que esas lesiones le provocaron la muerte luego de un período de agonía.

Según la autopsia, el niño «presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data» y que el deceso se produjo por una «hemorragia interna», producto de las agresiones.

Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Al declarar como acusada en el juicio, Páez reconoció que golpeó a Lucio: «Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde la verdad, ni sé por qué tampoco», contó.

«No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. El me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras«, agregó sobre el estado del niño.

Por su parte, la madre de Lucio, Espósito Valenti, dijo que esa mañana al salir de su casa lo dejó «con vida» al cuidado de su novia y que al día de hoy sigue «sin poder creer» lo ocurrido.

Además apuntó al padre de Lucio, al asegurar que «en todo momento se desentendió de la criatura», tras lo cual agregó: «Tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más».

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Corrientes

El juicio por Loan Danilo Peña suma unos 120 testigos y la búsqueda sigue abierta

Este jueves declaran gendarmes, peritos de la PFA y un testigo del allanamiento a la comisaría de 9 de Julio. El Tribunal Oral Federal de Corrientes juzga a 17 acusados y no hay fecha para los alegatos ni para el veredicto.

Publicado hace

3 horas

12.11.2026

ElArgentino.ar

Retrato de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dedica este jueves, última audiencia de la semana, a las declaraciones de gendarmes, peritos de la Policía Federal, un testigo del allanamiento a la comisaría de 9 de Julio y una psicóloga, en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña. El niño sigue desaparecido desde el 13 de junio de 2024, en el paraje Algarrobal de esa localidad correntina, y la búsqueda sigue abierta. En el debate ya declararon alrededor de 120 personas, según se informó.

El juicio arrancó el 16 de junio de 2026, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes. El tribunal lo integran los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, con Enrique Jorge Bosch como suplente. El Ministerio Público Fiscal interviene a través del fiscal general Carlos Schaefer y de la fiscal general subrogante Tamara Pourcel.

En qué etapa está el debate

Al inicio, la fiscalía previó más de 170 testigos. Con unos 120 escuchados, el juicio sigue en la etapa de prueba testimonial: faltan los testigos restantes, los alegatos y el veredicto, y no hay una fecha oficial para ninguno de los dos últimos. El tribunal fijó dos audiencias semanales, los miércoles y los jueves, al menos hasta el 1 de diciembre, cuando se hace efectivo el retiro de Ceroleni, que se jubila. Schaefer afirmó en septiembre que el juicio continúa y que Bosch, que ya integra la sala, puede reemplazarlo.

Quiénes declaran este jueves

Están citados los gendarmes Gustavo Adrián Castillo y Teodoro Duarte, que participaron del rastrillaje y de un allanamiento a fines de junio de 2024. También declara Abril Pizarro, perito química de la Policía Federal Argentina, que inspeccionó la camioneta Ford Ranger del matrimonio acusado, formado por la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el exmarino Carlos Guido Pérez. Junto a ella exponen Paula Antonella Altamirano, de la sección Rastros de esa fuerza, y Diego Terry. De la inspección ocular de la misma camioneta declaran el gendarme Omar Ramón Acuña y el subcomisario de la Federal Leandro Simón.

Jorge Luis Rómulo es el testigo convocado por lo que observó en el allanamiento a la Comisaría de 9 de Julio, en julio de 2024. Por último, la psicóloga María Daniela Balbi debe dar cuenta del acompañamiento y de las entrevistas que realizó a menores. Al cierre de esta nota, no había un parte oficial sobre el contenido de esas declaraciones.

Los 17 acusados y lo que se les imputa

Siete personas están acusadas de la sustracción y el ocultamiento de un menor de 10 años, previsto en el artículo 146 del Código Penal, con penas de 5 a 15 años de prisión. En calidad de coautores, el requerimiento incluye a Bernardino Antonio Benítez, a su pareja Laudelina Peña (tía de Loan), a María Victoria Caillava, a Carlos Guido Pérez, a Daniel Oscar Ramírez y a su pareja Mónica del Carmen Millapi. El entonces comisario de 9 de Julio, Walter Adrián Maciel, está acusado como partícipe necesario. Ninguno tiene condena: rige la presunción de inocencia. Al inicio del debate, en junio, la fiscalía informó que esos siete acusados estaban detenidos con prisión preventiva.

