Judiciales ⚖️
Tiempo de alegatos en juicio por gatillo fácil
Con la exposición de la Fiscalía se inicia la etapa final en el debate por el asesinato del adolescente Blas Correas, en un episodio de violencia institucional en el que un grupo de 13 policías de Córdoba están acusados, dos de ellos como coautores del crimen y el resto por maniobras de encubrimiento
Tras una serie de dilaciones, vinculadas a las ausencias de miembros del Jurado Popular, se iniciará en los Tribunales de Córdoba, las audiencias de alegatos por el crimen de Blas Correas, el adolescente de 17 años que fue asesinado a balazos en una persecución policial y en un hecho que fue atribuido a un caso de gatillo fácil, ocurrido en agosto de 2021 en la zona sur de la capital cordobesa.
Este juicio se inició en septiembre de 2002, se desarrollaron 28 jornadas en las que declararon 60 testigos, pero tras la feria de verano, cuando debían iniciarse los alegatos, los integrantes del Jurado Popular se fueron ausentando y esto, además de demorarlo, puso en riesgo su continuidad.
En definitiva, este miércoles, expondrán los fiscales Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo, quienes se estima que solicitarán una condena a prisión perpetua para los dos policías que dispararon contra el auto en el que iba Blas Correas, junto a sus amigos, como así también penas para los otros 11 efectivos, imputados por el encubrimiento agravado.
Mientras que para el viernes se prevé que aleguen los tres abogados querellantes, mientras que el 3, 8, 10, 15 y 17 de marzo será el turno de los letrados defensores, para finalmente, conocerse el veredicto.
Soledad Laciar, mamá de la víctima, sostuvo que todos los acusados “son responsables” y que espera que sean condenados. «Dos policías dispararon a matar y los otros desplegaron maniobras para encubrir, plantando un arma, con la intención de simular un enfrentamiento armado”, manifestó la mujer.
No obstante, aclaró que “el caso no se cierra con este juicio. Hay más policías que tienen que ser investigados, al igual que funcionarios del Estado provincial que se sumieron al silencio cómplice de lo que había ocurrido”.
Al respecto, la madre de Blas Correas se refirió a las declaraciones en el juicio del ex ministro de Seguridad de Córdoba al momento del asesinato, Alfonso Mosquera, y de la actual jefa de la Policía provincial, Liliana Zárate Belletti. “Claramente admitieron que la muerte de mi hijo encuadra en un delito de violencia institucional, por lo tanto el Estado es responsable de la formación y del accionar policial”, afirmó.
«Hoy son 13 policías que tienen que ser condenados por distintas responsabilidades sobre lo que ha ocurrido, porque así ha quedado demostrado en este juicio y espero que el jurado tenga esa convicción”, señaló.
Según la investigación, todo ocurrió en la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría conducía un Fiat Argo, junto a cuatro compañeros de colegio, entre ellos, Valentín Blas Correas, que entonces tenía 17 años, al igual que sus amigos Camila Toci, Mateo Natali y Cristóbal Bocco.
Cuando circulaban sobre avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur de la capital cordobesa, había un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que descienda la velocidad, sin embargo el auto siguió su curso y allí, les dispararon.
El cabo primero Lucas Damián Gómez efectuó cuatro balazos y el también cabo primero Javier Catriel Alarcón disparó dos veces, impactando en el vehículo y en el cuerpo de Blas Correas, que murió producto de las heridas con arma de fuego.
Luego, con el objetivo de simular un enfrentamiento armado, los policías “plantaron” un arma en las cercanías.
Gómez y Alarcón llegaron al juicio como coautores de “homicidio calificado por sus funciones, por empleo de armas de fuego, y homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado” contra los otros cuatro ocupantes del auto.
En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Wanda Esquivel, Sergio González, Yamila Martínez, Walter Soria, Enzo Quiroga, Jorge Galleguillo, Leonardo Martínez, Rodrigo Toloza, Ezequiel Vélez, Leandro Quevedo y Juan Antonio Gatica, enfrentan cargos por “falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público”.
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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión
La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.
La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión
★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.
La nueva causa y el fiscal que la lleva
El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.
En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».
Las cifras bajo la lupa fiscal
Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.
Una segunda causa que se monta sobre la primera
Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.
Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.
La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación
El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.
El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.
Doble estándar en la cima del fisco
La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.
Puntos clave:
– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.
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