Judiciales ⚖️
Caso Lucio Dupuy: familiares esperan una condena ejemplar y apuntan a jueza de menores
Silvia Gómez, abuela paterna de Lucio criticó a la jueza de Familia de General Pico que le devolvió la tenencia a la filicida y apuntó a la “cadena de culpables”.
La abuela de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad pampeana de Santa Rosa, expresó este lunes su confianza en que la Justicia dicte «una condena ejemplar» para la madre de la víctima y su pareja cuando el 2 de febrero próximo dé a conocer el veredicto en el juicio en el que ambas están acusadas del homicidio, al tiempo que responsabilizó a la jueza de menores que les otorgó la tenencia por ser quien le firmó «la sentencia de muerte».
«Sé que les van a dar una condena ejemplar porque este caso resonó y estamos bajo los ojos de la Argentina y del mundo. Hay mucha gente dolida por la injusticia», dijo Silvia Gómez, abuela paterna de Lucio, al referirse a la madre de su nieto, Magdalena Espósito, y la pareja, Abigail Páez.
A diez días de que se conozca si la Justicia declara o no la culpabilidad de ambas acusadas, Gómez dijo a una radio de Santa Fe que «a Lucio no lo mataron hace un año, a Lucio lo mataron ayer, porque es el mismo sufrimiento y dolor, y más en los últimos días» en los que se recrearon en los medios las declaraciones que hicieron en el juicio «estas asesinas como queriéndose salvar con mentiras».
Gómez criticó además a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del juzgado de la Familia y del Menor número 1 de General Pico, por ser en su opinión quien «le firma la sentencia de muerte» a su nieto al devolverle la tenencia a su madre.
«Era una situación difícil porque ella (Espósito) hacía denuncias falsas hasta que la jueza le revoca la tenencia. Esta jueza es la que firma un papel y le firma la sentencia de muerte a mi nieto, porque no le hace un seguimiento ni sabía del caso«, indicó Gómez.
La mujer contó que está trabajando «en que salga la Ley Lucio para tratar de contener a esas familias con un asesoramiento«, en referencia a los casos que podrían ser considerados similares al de su nieto con niños víctimas de maltrato infantil.
«Fue una cadena de culpables que llevaron a que mi nieto esté donde está. Le prometimos a mi nieto que no iba a haber otro Lucio y a partir de eso decidimos transformar nuestro dolor en lucha«, concluyó Gómez.
Por su parte, Ramón Dupuy, abuelo paterno de Lucio y esposo de Gómez, dijo que si bien él ya no espera Justicia, sabe que la sociedad aguarda que ambas mujeres reciban la pena de prisión perpetua.
«No espero nada porque estas asesinas a Lucio no me lo devuelven. Den lo que les den, no me lo devuelven a Lucito, pero lo que sí sé es que la sociedad espera lo que se merecen, la prisión perpetua», expresó.
Al igual que su mujer, Dupuy habló de la existencia de más responsables en lo sucedido con su nieto, al aseverar que las áreas de «salud, educación, la policía y los vecinos hicieron la vista al costado con lo que le tocó vivir a Lucio».
También tuvo un párrafo dedicado la jueza de menores: «La jueza Ana Pérez Ballester sentenció a muerte a Lucio al darle la tenencia a estas dos asesinas. Si hubiera hecho su trabajo, se habría dado cuenta que lo pidieron para cobrar los beneficios sociales que había en la pandemia y que nunca les había interesado mi nieto.».
Ramón contó que por «recomendación del abogado» no asistieron a todas las audiencias del juicio que se llevó a cabo en Santa Rosa y que concluirá con el veredicto y sentencia la semana próxima, ya que lo que se iba a escuchar les iba a «hacer mal».
El 22 de diciembre último, la fiscalía que interviene en el juicio pidió que la madre de la víctima y su pareja sean declaradas culpables del «homicidio calificado y abuso sexual», delitos que prevén la prisión perpetua.
