Seguridad social
Los bancos ya no tendrán que exigir fe de vida a jubilados
Desde este martes los 7,3 millones de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los beneficiarios de pensiones no contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pasarán a estar en igualdad de condiciones
Cerca de cuatro millones de jubilados y pensionados que tenían que realizar periódicamente el trámite de supervivencia o fe de vida dejarán de hacerlo a partir del martes 25 de julio, cuando comience a estar vigente la Ley 27.721 que elimina ese requisito para el cobro de sus haberes y otros beneficios previsionales.
De esta manera, los 7,3 millones de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los beneficiarios de pensiones no contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pasarán a estar en igualdad de condiciones, ya que unos 3,2 millones estaban eximidos del trámite por sucesivas decisiones de los bancos donde cobran sus haberes.
Al respecto, la primera entidad que dejó sin efecto el requisito de fe de vida fue el Banco de la Provincia de Buenos Aires desde septiembre de 2019, por tener sus bases de datos en línea con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), según indicaron a Télam.
La fe de vida había sido suspendida transitoriamente en el primer tramo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), al irrumpir en marzo de 2020 la pandemia de coronavirus en Argentina. Pero volvió a ser pedida a partir del 17 de febrero de 2022, aunque con algunas excepciones que tomaron las entidades por razones de edad o disponibilidad de información.
Tal fue el caso de algunos bancos que solamente exigían la fe de vida para los jubilados y pensionados mayores de 74 años o, como en el caso del Supervielle, en enero de este año dejaron el trámite sin efecto para quienes cobrasen beneficios de la Anses en Córdoba, debido a la integración de la información con el Registro Civil Digital de esa provincia, con las defunciones actualizadas en todo su territorio.
La Ley 27.721 fue publicada el 17 de julio en el Boletín Oficial y, tal como establece el Código Civil, si las leyes no especifican en su articulado una fecha de entrada en vigencia, «rigen después del octavo día de su publicación oficial», es decir el martes 25 de julio.
La norma faculta en su artículo tercero a la Anses a «dictar las normas aclaratorias y complementarias pertinentes», que son esperadas por los bancos para la correcta implementación de lo dispuesto en la ley.
De todos modos, de las consultas realizadas por Télam a más de una docena de entidades, se desprende que el cumplimiento de la nueva legislación no representará dificultades, en parte porque cerca del 45% de los jubilados y pensionados ya no deben realizar el trámite y también porque los bancos que atienden al 55% restante ya estaban encaminados a facilitar el cobro de haberes.
Desde la Anses indicaron que los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de La Pampa, de San Juan, de Entre Ríos, de Santa Cruz y de Santa Fe ya no pedían el trámite de supervivencia, un lote al que en los últimos meses se sumaron el Piano, Supervielle y Santander.
Este último banco automatizó el servicio el 15 de marzo y dejó de pedir desde entonces el trámite, además de otorgarle a los jubilados una serie de beneficios adicionales como «cuentas y paquetes totalmente bonificados, ahorros en farmacias, supermercados, seguro de auto, tasas preferenciales de préstamos personales y una línea telefónica con prioridad de atención», indicaron a Télam, además de $ 5.000 de bienvenida a los jubilados que abran su nueva cuenta.
En el caso del Banco Nación, la exigencia del trámite «se levantó el 8 de abril de 2022, para todos, sin segmentar por edades, ni sucursales», precisaron en la entidad oficial.
En el Macro remarcaron que se ajustarán «a lo que dice la ley y la reglamentación de la Anses» y que hasta entonces (en los hechos, sólo el lunes) «seguiremos como estábamos haciendo, validando la identidad con alguna compra con tarjeta de débito».
En el Banco Provincia aseguraron que desde hace cuatro años se «implementó exitosamente la actualización automática de la supervivencia, mediante los organismos que garantizan el registro e identificación de las personas», y en consecuencia, «ya no es necesario presentarse en una sucursal ni realizar una compra con Tarjeta de Débito para poder cobrar haberes».
