Seguridad social
Los bancos ya no tendrán que exigir fe de vida a jubilados
Desde este martes los 7,3 millones de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los beneficiarios de pensiones no contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pasarán a estar en igualdad de condiciones
Cerca de cuatro millones de jubilados y pensionados que tenían que realizar periódicamente el trámite de supervivencia o fe de vida dejarán de hacerlo a partir del martes 25 de julio, cuando comience a estar vigente la Ley 27.721 que elimina ese requisito para el cobro de sus haberes y otros beneficios previsionales.
De esta manera, los 7,3 millones de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los beneficiarios de pensiones no contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pasarán a estar en igualdad de condiciones, ya que unos 3,2 millones estaban eximidos del trámite por sucesivas decisiones de los bancos donde cobran sus haberes.
Al respecto, la primera entidad que dejó sin efecto el requisito de fe de vida fue el Banco de la Provincia de Buenos Aires desde septiembre de 2019, por tener sus bases de datos en línea con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), según indicaron a Télam.
La fe de vida había sido suspendida transitoriamente en el primer tramo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), al irrumpir en marzo de 2020 la pandemia de coronavirus en Argentina. Pero volvió a ser pedida a partir del 17 de febrero de 2022, aunque con algunas excepciones que tomaron las entidades por razones de edad o disponibilidad de información.
Tal fue el caso de algunos bancos que solamente exigían la fe de vida para los jubilados y pensionados mayores de 74 años o, como en el caso del Supervielle, en enero de este año dejaron el trámite sin efecto para quienes cobrasen beneficios de la Anses en Córdoba, debido a la integración de la información con el Registro Civil Digital de esa provincia, con las defunciones actualizadas en todo su territorio.
La Ley 27.721 fue publicada el 17 de julio en el Boletín Oficial y, tal como establece el Código Civil, si las leyes no especifican en su articulado una fecha de entrada en vigencia, «rigen después del octavo día de su publicación oficial», es decir el martes 25 de julio.
La norma faculta en su artículo tercero a la Anses a «dictar las normas aclaratorias y complementarias pertinentes», que son esperadas por los bancos para la correcta implementación de lo dispuesto en la ley.
De todos modos, de las consultas realizadas por Télam a más de una docena de entidades, se desprende que el cumplimiento de la nueva legislación no representará dificultades, en parte porque cerca del 45% de los jubilados y pensionados ya no deben realizar el trámite y también porque los bancos que atienden al 55% restante ya estaban encaminados a facilitar el cobro de haberes.
Desde la Anses indicaron que los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de La Pampa, de San Juan, de Entre Ríos, de Santa Cruz y de Santa Fe ya no pedían el trámite de supervivencia, un lote al que en los últimos meses se sumaron el Piano, Supervielle y Santander.
Este último banco automatizó el servicio el 15 de marzo y dejó de pedir desde entonces el trámite, además de otorgarle a los jubilados una serie de beneficios adicionales como «cuentas y paquetes totalmente bonificados, ahorros en farmacias, supermercados, seguro de auto, tasas preferenciales de préstamos personales y una línea telefónica con prioridad de atención», indicaron a Télam, además de $ 5.000 de bienvenida a los jubilados que abran su nueva cuenta.
En el caso del Banco Nación, la exigencia del trámite «se levantó el 8 de abril de 2022, para todos, sin segmentar por edades, ni sucursales», precisaron en la entidad oficial.
En el Macro remarcaron que se ajustarán «a lo que dice la ley y la reglamentación de la Anses» y que hasta entonces (en los hechos, sólo el lunes) «seguiremos como estábamos haciendo, validando la identidad con alguna compra con tarjeta de débito».
En el Banco Provincia aseguraron que desde hace cuatro años se «implementó exitosamente la actualización automática de la supervivencia, mediante los organismos que garantizan el registro e identificación de las personas», y en consecuencia, «ya no es necesario presentarse en una sucursal ni realizar una compra con Tarjeta de Débito para poder cobrar haberes».
«Tanto los beneficiarios como los apoderados pueden cobrar a través de la red de más de 1.700 cajeros automáticos que el Banco tiene en el territorio de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», agregaron.
Supervielle aclaró que ya venía trabajando en un plan progresivo para simplificar el proceso de cobro a cada vez más beneficiarios, teniendo en cuenta la «cantidad importante de clientes que el banco tiene en el segmento previsional».
Asimismo, indicaron a Télam que se cuenta con «servicios especializados como la app Supervielle Jubilados, para simplificarles la operatoria lo más posible y que tengan que hacer menos trámites, así que en ese sentido ya se vienen preparando para cuando la ley entre en vigencia».
Desde el Banco Comafi indicaron que están «trabajando para que el sistema deje de bloquear las cuentas con fe de vida vencida y no se lo solicite más», en tanto en el Columbia señalaron que ya están «dando cumplimiento a la ley» y se dejó de pedir la supervivencia a sus clientes.