Por su parte, la querella introdujo en su acusación el agravante de «odio de género»; y reclamó las mismas condenas, mientras que las defensas, en cambio, plantearon la hipótesis de un hecho «preterintencional», es decir, cuando el agresor tiene intenciones de causar un daño pero no la muerte.
El juicio, que hasta ahora se desarrolló a puertas cerradas, ya que la víctima era menor de edad y se debatía un delito contra la integridad sexual, se hizo en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa y contó con la presencia de las dos acusadas que llegaron al debate en calidad de detenidas.
¿Cuándo se reanudará el juicio?
El debate se reanudará el 2 de febrero al mediodía, cuando se resuelva si las acusadas son culpables o no y, dependiendo de ello, luego se realizará una segunda audiencia para dar a conocer el monto de las penas, en caso de que se las hallara responsables de un delito que no prevea como único castigo la prisión perpetua, explicaron los voceros.
De acuerdo a la acusación, ambas imputadas «agredieron físicamente, en forma conjunta» a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 del 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa, ocasionándole múltiples lesiones; y señaló que esas lesiones le provocaron la muerte luego de un período de agonía.
Según la autopsia, el niño «presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data» y que el deceso se produjo por una «hemorragia interna», producto de las agresiones.
Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.
Al declarar como acusada en el juicio, Páez reconoció que golpeó a Lucio: «Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde la verdad, ni sé por qué tampoco», contó.
«No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. El me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras«, agregó sobre el estado del niño.
Por su parte, la madre de Lucio, Espósito Valenti, dijo que esa mañana al salir de su casa lo dejó «con vida» al cuidado de su novia y que al día de hoy sigue «sin poder creer» lo ocurrido.
Además apuntó al padre de Lucio, al asegurar que «en todo momento se desentendió de la criatura», tras lo cual agregó: «Tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más».
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Mendoza: detienen a la madre que mandó a su hijo al colegio con una réplica de arma
La mujer, que ya había sido imputada sin arresto el viernes 17 de abril por instigación a la intimidación pública, vio agravada su situación procesal tras un nuevo pedido fiscal que amplió el encuadre legal al artículo 211 del Código Penal.
Mendoza: detienen a la madre que mandó a su hijo al colegio con una réplica de arma
★ La Justicia de Mendoza ordenó la detención preventiva de la madre de un adolescente de 17 años que ingresó a una escuela del Gran Mendoza con una réplica de arma de fuego. La mujer, que ya había sido imputada sin arresto el viernes 17 de abril por instigación a la intimidación pública, vio agravada su situación procesal tras un nuevo pedido fiscal que amplió el encuadre legal al artículo 211 del Código Penal, agravado por la participación de un menor según el artículo 41 quater del mismo cuerpo normativo. La pena prevista oscila entre tres y ocho años de prisión.
El argumento que la llevó presa
Según el escrito del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la mujer reconoció haberle recomendado a su hijo que llevara la réplica «para amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco», de acuerdo a fuentes judiciales. El fiscal a cargo de la investigación, Juan Manuel Sánchez, ordenó la detención preventiva y el traslado de la imputada a la Penitenciaría Provincial.
El escrito fiscal subrayó que al momento del hecho «ya era de público y notorio conocimiento, no solo en las comunidades educativas sino también en la sociedad en general, el temor y el alerta que se venía generando», en referencia a la ola de amenazas de tiroteos que sacude al sistema educativo argentino desde el crimen de Ian Cabrera en la Escuela Nº40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el 30 de marzo de 2026, caso que este medio cubrió desde su inicio.
Para los fiscales, la condición de progenitora agrava la responsabilidad: instó directamente a un menor bajo su cuidado a cometer un hecho intimidatorio en el marco de un contexto de pánico social que ella misma contribuyó a alimentar. Ese razonamiento fue determinante para elevar la calificación del delito y fundamentar el encierro preventivo.
