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Récord de morosidad: las familias argentinas ya no pueden pagar tarjeta ni créditos

El Banco Central confirmó que casi el 8% de los créditos familiares están en situación irregular, impulsados principalmente por préstamos personales y tarjetas de crédito. El deterioro se profundizó durante el último año del gobierno de Milei.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ La capacidad de pago de los hogares argentinos llegó a un punto crítico. El Banco Central (BCRA) reveló que la morosidad familiar alcanzó el 7,8% en octubre, marcando el duodécimo mes consecutivo de suba y estableciendo un nuevo récord desde que el organismo comenzó a medir este indicador en 2010.

Los datos oficiales, publicados en el Informe sobre Bancos del BCRA, exponen el deterioro acelerado de la situación crediticia: en apenas doce meses, el ratio de irregularidad en los créditos a familias trepó 5,5 puntos porcentuales, reflejando las dificultades que atraviesan los sectores populares y las clases medias para sostener sus obligaciones financieras.

Préstamos personales y tarjetas, los segmentos más castigados

El informe de la autoridad monetaria discriminó el problema por tipo de crédito. Los préstamos personales mostraron la situación más grave: casi uno de cada diez (9,9%) no se cumplió en tiempo y forma. Este segmento experimentó el mayor salto interanual, con un incremento de 6,5 puntos porcentuales.

Las tarjetas de crédito, herramienta de supervivencia para miles de familias en contextos de caída del poder adquisitivo, registraron una morosidad del 7,7%, con un aumento de 6 puntos en el último año. Los créditos prendarios, por su parte, llegaron al 4,8% de irregularidad (+1,1 p.p.).

Solo los préstamos hipotecarios mantuvieron una estabilidad relativa, con un ratio cercano al 1%, posiblemente por el perfil socioeconómico de quienes pueden acceder a este tipo de financiamiento y por los montos más significativos en juego.

Las empresas también sufren el ajuste

La morosidad no es un problema exclusivo de los hogares. Las empresas también vieron deteriorarse su situación crediticia en el último año: el ratio de irregularidad en el sector corporativo pasó del 0,7% al 1,9%, con la suba más pronunciada concentrada en los préstamos prendarios.

Al consolidar familias y compañías, el ratio de irregularidad del sistema financiero trepó al 4,5% en noviembre, lo que representa un alza anual de 3 puntos porcentuales y la cifra más alta registrada desde noviembre de 2021.

Un panorama que refleja el impacto del ajuste

Los datos de morosidad familiar corresponden a octubre, mientras que los del sistema consolidado reflejan la situación de noviembre. Esto significa que fueron registrados antes de que se verificara el leve alivio en las tasas de interés implementado tras las elecciones legislativas de octubre.

El deterioro sostenido de estos indicadores se inscribe en un contexto marcado por la recesión, la pérdida del poder adquisitivo y las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023. La caída del consumo, el desempleo creciente y la reducción de ingresos reales impactaron directamente en la capacidad de los hogares para afrontar sus compromisos financieros.

Puntos clave:

• La morosidad familiar alcanzó el 7,8% en octubre, el nivel más alto desde que se comenzó a medir en 2010
• Los préstamos personales muestran la mayor irregularidad: 9,9% no se cumple en tiempo y forma
• Las tarjetas de crédito registraron un 7,7% de morosidad, con un aumento de 6 puntos en el año
• La morosidad empresarial saltó del 0,7% al 1,9% en doce meses
• El ratio consolidado del sistema financiero llegó al 4,5%, el más alto desde noviembre de 2021

Seguridad social

Congelado hace dos años: el bono de $70.000 para jubilados y pensionados sigue sin actualización

El Gobierno oficializó mediante el Decreto 292/2026 el pago del bono extraordinario de $70.000 para mayo, el mismo monto que se abona desde marzo de 2024 sin ningún ajuste por inflación. Mientras el Ejecutivo justifica la medida en los «efectos adversos» de la fórmula previsional vigente, los jubilados ven cómo ese complemento se deprecia mes a mes en términos reales.

