Seguridad 🚨
Enmarcaron intentos de robos a supermercados como hechos delictivos
En este sentido, Rossi sostuvo que no se advierte en esos hechos «una reacción social» sino que se trata de episodios que «merecen todo el peso de la ley», y precisó que hay «detenidos, con antecedentes».
El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, coincidieron este martes en encuadrar como «hechos delictivos» los intentos de robos a supermercados que se produjeron en los últimos días en Mendoza, en Córdoba y en el barrio 1.11.14 de la ciudad de Buenos Aires, e indicaron que desde el Gobierno nacional se está «siguiendo el tema de cerca».
En este sentido, Rossi sostuvo que no se advierte en esos hechos «una reacción social» sino que se trata de episodios que «merecen todo el peso de la ley», y precisó que hay «detenidos, con antecedentes».
En la misma línea, el ministro de seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que «no han sido saqueos» sino «actos delictivos» para «generar conflicto».
«Son actos delictivos para traer más confusión y generar conflicto; no hay otra cosa; no han sido saqueos, buscan provocar una acción para llamar la atención», aseguró Fernández en declaraciones formuladas a la prensa esta mañana, en las que afirmó que desde el Gobierno están «siguiendo el tema de cerca».
El funcionario sostuvo que se encuentran «atentos» desde la semana pasada cuando identificaron intentos de organizar este tipo de hechos a través de Whatsapp.
«Desde el primer momento lo venimos siguiendo en cada uno de esos lugares. En los chats incentivaban a encontrarse sin definir lugar ni formas. Hemos tenido un hecho en la 1-11-14 con la intención de robar un local que fue impedido por vecinos y donde la Gendarmería reaccionó con rapidez y detuvo a estas personas», afirmó en referencia a un hecho sucedido anoche en el barrio porteño de Flores.
Además, Aníbal Fernández señaló que en los hechos registrados «no hay mucho nivel de organización».
«Yo creo que hay una segunda intención pero no sé si es por vocación política. El olfato me dice que no hay nada que tenga otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo y no una complicación de otra característica», analizó Aníbal Fernández en diálogo con la prensa.
Al ser consultado sobre si se evalúa el envío de fuerzas federales por estos hechos, el ministro de Seguridad respondió que, «si es necesario, sí», y afirmó que no le asigna «valor a quién gobierne en las provincias en las que ocurrieron los hechos».
Por su parte, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, sostuvo que no se advierte en esos hechos «una reacción social» sino que son «hechos que merecen todo el peso de la ley».
En ese marco, indicó que hay «detenidos, con antecedentes».
«Estuvimos al tanto el mismo viernes: pasó primero en Mendoza y luego en Río Cuarto y anoche en la 1.11.14 (en la ciudad de Buenos Aires). En todos los casos se está trabajando desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y provinciales. Hay detenidos por la autoridad policial y judicial, y muchos de los organizadores son ciudadanos que tenían antecedentes. No vemos en eso una reacción social sino hechos que merecen todo el peso de la ley», dijo Rossi en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red.
Anoche, un hombre fue detenido acusado de intentar ingresar junto a otras cuatro personas a un almacén ubicado en el porteño Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, más conocido como 1-11-14 de Bajo Flores, bajo la modalidad de «robo piraña», informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió ayer por la noche cuando unos cinco hombres armados con palos intentaron ingresar a un almacén ubicado en el Sector 3 de ese barrio de la ciudad de Buenos Aires.
En tanto, en Mendoza, el Poder Judicial imputó por robo agravado a siete personas que habían sido aprehendidas el fin de semana tras intentos de saqueo en supermercados y posteriores robos en comercios de los departamentos de Las Heras y Guaymallén.
Según se informó, en la primera Circunscripción Judicial, perteneciente al Gran Mendoza, hubo en total 28 aprehendidos, entre ellos 17 menores de edad, que fueron derivados a la Comisaría del Menor.
Por otro lado, en la ciudad de Córdoba, veinte personas fueron detenidas hoy (16 mayores y cuatro menores) en distintos procedimientos realizados por robos ocurridos en 12 establecimientos comerciales anoche y esta madrugada, según consignó la Policía provincial en un comunicado.
En este sentido, el secretario de Seguridad provincial, Claudio Stampalija, detalló en declaraciones formuladas a Canal 12 que los aprehendidos fueron acusados por «varios robos e intentos de robos» en mercados, minimercados y otros locales comerciales.
Asimismo, afirmó que la investigación preliminar evidencia que, para cometer los ilícitos, «la convocatoria delictiva fue por grupos de Whatsapp y de voz a voz».
En ese sentido, consideró que por la modalidad hubo un «efecto contagio muy fuerte» con lo sucedido el domingo último en la ciudad de Río Cuarto, donde hay 24 detenidos por intentos de robos a supermercados.
«Hay algún patrón organizativo promovido, no precisamente por cuestiones políticos, sino un poco por la situación. Hay un apoderamiento indiscriminado de bienes y la génesis de sacar todo lo que encuentran en un lugar», analizó Stampalija.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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