«Tanto los beneficiarios como los apoderados pueden cobrar a través de la red de más de 1.700 cajeros automáticos que el Banco tiene en el territorio de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», agregaron.
Supervielle aclaró que ya venía trabajando en un plan progresivo para simplificar el proceso de cobro a cada vez más beneficiarios, teniendo en cuenta la «cantidad importante de clientes que el banco tiene en el segmento previsional».
Asimismo, indicaron a Télam que se cuenta con «servicios especializados como la app Supervielle Jubilados, para simplificarles la operatoria lo más posible y que tengan que hacer menos trámites, así que en ese sentido ya se vienen preparando para cuando la ley entre en vigencia».
Desde el Banco Comafi indicaron que están «trabajando para que el sistema deje de bloquear las cuentas con fe de vida vencida y no se lo solicite más», en tanto en el Columbia señalaron que ya están «dando cumplimiento a la ley» y se dejó de pedir la supervivencia a sus clientes.
Por su parte, el Itaú aclaró que, como parte de «la centralidad en el cliente», desde noviembre del año pasado que no solicita a los jubilados la realización del trámite para el cobro de sus haberes.
Otros bancos, como el Ciudad, el Galicia y el Credicoop, señalaron que están preparando sus sistemas para no exigir acciones de ninguna índole para el cobro a jubilados y pensionados, aunque en todos los casos puntualizaron que están a la espera de la reglamentación.
Fake News
Pensiones “truchas” y videos falsos: la ofensiva de LLA contra la discapacidad
Santiago Caputo afirmó sin pruebas que el 60% de las pensiones por invalidez son falsas, la diputada Gabriela Flores acusó de mentir a quienes marchan el 15 de octubre y un sitio libertario reflotó un video ya desmentido. Todo mientras se discute la prórroga de la Emergencia y el Presupuesto 2027.
“Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas”. La frase, sin un solo dato que la respalde, la escribió el asesor presidencial Santiago Caputo en su cuenta de X, y el presidente Javier Milei la reposteó, como es su costumbre. Fue la primera piedra de una nueva oleada de estigmatización contra las personas con discapacidad, lanzada justo cuando el Congreso discute cuántos recursos tendrá el sector en el Presupuesto 2027 y si se prorroga la Ley de Emergencia.
Caputo repitió además un argumento que el oficialismo ya había ensayado en tiempos de Manuel Adorni como vocero: «Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra». Después llegaron la diputada libertaria salteña Gabriela Flores, con acusaciones directas contra las familias que convocan a movilizarse, y el portal militante La Derecha Diario, que volvió a difundir un video que había sido desmentido el año pasado.
Cuatro titulares y una sola consigna
La ofensiva discursiva coincide con un nuevo cambio de mando en el área. El Gobierno designó a Diego Masaragian, hasta ahora administrador nacional de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), como cuarto responsable de discapacidad desde el inicio de la gestión libertaria. Reemplaza a Pablo Di Liscia, quien había asumido tras la salida de Alejandro Vilches, a su vez sucesor de Diego Spagnuolo, desplazado en medio del escándalo de corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Al anunciar el nombramiento, el Ministerio de Salud fijó como prioridad profundizar los controles y las auditorías. En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, que prevé un reempadronamiento total de los titulares en un plazo de 90 días. La rotación de funcionarios cambia los nombres, pero la orientación sigue intacta: sospechar primero de los beneficiarios y ajustar después.
El Foro Permanente Discapacidad, que nuclea a organizaciones del sector, salió al cruce de los dichos de Caputo: «Exigimos que presente la documentación y las pruebas que las respalden». Y advirtió: «Las declaraciones que estigmatizan a las personas con discapacidad generan dudas y desvían el foco de lo urgente: garantizar los derechos, los apoyos y las prestaciones que necesitan quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad».
