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Empresas pidieron aumentos y ENRE advirtió que deben ser «asequibles para los usuarios»

Las distribuidoras no precisaron un porcentaje de incremento determinado, sino que plantearon que el ajuste debe ser «el necesario para hacer frente a los costos de operación”.

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Las distribuidoras Edenor y Edesur pidieron hoy un incremento tarifario que permita hacer frente a los costos operativos en el curso de 2023, en tanto en interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, les advirtió que solo tendrán tarifas que sean «asequibles para los usuarios».

El cruce de posturas tuvo lugar durante el desarrollo de la audiencia pública virtual convocada por el organismo regulador para analizar la «adecuación transitoria de tarifas de distribución de energía eléctrica», donde los representantes de las empresas no precisaron un porcentaje de incremento determinado, sino que plantearon que el ajuste debe ser «el necesario para hacer frente a los costos de operación».

En ese sentido, Federico Méndez, de Edenor, señaló que si se aplican los ajustes tarifarios solicitados «el 80% de los usuarios residenciales» del área de cobertura de la compañía pasará a pagar una factura promedio de $ 2.757 mensuales, nivel necesario para hacer frente a un déficit operativo que, de no mediar incrementos, llegaría en todo el año a $ 205.760 millones.

Jorge Lemos, de Edesur, no dio ejemplos sobre valores promedio de facturas, pero advirtió que el déficit operativo de la firma sería de $118.600 millones si no hubiese ajuste tarifario.

Ambos representantes destacaron que las tarifas resultantes de los aumentos requeridos seguirían estando «muy por debajo» de los servicios de televisión por cable, internet o telefonía celular.

En la apertura de la audiencia, Martello, advirtió a las concesionarias que «no van a obtener la tarifa que piden» sino «la tarifa que los usuarios puedan pagar» y puntualizó que «el Estado no puede ni debe renunciar a su poder tarifario», además de señalar que «la focalización de subsidios es una tarea que le lleva ingentes esfuerzos al Estado en tiempo y recursos».

«A las empresas distribuidoras les decimos lo mismo que en la audiencia anterior le dijimos a las transportadoras: no van a obtener la tarifa que piden, van a obtener la tarifa que los usuarios puedan pagar», subrayó.

Por otra parte, Martello indicó que en el ENRE se evalúa «la necesidad de convocar a una nueva audiencia en el cuarto trimestre de este año» y remarcó que el interés del organismo y del Gobierno en general es que «las tarifas sean asequibles a los usuarios».

«Lo bizarro es pretender tarifas del primer mundo ofreciendo servicios del tercer mundo», manifestó, en referencia a las declaraciones del CEO de Enel, Francesco Starace, quien en una disertación en la Escuela de Negocios de Harvard había asegurado que la Argentina «tiene la regulación más bizarra del mundo».

En respuesta a Starace, Martello sostuvo que «quienes critican nuestra gestión regulatoria deben reflexionar y no hacer abuso de su posición dominante del mercado».

«Resulta bizarro no poder gestionar un negocio en un mercado no competitivo y con usuarios cautivos», señaló Martello para agregar que «si las pésimas calidades de servicio se producirían en un mercado competitivo, el operador del servicio deficiente se quedaría sin ningún cliente».

Méndez indicó que en la actualidad la tarifa de Edenor se compone de un 56% de Generación, 20% de Distribución, 1% de Transporte y 23% de Impuestos, pero que hace cinco años la distribución contaba con una participación del 33% y la generación del 42%.

Esa diferencia, aseguró, obedeció a que «todo el incremento de la factura derivada de la segmentación tuvo como destino a la etapa de generación y a las petroleras», de manera tal que en la actualidad «de cada mil pesos que se pagan de una factura, a Edenor solo le quedan 200 y es el único ingreso que recibe para sueldos material e inversiones».

Por su parte, Lemos hizo referencia a un documento de la Secretaría de Energía en el que se reconoce que la resolución de la cuestión tarifaria es «imperante» y señaló que, del total de la tarifa final del servicio, a la compañía le corresponde el 17%, en tanto el 58% se va en la atención del costo de energía y el 25% en impuestos.