50 denuncias en días en Mendoza
El caso de esta madre y su hijo no es un hecho aislado dentro de la provincia. El Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que, entre el miércoles 16 y el viernes 18 de abril, se recepcionaron más de 50 denuncias vinculadas a amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educativos mendocinos. Las intimidaciones se manifestaron a través de carteles pegados en los baños, inscripciones sobre las paredes y publicaciones en redes sociales que anunciaban fechas específicas para supuestos ataques.
El mismo viernes en que se ordenó la detención de la madre, el fiscal de la Fiscalía Penal Juvenil, Gustavo Farmache, ya había imputado a un adolescente de 16 años por publicar en redes sociales la fotografía de una réplica de arma acompañada de un mensaje intimidante. Otros tres menores no imputables, todos menores de 16 años, prestaron declaración informativa, y un adolescente de 15 años fue notificado por portar un objeto similar en su escuela. Vale destacar que la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, aún no está en vigencia (su artículo 52 establece un período de implementación de 180 días desde su promulgación), por lo que los menores de 16 años continúan siendo inimputables.
Un fenómeno que se expande por el país
La ola de amenazas no se circunscribe a Mendoza. Como informó este medio en su cobertura del 18 de abril, el fenómeno se extendió a al menos cinco provincias en el marco de lo que las autoridades educativas sospechan que comenzó como un reto viral en plataformas digitales.
En Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil acumula ocho adolescentes imputados por «amenaza agravada por anonimato» e investiga más de 100 episodios en la capital provincial, con actuaciones adicionales en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.
En Santa Fe, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un adolescente de 16 años en el departamento Rosario tras una serie de amenazas, con allanamiento y secuestro de elementos incluidos.
En Santiago del Estero, una pintada en la Escuela Normal Manuel Belgrano amenazó: «20/04 tiroteo, nadie se salva. Van a morir todos».
En Buenos Aires, un adolescente de 16 años fue identificado en San Miguel tras publicar en redes un mensaje donde anunciaba una «masacre» en su colegio.
Ante la proliferación de casos, la secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, fue tajante: realizar este tipo de amenazas «no es una broma, es un delito de intimidación que tiene consecuencias», según declaró a medios provinciales.
El Estado ausente, otra vez
Lo que estos hechos vuelven a exponer es la ausencia de una respuesta estructural del Estado nacional ante una crisis que desbordó a las jurisdicciones provinciales. El gobierno de Javier Milei no articuló hasta el momento ninguna política educativa de emergencia frente a la proliferación de amenazas que mantiene en vilo a miles de familias. La respuesta se limitó a reuniones interministeriales y declaraciones aisladas, mientras los fiscales provinciales debían procesar una avalancha de denuncias sin recursos adicionales.
La imputación y detención de una madre que mandó a su hijo al colegio con un arma de réplica por miedo a que le pasara algo es, también, el síntoma de un sistema educativo y de contención social que no está dando respuestas. El pánico que la llevó a tomar esa decisión equivocada fue, en parte, el mismo pánico que el Estado no supo desactivar.
Puntos clave:
- La madre de un adolescente de 17 años fue detenida preventivamente y trasladada a la Penitenciaría Provincial de Mendoza por orden del fiscal Juan Manuel Sánchez
- La imputación se encuadra en el artículo 211 del Código Penal (intimidación pública) agravado por participación de menor (artículo 41 quater), con una escala penal de tres a ocho años
- La mujer había recomendado a su hijo llevar una réplica de arma al colegio «para amedrentar a los compañeros» en el contexto de la ola de amenazas de tiroteos
- El Ministerio Público Fiscal de Mendoza registró más de 50 denuncias por amenazas escolares entre el miércoles y el viernes de la semana pasada
- El fenómeno se extendió a Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Buenos Aires, con imputados y detenidos en múltiples jurisdicciones
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