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El bono previsional de $70.000 cumple dos años sin actualización

★ El Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto 292/2026, que oficializa el otorgamiento del bono extraordinario previsional de $70.000 para el mes de mayo a jubilados que perciben el haber mínimo y pensionados a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida se repite, con el mismo importe, por vigésimo sexto mes consecutivo.

El decreto establece que las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán en un total superior a $463.000, contemplando la actualización del haber base en línea con la inflación de marzo, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) midió en el 3,4%.

El argumento oficial y la trampa del diagnóstico

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo vuelve a recurrir al mismo argumento de siempre: la culpa la tiene la Ley N° 27.609, sancionada en 2021, cuya fórmula de movilidad, según el texto oficial, «presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario» y «presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes».

La contradicción del argumento es evidente: el propio gobierno reconoce que la fórmula no resguarda el poder adquisitivo de los jubilados, pero en lugar de modificarla o reemplazarla, elige mantenerla y compensar sus efectos con un bono que, a su vez, tampoco se actualiza. Más aún: en 2024, el Congreso aprobó por amplia mayoría una ley que establecía una movilidad más favorable para los adultos mayores, y el presidente Javier Milei la vetó.

El bono que se derrite

El complemento de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Antes de esa fecha, los primeros dos meses del gobierno de Milei se pagaron bonos de $55.000. Desde entonces, el monto no registró ninguna actualización, mientras la inflación acumulada entre marzo de 2024 y abril de 2026 erosionó significativamente su valor real.

Como informó este medio en una cobertura reciente sobre el poder adquisitivo jubilatorio, la consultora Analytica estimó que, para recuperar el poder de compra inicial, el bono debería más que duplicarse y alcanzar los $144.000. En el mismo relevamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que los jubilados de la mínima acumulan una caída real del 13,1% si se compara el primer trimestre de 2026 con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, medida con la canasta del Índice de Precios al Consumidor actualizada.

A quiénes alcanza el decreto

El Decreto 292/2026 precisa que el bono extraordinario corresponde a:

  • Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
  • Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y demás pensiones graciables cuyo pago realiza ANSES.

El texto oficial además aclara que el bono «no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto», y que en los casos de pensiones con copartícipes, el conjunto de beneficiarios será considerado «como un único titular».

Un parche que no alcanza

El escenario previsional que describe el decreto es, en sí mismo, una confesión de fracaso. El Ejecutivo lleva más de dos años justificando la necesidad del bono como compensación por los efectos de una ley que decidió no reformar. En ese tiempo, el complemento perdió una porción significativa de su valor real, y el haber total de quienes cobran la mínima se ubica, según el CEPA, un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, último mes completo de la gestión anterior.

Más del 60% de los jubilados del sistema contributivo cobra el haber mínimo. Para ellos, la suma de ese haber más el bono congelado resulta insuficiente frente a cualquier medición de canasta básica. Según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, una pareja de adultos mayores con vivienda propia necesitó $1.548.360 en febrero de 2026, equivalente a más de tres jubilaciones mínimas con bono incluido.

Puntos clave:

  • El Decreto 292/2026 oficializa el bono previsional de $70.000 para mayo, sin actualización por vigésimo sexto mes consecutivo desde marzo de 2024.
  • La jubilación mínima total en mayo superará los $463.000, tras una actualización del haber base del 3,4% por la inflación de marzo.
  • El Ejecutivo atribuye el bono a los efectos adversos de la Ley N° 27.609, pero vetó en 2024 una ley del Congreso que establecía una movilidad más favorable.
  • La consultora Analytica estimó que el bono debería subir a $144.000 para recuperar el poder adquisitivo original.
  • Más del 60% de los jubilados cobra el haber mínimo, que se ubica un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, según el CEPA.
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