Martello reivindicó el régimen sancionatorio vigente en el país y señaló que no posee un carácter represivo sino una naturaleza contractual y un propósito reparador y retributivo.

«El objeto de las sanciones contenidas en los contratos de concesión y en la Ley Nº 24.065 no pretende ser un castigo, sino incentivar a la concesionaria para que cumpla los niveles de inversión que aseguren la calidad y eficiencia de la prestación del servicio brindado», explicó.

Asimismo, indicó que «cuando se produce un corte de luz no solo se ve afectada la calidad técnica del servicio, sino también la seguridad, la salud y la economía de la población, en síntesis, la calidad de vida», además de que los usuarios se sienten «emocionalmente estafados».

En ese sentido, remarcó que como condición de la adecuación tarifaria «vamos a exigir a las distribuidoras un plan de inversiones que garantice un servicio de calidad».

Por otra parte, los representantes de las Defensorías del Pueblo, tanto a nivel nacional, como la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, pusieron foco en la situación particular de Edesur, cuyo accionista ya difundió que tiene en venta las acciones de la compañía distribuidora de electricidad.

Entre los representantes de los consumidores, la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), María José Lubertino, e integrante de la Comisión de Usuarios del ENRE, remarcó la oposición al «nuevo aumento de tarifas» y dijo que «en caso de suceder, no debe representar en las facturas un aumento mayor a la inflación, ni mayor a la actualización de los salarios».

«Estamos ante una caída sostenida del salario real que genera más pobreza», señaló la dirigente para agregar que «el 13,3% de la población no ha podido pagar el alquiler o la hipoteca y el 26,4% se atrasó en el pago de los Servicios Públicos y el 27,4% no pudo pagar las tasas municipales».

En este contexto, concluyó «la prioridad es garantizar el acceso universal a servicios energéticos con tarifas justas y razonables».

Deuda externa

El FMI exige blindar el tarifazo mientras admite que la economía no arranca

En su Asamblea Anual en Bangkok, el Fondo pidió a Argentina, Bolivia y Ecuador «preservar» la eliminación de subsidios a la energía. En el mismo informe recortó al 2,1% el crecimiento argentino para 2026 por la caída de la demanda interna.

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Tarifas un 525% más caras y el FMI pide sostener la quita de subsidios.

Mientras las boletas de gas, luz y transporte siguen devorando los ingresos de los hogares, el Fondo Monetario Internacional pidió que nadie dé un paso atrás. «Debe preservarse el difícilmente logrado avance alcanzado en varios países, incluidos Argentina, Bolivia y Ecuador, en cuanto a la reducción o eliminación de los subsidios a la energía», sostuvo el organismo. Lo que en Washington se celebra como un logro, en la Argentina se vive como un tarifazo que no termina.

La definición figura en el informe Perspectivas Económicas para el Hemisferio Occidental, presentado por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, en el marco de la Asamblea Anual que el organismo realiza en Bangkok, Tailandia. Del encuentro participó también el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva.

La receta: menos ayuda y más «señales de precios»

El documento reconoce que durante 2026 muchos gobiernos de la región aplicaron subsidios a los combustibles, reducciones de impuestos, garantías crediticias y otras intervenciones para amortiguar el encarecimiento de la energía. Pero las cuestiona: «Si bien estas medidas brindaron un alivio inmediato, las intervenciones no focalizadas generaron distorsiones y anularon señales de precios que, de otro modo, habrían reducido la demanda de energía».

Traducida a la vida cotidiana, la fórmula supone que los hogares consuman menos energía porque no pueden pagarla. El organismo planteó que «es necesario replantear estas intervenciones para mejorar su eficacia» y recomendó reemplazar las ayudas generalizadas por transferencias directas a los sectores de menores ingresos. A comienzos de octubre, el Fondo ya había difundido otro informe en el que afirmó que subsidiar la producción para sostener tarifas bajas resulta entre 14 y 22 veces más costoso que transferir recursos directamente a los sectores vulnerables.

El dato más llamativo es el contexto. El propio informe admite que «el alza en los precios internacionales de la energía y los alimentos ha interrumpido la desinflación que se observaba en gran parte del hemisferio en 2025 y parte de 2026». El FMI pide sostener la quita de subsidios justo cuando el petróleo vuelve a presionar sobre los precios. Aun así, elogió las «medidas audaces» de Argentina, Bolivia y Ecuador para que los valores internacionales se trasladen a los precios internos.