Por su parte, el Itaú aclaró que, como parte de «la centralidad en el cliente», desde noviembre del año pasado que no solicita a los jubilados la realización del trámite para el cobro de sus haberes.
Otros bancos, como el Ciudad, el Galicia y el Credicoop, señalaron que están preparando sus sistemas para no exigir acciones de ninguna índole para el cobro a jubilados y pensionados, aunque en todos los casos puntualizaron que están a la espera de la reglamentación.
Seguridad social
Congelado hace dos años: el bono de $70.000 para jubilados y pensionados sigue sin actualización
El Gobierno oficializó mediante el Decreto 292/2026 el pago del bono extraordinario de $70.000 para mayo, el mismo monto que se abona desde marzo de 2024 sin ningún ajuste por inflación. Mientras el Ejecutivo justifica la medida en los «efectos adversos» de la fórmula previsional vigente, los jubilados ven cómo ese complemento se deprecia mes a mes en términos reales.
El bono previsional de $70.000 cumple dos años sin actualización
★ El Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto 292/2026, que oficializa el otorgamiento del bono extraordinario previsional de $70.000 para el mes de mayo a jubilados que perciben el haber mínimo y pensionados a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida se repite, con el mismo importe, por vigésimo sexto mes consecutivo.
El decreto establece que las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán en un total superior a $463.000, contemplando la actualización del haber base en línea con la inflación de marzo, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) midió en el 3,4%.
El argumento oficial y la trampa del diagnóstico
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo vuelve a recurrir al mismo argumento de siempre: la culpa la tiene la Ley N° 27.609, sancionada en 2021, cuya fórmula de movilidad, según el texto oficial, «presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario» y «presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes».
La contradicción del argumento es evidente: el propio gobierno reconoce que la fórmula no resguarda el poder adquisitivo de los jubilados, pero en lugar de modificarla o reemplazarla, elige mantenerla y compensar sus efectos con un bono que, a su vez, tampoco se actualiza. Más aún: en 2024, el Congreso aprobó por amplia mayoría una ley que establecía una movilidad más favorable para los adultos mayores, y el presidente Javier Milei la vetó.
El bono que se derrite
El complemento de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Antes de esa fecha, los primeros dos meses del gobierno de Milei se pagaron bonos de $55.000. Desde entonces, el monto no registró ninguna actualización, mientras la inflación acumulada entre marzo de 2024 y abril de 2026 erosionó significativamente su valor real.
Como informó este medio en una cobertura reciente sobre el poder adquisitivo jubilatorio, la consultora Analytica estimó que, para recuperar el poder de compra inicial, el bono debería más que duplicarse y alcanzar los $144.000. En el mismo relevamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que los jubilados de la mínima acumulan una caída real del 13,1% si se compara el primer trimestre de 2026 con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, medida con la canasta del Índice de Precios al Consumidor actualizada.
A quiénes alcanza el decreto
El Decreto 292/2026 precisa que el bono extraordinario corresponde a:
- Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
- Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y demás pensiones graciables cuyo pago realiza ANSES.
El texto oficial además aclara que el bono «no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto», y que en los casos de pensiones con copartícipes, el conjunto de beneficiarios será considerado «como un único titular».
Un parche que no alcanza
El escenario previsional que describe el decreto es, en sí mismo, una confesión de fracaso. El Ejecutivo lleva más de dos años justificando la necesidad del bono como compensación por los efectos de una ley que decidió no reformar. En ese tiempo, el complemento perdió una porción significativa de su valor real, y el haber total de quienes cobran la mínima se ubica, según el CEPA, un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, último mes completo de la gestión anterior.
Más del 60% de los jubilados del sistema contributivo cobra el haber mínimo. Para ellos, la suma de ese haber más el bono congelado resulta insuficiente frente a cualquier medición de canasta básica. Según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, una pareja de adultos mayores con vivienda propia necesitó $1.548.360 en febrero de 2026, equivalente a más de tres jubilaciones mínimas con bono incluido.
Puntos clave:
- El Decreto 292/2026 oficializa el bono previsional de $70.000 para mayo, sin actualización por vigésimo sexto mes consecutivo desde marzo de 2024.
- La jubilación mínima total en mayo superará los $463.000, tras una actualización del haber base del 3,4% por la inflación de marzo.
- El Ejecutivo atribuye el bono a los efectos adversos de la Ley N° 27.609, pero vetó en 2024 una ley del Congreso que establecía una movilidad más favorable.
- La consultora Analytica estimó que el bono debería subir a $144.000 para recuperar el poder adquisitivo original.
- Más del 60% de los jubilados cobra el haber mínimo, que se ubica un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, según el CEPA.
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