«Hemos recibido solo palos de este gobierno»
Flores apuntó contra quienes convocan a la marcha de este 15 de octubre. «Mentir es de cobardes. Y esto va para todo ese colectivo de actrices y defensores de personas con discapacidad que están llamando a una marcha el 15 de octubre. Te están mintiendo», afirmó la legisladora de La Libertad Avanza, que sostiene que el dictamen impulsado por su bloque supera a la Ley de Emergencia vigente.
La respuesta llegó de la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo y una de las referentas más visibles de la lucha del sector. Le reclamó que, antes de acusar, explique por qué votó a favor de derogar la Ley de Emergencia, y cuestionó que el dictamen libertario sea superador. Según Bassi, ese texto «se hizo a espaldas de las personas con discapacidad y muchas instituciones, transportistas, familiares y personas con discapacidad están llamando a los aliados para reunirse, indicándoles que hay puntos que sí o sí tienen que incorporarse a ese nuevo dictamen para que podamos salir de la emergencia».
«No está bueno, diputada, que ataquen a las personas y sus familiares justo cuando en teoría se está haciendo una ley para garantizar sus derechos (…) Estamos colapsados. Necesitamos que se nos escuche. Hemos recibido solo palos de este gobierno», le dijo Bassi a Flores.
El trasfondo es la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en 2025 pese a la resistencia del Ejecutivo, que la vetó y debió aceptar que ambas cámaras insistieran con la norma. La emergencia rige hasta el 31 de diciembre de 2026 y puede prorrogarse un año más, una decisión que hoy está en disputa en el Parlamento.
El video desmentido que volvió a circular
La Derecha Diario se sumó a la ofensiva con un video de un hombre que sale con muletas de hacer un trámite y luego camina con normalidad, al que acusó de simular una discapacidad para cobrar una pensión. La versión ya había sido desmentida: la organización de verificación Chequeado retomó la constatación de Ruido, integrante de la Red Federal de Periodismo e Innovación, según la cual las imágenes fueron filmadas en la sucursal del Banco Nación de Río Tercero, en Córdoba.
El hombre es José, un jubilado de 67 años con enfermedad de Parkinson, según aseguró su hija, Verónica Navarro, quien además presentó el Certificado Único de Discapacidad (CUD) de su padre. El Parkinson explica que por momentos camine con dificultad y por momentos no; la difamación, en cambio, no tiene explicación médica. La reaparición del video ocurre mientras los pacientes con esa enfermedad expresan preocupación por la continuidad del acceso a su medicación.
Un método repetido
La estrategia no es nueva. Cuando todavía era vocero presidencial, Adorni mostró una radiografía de un perro para acusar a una persona de haber cobrado una pensión con documentación falsa, aunque ese beneficio nunca se otorgó a nadie con esa radiografía. Adorni llegó luego a la Jefatura de Gabinete, cargo al que renunció en junio de este año en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
El patrón se repite: frente a cada discusión presupuestaria, el oficialismo instala la sospecha generalizada sobre un colectivo vulnerable para justificar recortes que, de otro modo, serían políticamente indefendibles. Mientras tanto, la única corrupción comprobada en el área sigue siendo la que estalló dentro del propio Gobierno.
Lo que tenés que saber:
- Santiago Caputo afirmó en X que «aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas», sin presentar pruebas; Milei reposteó el mensaje.
- El Foro Permanente Discapacidad le exigió que presente la documentación que respalde esa cifra.
- La diputada Gabriela Flores acusó de mentir a quienes convocan a la marcha del 15 de octubre; Valentina Bassi le respondió que el sector recibió «solo palos de este gobierno».
- La Derecha Diario reflotó un video desmentido: el hombre señalado es un jubilado de 67 años con Parkinson y tiene CUD.
- Diego Masaragian es el cuarto responsable del área de discapacidad en la gestión de Milei.
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