La acusación sostiene que Benítez, Ramírez, Millapi y Laudelina Peña apartaron al niño de la custodia de su padre, José Peña, con la excusa de ir a buscar naranjas a un monte alejado de la casa de la abuela, Catalina Peña, donde el resto de la familia hacía la sobremesa con Pérez y Caillava. Los fiscales afirmaron que, para concretar la sustracción y el posterior ocultamiento, se contó con la participación de Maciel, “quien valiéndose de su cargo montó un falso escenario de búsqueda” e impartió medidas para entorpecer el hallazgo. En el requerimiento sostuvieron que el niño fue sustraído y que esa situación “perdura al día de la fecha”.

Los otros diez imputados llegaron a juicio acusados de maniobras destinadas a frustrar, alterar o entorpecer la investigación. Son Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio. Se les atribuyen, en distinta medida, delitos como encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación de secreto profesional. Según la acusación, el grupo se presentó como integrante de la “Fundación Dupuy”.

Qué sostiene cada parte

En una entrevista de septiembre, Schaefer dijo que la acusación debe demostrar “quién se lo llevó”, que tiene pruebas para la sustracción y el ocultamiento, y que el delito es permanente porque se ignora el paradero del niño. Citó la prueba odorológica entre los elementos centrales y afirmó que “el entorpecimiento comenzó en el minuto uno”. Reconoció que siguen sin respuesta el motivo de la sustracción y el destino de Loan, que se investigan por separado.

Las defensas no coinciden entre sí. Ernesto González, abogado de Pérez y Caillava, afirmó en septiembre que “no hay nada objetivamente demostrable respecto de un accidente de tránsito”, una versión que ubicó en la estrategia de la defensa de Maciel, y cuestionó cómo se hicieron las pericias odorológicas. Según las coberturas locales, Laudelina Peña declaró ante el tribunal que la historia del accidente fue inventada y se la atribuyó a un abogado. Son planteos de las partes en el juicio, que todavía no fueron resueltos.

Una de las líneas de la causa quedó cerrada en primera instancia. El 25 de agosto, la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo sobreseyó a ocho personas por trata de personas, al concluir que no hubo finalidad de explotación. Schaefer aclaró que esa decisión no afecta al juicio y, en septiembre, informó que la fiscalía la apeló, por lo que no está firme.

La desaparición y una búsqueda que no se cerró

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo en la casa de su abuela, en 9 de Julio. Tenía 5 años. La última fotografía lo registró a las 13.52, cuando se dirigía a una zona de monte con naranjales junto a otras personas. El juicio evalúa las responsabilidades penales de los 17 acusados, pero el niño no apareció y la búsqueda sigue abierta. Al inicio del debate, el Ministerio Público Fiscal recordó que la Alerta Sofía permanecía vigente y que “la familia espera justicia”.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece 20 millones de pesos por datos útiles que permitan dar con el paradero de Loan, una suma que fijó en enero la Resolución 51/2026. La recompensa figura vigente en la página oficial de búsqueda de personas del organismo. Pozzer Penzo ordenó en agosto renovar las alertas de Interpol y volver a difundir la foto del niño y la recompensa.

Lo que deja la investigación

La causa se inició en la Justicia provincial y pasó al fuero federal. Más de dos años después, la acusación sostiene que parte de la pesquisa se desvió desde adentro, por la actuación del entonces comisario, y desde afuera, por las maniobras de otros diez imputados. Schaefer dijo que nunca vio algo así en una causa. Si esas hipótesis se confirman o no es algo que decidirá el tribunal en su sentencia; hasta entonces, el dato firme es que Loan no apareció y que las preguntas centrales siguen abiertas.