El Gobierno nacional envió este viernes el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal a la Cámara de Diputados, con la firma conjunta del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. El oficialismo aspira a sancionar la norma antes de fines de agosto, en la primera semana de actividad parlamentaria tras el receso.

Qué propone el proyecto

La iniciativa amplía el universo de contribuyentes habilitados para adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. En la actualidad, solo podían ingresar quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio que no superara los $10.000 millones. El nuevo proyecto elimina esos topes y permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, según los fundamentos oficiales del texto enviado al Congreso.

Uno de los puntos más sensibles es el que habilita a los contribuyentes adheridos a canalizar fondos a través del sistema financiero formal bajo las condiciones previstas por la Ley 27.799, con acceso a sus beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027. En los hechos, esto equivale a extender la ventana de blanqueo encubierto para quienes cuenten con dinero fuera del sistema. La iniciativa también instruye a la Unidad de Información Financiera (UIF) a emitir normas que consideren la adhesión al régimen como un «antecedente favorable» en los controles antilavado, aunque aclara que esa condición no exime a bancos y entidades obligadas de cumplir con los procedimientos de debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas.

En materia de fiscalización, el texto redefine el concepto de «discrepancia significativa», el umbral que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada. A partir de la reforma, esa discrepancia solo se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado. El resultado práctico es una reducción del margen de control efectivo del organismo sobre los contribuyentes de menor envergadura, con el argumento de concentrar los recursos de fiscalización en los grandes contribuyentes.

El caso Adorni y la trampa política del oficialismo

El principal escollo político para La Libertad Avanza no viene de la oposición, sino de sus propios aliados. El punto que generará mayor tensión en las negociaciones es el que permite que los funcionarios públicos se adhieran al régimen simplificado, una cláusula que adquirió una carga explosiva luego de que el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se acogiera al beneficio en el marco de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py.

Según pudo saber este medio, entre los bloques aliados como el radicalismo, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas habrá pedidos expresos para que los funcionarios sean excluidos del beneficio. La demanda no es menor: La Libertad Avanza solo cuenta con 95 diputados de los 129 necesarios para abrir el recinto, lo que hace imprescindible el acompañamiento de esos bloques tanto para conformar quórum como para lograr los votos que permitan aprobar el proyecto.

La paradoja resulta difícil de ignorar: el mismo partido que hizo de la «motosierra» al Estado y de la persecución de la «casta» su bandera de campaña, impulsa ahora una legislación que, en su texto original, le abre la puerta a sus propios funcionarios investigados para regularizar activos que no logran justificar ante la Justicia. El escándalo patrimonial de Adorni, con más de 840.000 dólares bajo investigación, refacciones de lujo pagadas en efectivo y viajes internacionales sin respaldo declarado, opera como telón de fondo en cada sesión informativa y en cada negociación de pasillo en el Congreso.

El calendario y los votos que faltan

El oficialismo apunta a que el proyecto obtenga dictamen en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, conducidas por los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, durante la primera semana de agosto, cuando se retome la actividad parlamentaria. El objetivo es sancionar la norma antes de que cierre el mes, con el propósito de que los beneficios comiencen a regir lo antes posible.

Pero los tiempos legislativos dependen de negociaciones que todavía no comenzaron. Y la discusión sobre el artículo que habilita a los funcionarios promete extenderse más allá de las comisiones. El Foro Economía y Trabajo, un espacio de economistas y profesionales vinculados al movimiento sindical, advirtió en su documento de reforma tributaria publicado en mayo de 2026 que las modificaciones incorporadas bajo el nombre de «Inocencia Fiscal» vacían de datos al fisco y facilitan la evasión de los sectores con mayor capacidad económica concentrada, en detrimento de la capacidad estatal de control y de los contribuyentes que no cuentan con activos no declarados para regularizar.

Puntos clave

• El Gobierno giró el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal a Diputados, con la firma de Milei, Santilli, Caputo y Pettovello.
• La iniciativa elimina los topes de ingresos y patrimonio para adherirse al régimen simplificado de Ganancias y extiende el blanqueo hasta el 31 de diciembre de 2027.
• La Libertad Avanza necesita 129 votos para abrir el recinto y solo tiene 95 diputados propios.
• Los aliados reclamarán la exclusión de los funcionarios públicos del beneficio, en referencia directa al caso Adorni.
• El Foro Economía y Trabajo alertó que las modificaciones de «Inocencia Fiscal» vacían de datos al fisco y favorecen la evasión de los sectores concentrados.