El «avance» que pagaron los hogares

Ese avance tiene un costo concreto. Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos y transporte acumuló una suba superior al 525%, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el CONICET. En el desglose, el transporte trepó un 912%, el gas un 748%, el agua un 365% y la electricidad un 339%.

Desde comienzos de 2026 rige el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025, que reemplazó la segmentación anterior y restringió la asistencia a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales. A eso se sumó en mayo la reforma del régimen de Zona Fría, con la que, según precisó la Secretaría de Energía, 1.600.000 usuarios perdieron el beneficio.

El Foro Economía y Trabajo, espacio de economistas vinculados al movimiento sindical, registró una caída real del 58% en los subsidios a la energía desde 2023, en el marco del cumplimiento de las metas pactadas con el FMI. Lo que el Fondo llama distorsión es, para millones de familias, la diferencia entre pagar la boleta o resignar otros consumos básicos.

El ajuste no trajo el crecimiento prometido

El mismo informe expuso la contracara del modelo. El FMI recortó su proyección de crecimiento para la Argentina al 2,1% en 2026, frente al 3,5% que estimaba en abril, y ubicó la previsión para 2027 en 3,5%. «En Argentina los datos registrados en lo que va del año han sido más débiles de lo que esperábamos al momento de publicar nuestro informe en abril», reconoció Chalk.

El funcionario explicó la corrección: «Había algunos factores idiosincráticos, como la menor demanda interna y condiciones de financiamiento más estrictas, que hicieron que cambiara nuestra perspectiva». Y agregó: «Ese proceso de ajuste nunca es fácil». La menor demanda interna que el Fondo menciona al pasar tiene nombre y apellido: salarios que pierden la carrera contra las tarifas.

Luis Cubeddu, responsable de la División de Supervisión Multilateral del organismo, pidió que la recuperación se traduzca en empleo y respaldó los cambios laborales impulsados por el Gobierno: «Es importante también mejorar la flexibilidad de los mercados laborales. Hubo una reforma importante del sector laboral este año y creo que eso va a facilitar la creación de empleo». El Fondo vuelve a presentar la flexibilización laboral como llave del empleo, mientras sus propias proyecciones de actividad van a la baja.

Risas en Bangkok y una revisión pendiente

En el panel compartido con Georgieva y el ministro de Finanzas de Grecia, Kyriakos Pierrakakis, Caputo admitió que los shocks externos como la suba del petróleo «fueron más largos de lo que anticipamos». La titular del Fondo recordó que Grecia canceló su programa antes de tiempo y, mirando al ministro argentino, anticipó que la Argentina seguiría ese camino. «Te vas a sorprender, ya está sucediendo», respondió Caputo entre risas. Georgieva insistió en que el orden fiscal «es la condición necesaria para lograr crecimiento».

Detrás del clima distendido, los equipos técnicos trabajan para cerrar la tercera revisión del programa de Servicio Ampliado por USD 20.000 millones firmado en abril de 2025, cuya aprobación habilitaría un desembolso de aproximadamente USD 869 millones. Al cierre de 2025, la deuda argentina con el FMI sumaba USD 57.100 millones. El respaldo del Fondo a la quita de subsidios no es un consejo técnico neutral: forma parte de las condiciones de un acuerdo que pagan los usuarios en cada factura.

Lo que tenés que saber:

  • En su Asamblea Anual en Bangkok, el FMI pidió preservar la reducción o eliminación de los subsidios a la energía en Argentina, Bolivia y Ecuador.
  • El organismo sostuvo que las ayudas no focalizadas «generaron distorsiones» y recomendó reemplazarlas por transferencias directas a los sectores de menores ingresos.
  • El mismo informe admite que la suba de la energía y los alimentos interrumpió la desinflación en la región.
  • El FMI recortó el crecimiento argentino para 2026 al 2,1%, frente al 3,5% proyectado en abril, por menor demanda interna y financiamiento más restrictivo.
  • Desde diciembre de 2023, los servicios públicos y el transporte acumulan una suba superior al 525%, según el IIEP de la UBA y el CONICET.
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